La Feci intenta que sea anulado el convenio de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón y que este sea enviado a juicio

Seis años después de que Juan Carlos Monzón Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, se convirtiera en colaborador eficaz -en abril de 2016 ratificaron convenios- del Ministerio Público (MP) en el caso La Línea y Cooptación del Estado, las impugnaciones por esos acuerdos estaban resueltos.

Sin embargo, este jueves 23 de junio, en una audiencia de apertura a juicio en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, en la que la que se cumpliría lo consensuado y se optaría por el procedimiento abreviado, la La Fiscalía contra la Corrupción (Feci) se ausentó y se informó que sometieron a análisis la legalidad de los convenios.

Con la inasistencia de los fiscales de Feci a la audiencia, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, le explicó a Alexis Calderón, abogado de Monzón, que se debía resolver la situación en otra audiencia con la presencia de los fiscales.

Monzón en la audiencia esperaba optar al beneficio acordado con la Feci del procedimiento abreviado, figura en la que aceptaría cargos como asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo, lavado de dinero y abuso de autoridad -sindicado en ambos casos-, con el beneficio de la anulación de la pena y no purgaría prisión.

Según se informó, el titular de la Feci, Rafael Curruchiche, solicitó los informes del caso La Línea y Cooptación del Estado en los que está vinculado Monzón, así como los convenios de colaboración eficaz, que se firmaron en 2016, para tener una opinión de la fiscal general Consuelo Porras, quien podría determinar -de manera unilateral- si se anulan o no.

Calderón dijo en la audiencia de este día que solicitaba que se emplazara al MP a que cumpla con los acuerdos de colaboración eficaz que se firmaron oportunamente y a que se cumpla con el punto quinto de sendos acuerdos de colaboración que es gestionar la vía del procedimiento abreviado, tal y como se planteó.

Dijo que, de lo contrario, en una audiencia donde se presenten estos actos conclusivos de apertura a juicio, el MP solicitaría que Monzón vaya a juicio por delitos que se les se les imputa, pero esos ya fueron resueltos en un acuerdo de colaboración, en un convenio en que se acordó con el MP la forma en que se iba a resolver la situación jurídica del exsecretario de Baldetti.

Calderón dijo que dichos acuerdos fueron puestos a disposición para que fueran homologados y que el juzgado nada ha tenido que ver en estos acuerdos, sino simplemente homologar lo que se llevó a cabo de su oportunidad por el MP, los cuales fueron impugnados y confirmados en una sede jurisdiccional y que, por lo tanto, lo único que tiene que hacer el MP es cumplir con dichos acuerdos.

El abogado pidió que se resolviera conforme a derecho en el sentido de emplazar al MP a efecto de que se presente a la audiencia que para el efecto se señale y se cumpla con lo firmado oportunamente para resolver la situación jurídica del señor Juan Carlos Monzón.

El abogado de la Procuraduría General de la Nación  que se presentó a la audiencia, le dijo al juez Gálvez que es razonable que el fiscal que se encuentra ahora al frente de esa fiscalía – José Rafael Curruchiche- quiera imponerse a las situaciones que han derivado en los temas de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón y que en ese sentido es viable la petición que hace la fiscal en cuanto a acatar ese oficio que le ha sido remitido por su superior jerárquico y asumir la postura que crean conveniente.

En qué situación quedaría Monzón

Los convenios que permitieron a Monzón ser el colaborador eficaz permitieron que, por medio de su testimonio en el comienzo del caso La Línea, se revelaran siete casos más de corrupción que relacionaron a funcionarios, políticos y empresarios.

Las autoridades, con la declaración del exsecretario de Baldetti -que duró cuatro días en 2018- en las primeras fases de los casos, detuvieron a 57 personas.

Algunas fuentes consultadas sobre el caso de Monzón dijeron que si a este le anulan los convenios de colaboración eficaz y se decide enviarlo a juicio quedaría pendiente de resolver esa situación e incluso si es que finalmente se cambia de juez, puesto que Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite este miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

Este proceso podría significar que Gálvez sea separado de su cargo mientras solventa su situación jurídica en donde es señalado por el delito de prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal.

Dijeron que una eventual cancelación de los convenios de colaboración de Monzón podría originar una orden de captura y que aunque el exsecretario de Baldetti está en extranjero tendría que estar huyendo de país en país y algún día la Interpol pudiera atraparlo y enviarlo a Guatemala.

Por otro lado, el análisis al que ha sometido el MP estos acuerdos de colaboración eficaz buscarían anular los relatos de Monzón y tendrían efectos en los casos Cooptación del Estado, TCQ, la Coperacha, Aceros de Guatemala, Bufete de la Impunidad, Plazas RIC y Redes.

Los siete casos, que podrían ser alterados en caso se anule la versión de Monzón, se encuentran en etapa intermedia.

Caso reciente

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pidió este martes 21 de junio anular el convenio de colaboración eficaz firmado con el exdiputado Édgar Cristiani.

El exparlamentario había aportado información valiosa que vinculaba a exfuncionarios del extinto Partido Patriota (PP) en actos de corrupción.

La solicitud fue planteada ante el Juzgado A de Mayor Riesgo.

Cristiani había dado información clave para los casos Caja de Pagos RIC y Plazas en el Congreso de la República, entre otros.

Ahora, la sede del Ministerio Público en Barrio Gerona busca que no sea tomado en cuenta en esas investigaciones, pese a que los convenios ya fueron autorizados por un juez y están vigentes.

Édgar Cristiani fungió como secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República durante el gobierno del Partido Patriota en 2015 y 2016. 

En el caso de Plazas del Congreso se investiga el hecho de que varias que personas contratadas no asistían a sus labores y tres colaboradores trabajaban en una de sus empresas entre el 2014 y el 2016.