México concede estatus legal a migrantes que fueron secuestrados
Un grupo de migrantes que fue secuestrado en Tamaulipas fueron beneficiados por el Gobierno de México, que les concedió estatus legal.
Las autoridades de Migración de México otorgarán tarjetas de visitante por razones humanitarias a 32 migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas. Los documentos les permitirán residir y trabajar en el país.
Las autoridades de migración de México anunciaron que entregarán documentos a 32 migrantes que fueron secuestrados y liberados esta semana en Tamaulipas, un caso que atrajo atención internacional, para que puedan residir y trabajar en el país norteamericano.
El Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que otorgará Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a los migrantes secuestrados el pasado 30 de diciembre.
Entre los migrantes secuestrados había 26 venezolanos y cinco hondureños, incluidos varios menores de edad, indicó el INM. Reportes iniciales indicaban que los migrantes eran venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos.
Los migrantes viajaban en un autobús entre Reynosa y Matamoros que fue interceptado por un comando armado.
La noche del lunes, efectivos de la Guardia Nacional liberaron a cinco migrantes venezolanos secuestrados, y el miércoles fueron rescatados los demás, en un esfuerzo coordinado de las autoridades.
Algunas de las familias de migrantes venezolanos y hondureños secuestrados pagaron rescates a los secuestradores antes de que el grupo fuera rescatado, dijo el viernes la secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodriguez, reportó Reuters.
El secuestro masivo atrajo atención mediática y estuvo entre los temas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en sus habituales informes matutinos a la prensa. El viernes López Obrador rechazó especulaciones de que la policía estuviera vinculada con el secuestro.
El INM dijo que los migrantes fueron declarados víctimas de delito por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Con la tarjeta de visitante los migrantes podrán “acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país”, dijo el INM en un comunicado.