Organizaciones civiles e indígenas realizan protestas (durante tres días) para rechazar la corrupción y persecución a quienes la combaten 

Representantes de organizaciones civiles, indígenas y campesinas, anunciaron que, desde este martes 5 de abril, y hasta el jueves 7 de abril, realizarán protestas en varios puntos del país, para “exigir que se detenga la corrupción y el robo de los recursos de los pueblos y que cese la violencia sistemática del Estado”, según las agrupaciones.  

Integrantes de la Asamblea Social y Popular de Guatemala (ASP), ofrecieron una conferencia de prensa en la que también demandaron transparencia en el proceso de selección de candidatos a ocupar el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) y que no se proteja al “pacto de corruptos”.   

Desde hoy empezaron las protestas frente a las sedes del Ministerio Publicó en varios municipios de Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Huehuetenango y Chimaltenango.  

El miércoles está programado un plantón en la capital dese las 10 horas y una concentración y vigilia en la plaza Central de la Ciudad de Guatemala.  

El jueves saldrá una marcha hacia el Congreso de la República y posteriormente al MP. 

“No más corruptos en el MP. La democracia guatemalteca agoniza”, resaltaron los organizadores de las protestas.  

“Los pueblos y las comunidades estamos profundamente preocupados por el giro que ha tenido el país en los últimos años al perder la poca democracia y las escasas garantías constitucionales que apenas se mantenían”, se lee en un comunicado de prensa de ASP. 

Agrega que “no solo están en peligro las sentencias de la Corte de Constitucionalidad relacionadas al derecho de consulta de los pueblos indígenas, sino casos juzgados por genocidio y otros relacionados con actos de corrupción en los diferentes niveles del Estado”. 

“La represión contra las comunidades indígenas y campesinas ha sido una constante en la historia de este país construido sobre el despojo y la explotación. Las acciones del Ministerio Público, en complicidad con las empresas nacionales y de capital extranjero debido que hoy operan gracias a negociaciones ilegales y corruptas, han servido para impulsar la criminalización, persecución y judicialización de lideres y lideresas comunitarias, de Autoridades Indígenas, de activistas defensores y defensoras de derechos humanos, de comunicadores comunitarios, de comunidades enteras, jueces, juezas, fiscales exfiscales, mandatarios que hoy son prisioneros políticos, tienen arresto domiciliar, orden de captura o atraviesan juicios y otra serie de ataques”, se lee en el documento. 

Afirman que esa persecución y criminalización es para garantizar los intereses de los grandes empresarios, mientras la mayoría de la población pasa penas y dificultades.  

“En lugar de tomar medidas para reducir al impacto del alto costo de la vida y el aumento de precios generalizado, el Gobierno sigue protegiendo los negocios de los privilegiados; mientras la mayoría de la población sufrimos con los altos costos del transporte, la energía eléctrica, el gas, la gasolina y todos los artículos de primera necesidad” se lee en el comunicado.  

Agregaron que los subsidios que se aprueba el Gobierno son temporales y van dirigidas a las empresas, pero el enriquecimiento y el aprovechamiento de políticