Mirador Electoral envía carta a Almagro y le piden que convoque al Consejo Permanente de la OEA por crisis en Guatemala

El Ministerio Público (MP), acusado el 1 de septiembre recién pasado de promover un “golpe de Estado” por parte del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, arremetió este martes 12 de septiembre nuevamente contra el proceso electoral al abrir cajas con votos de los comicios del pasado 25 de junio, una acción sin precedentes y considerada como “ilegal” por el Tribunal Supremo Electoral y que ha generado reacciones de sectores sociales.

La Fiscalía, amparada por una orden emitida por el juez penal Fredy Orellana, allanó una sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para acceder a 160 cajas que contenían los votos de la primera vuelta celebrada el pasado 25 de junio y realizó un recuento de los sufragios.

Uno de los primeros en reaccionar antes las acciones de la Fiscalía fue Mirador Electoral, quien le envió una carta al secretario general del Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alamagro, para solicitarle que “convoque de manera urgente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos” por la situación en la que se encuentra Guatemala.

“En esta oportunidad queremos manifestarle nuestra profunda preocupación por la situación que atravesamos en el país”, dice la carta enviada a Almagro; además, destaca su presencia en el proceso de transición de mando.

“El día de hoy, como lo puede observar, las acciones de boicot electoral persisten por parte del Ministerio Público, jueces aliados y grupos de poder que los influencian, quienes están realizando diligencias inconstitucionales que menoscaban y ponen en riesgo los resultados electorales, incluida la apertura de cajas y bolsas electorales”, agrega el documento.

Refiere que, tal y como lo indicó la directora electoral del TSE, las acciones del MP “es algo sin precedentes en los procesos electorales realizados en Guatemala”, porque la Ley Electoral y de Partidos Políticos no contiene “ninguna norma que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales realizar un conteo de votos…, el escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de votos..”.

La carta agrega que “lo manifestado por la funcionaria citada es acorde a lo que establece el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (norma de rango constitucional) que establece: ´Verificación y calificación de la documentación electoral. El Tribunal Supremo Electoral y las Juntas Electorales Departamentales, conforme a las atribuciones que les confiere esta ley, son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral´”.

“Y dado que, según el principio de legalidad, contemplado en la Constitución de la República de Guatemala, en el que los ´funcionarios públicos pueden hacer lo que está permitido por la Ley, los fiscales y jueces han actuado en completa ilegalidad, poniendo en riesgo la institucionalidad democrática en el país´”, señala el documento.

De esa cuenta, Mirador Electoral añade que “solicitamos sus buenas gestiones para que convoque de manera urgente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y acorde a las circunstancias de los hechos descritos, puedan pronunciarse por el rompimiento al orden constitucional en materia electoral, evidente amenaza a la institucionalidad democrática en Guatemala”.

Arbitrarias, improcedentes e ilegales

Para la Misión de Observación Electoral en Guatemala (MOE-GT) las acciones del MP en contra del proceso electoral son “arbitrarias, improcedentes e ilegales”.

“Los allanamientos realizados hoy por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son una muestra más de los intentos por desacreditar las elecciones. Estas acciones han sido denunciadas y condenadas por misiones de observación nacionales e internacionales y por la comunidad internacional”, señala la MOE-GT en un comunicado.

El documento agrega que las acciones de la FECI, avaladas por un juez de primera instancia penal, “con la intención de inspección, registro y secuestro de evidencia, extracción de información digital y análisis de datos digitales del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Provisionales (TREP) y que se tradujeron en la apertura de cajas electorales, resultan arbitrarias, improcedentes e ilegales”.

Lo anterior, según el comunicado, “porque el sistema TREP solo ofrece datos provisionales que no son vinculantes para decidir el resultado de una elección, y porque tal como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los únicos resultados válidos son los que constan en el acta 4, en donde se asienta el conteo manual realizado por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en presencia de los fiscales de los partidos políticos”.

“Las acciones del Ministerio Público y la orden judicial que las respalda, con especial gravedad la apertura de las cajas electorales, representan una intromisión de autoridades con competencia en materia penal en asuntos de competencia constitucional, regulados con carácter exclusivo y especializado en los procedimientos y normas que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Agrega que “ninguna fiscalía ni juez penal son competentes para declarar la validez o invalidez de uno o más votos válidamente emitidos”.

“Como Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) expresamos nuestra condena contra estas acciones de la FECI, caracterizadas como intimidatorias por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su resolución del 1 de septiembre pasado, aceptada por el Estado de Guatemala”, refiere el documento.

Concluye con que “la voluntad popular se expresó el 25 de junio y el 20 de agosto. Se validó en las audiencias de revisión de impugnaciones y se ratificó con la emisión y entrega de credenciales a los funcionarios electos. La voluntad popular debe respetarse”.

Exigen renuncias

Por su parte, la Convergencia por los Derechos Humanos se pronunció al respecto de los operativos del MP y dijo que estas “rompen el orden constitucional”.

Agrega que con el allanamiento “ilegal y sin precedentes” realizado por la FECI, al Registro de Ciudadanos del TSE y al Centro de Operación del proceso electoral “se consume el golpe a la Democracia”.

“La FECI con la colusión del Juez Fredy Orellana, sustrajo y embaló actas de votos de las elecciones generales de la primera vuelta electoral, realizada el 25 de junio de 2023, dicha acción es ilegal y violenta el orden constitucional al no acatar lo establecido en La Ley Electoral de Partidos Políticos que tiene rango constitucional”, dice el comunicado.

Agrega que “el artículo 243 establece que los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación son el Tribunal Supremo Electoral y las Juntas Electorales Departamentales. Y que los fiscales debidamente acreditados por las organizaciones políticas participantes en los respectivos procesos tienen derecho a estar presente en las diligencias”.

Por lo anterior, “convoca a las organizaciones sociales, colectivos, movimientos sociales y comunidades a manifestar en contra de los golpistas de la Democracia”, por lo que “llama a la ciudadanía a la digna resistencia y participar en las manifestaciones pacíficas que se lleven a cabo en diversos puntos de Guatemala”.

“Responsabilizamos al Fiscal Rafael Curruchiche, Cinthya Monterroso de la FECI, así como a los fiscales y auxiliares fiscales y efectivos de la Policía Nacional Civil que hayan participado de esta acción ilegal, sobre quienes debe de caer el peso de la ley”, añade el documento.

“Exigimos a la Corte de Constitucional que en definitiva resuelva y ponga fin a este rompimiento Constitucional y Golpe de Estado inminente. Exigimos que el Procurador de Derechos Humanos cumpla con su función y defienda los derechos constitucionales e interponga acciones o recursos que garanticen los derechos humanos y la Democracia. Exigimos la renuncia de los golpistas de la Democracia: Consuelo Porras, Fiscal General; de Rafael Curruchiche, Jefe de la FECI; de la fiscal Cinthia Monterroso; y del juez Fredy Orellana”, finaliza el documento.

Señalan ilegalidades

“Es algo sin precedentes en Guatemala. La ley electoral no faculta a nadie poder abrir las cajas electorales, aperturar y ver que hay en las mismas, el escrutinio es exclusivo de las juntas receptoras de votos”, declaró Gloria López, directora electoral del Tribunal Supremo Electoral.

Las autoridades electorales se opusieron a la acción de la Fiscalía y advirtieron que si se secuestran los votos se pierde la custodia de los mismos y será el Ministerio Público el responsable de los efectos que esto pueda tener.

Por su parte, la abogada y diputada electa por Semilla Andrea Reyes confirmó a EFE que se encuentran preparando acciones legales para intentar revertir las recientes acciones de la Fiscalía.

Reyes argumentó que, aunque el fiscal Curruchiche niegue que el procedimiento tenga que ver con el partido del presidente electo, el juez Orellana ordenó los allanamientos bajo el número de expediente del caso judicial que se tiene contra esta agrupación política por supuestas firmas falsas en el proceso de creación en 2018.

De acuerdo con analistas y abogados, la Fiscalía busca, con estas acciones, generar el escenario para solicitar un proceso judicial contra Arévalo de León, después de haber fallado en el intento de cancelar su partido en el camino hacia el balotaje que se disputó el pasado 20 de agosto.

“Al abrir las cajas electorales se está rompiendo el orden constitucional y llevando el proceso electoral a las cortes, destruyendo para los guatemaltecos la posibilidad de vivir en democracia y paz”, expuso el abogado y exdiputado Aquiles Faillace.

Por una denuncia

La diligencia del MP “surge de la denuncia de un ciudadano que argumentó ilegalidades”, explicó a periodistas el fiscal Rafael Curruchiche, quien se encuentra a cargo de la apertura de las cajas electorales y que en 2022 fue sancionado por Estados Unidos bajo denuncias de corrupción y socavamiento de la justicia.

El 1 de septiembre, Arévalo de León había advertido públicamente que existía en marcha “un golpe de Estado” orquestado por la fiscal general Consuelo Porras para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.

Bajo observación internacional

La polémica intervención de la Fiscalía sucedió un día después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, participara en la segunda reunión de proceso de transición de mando en el Palacio Nacional de Cultura de la capital guatemalteca entre el actual presidente, Alejandro Giammattei, y su sucesor, Arévalo de León.

Almagro resaltó que “es importante que este proceso de transición entre el señor Giammattei y el señor Arévalo no sea empañado por nadie”.

El próximo 14 de enero, Arévalo de León, de 64 años, debe tomar posesión como presidente para el periodo 2024-2028 y se convertirá en el primer presidente socialdemócrata de la historia del país centroamericano, en más de 70 años.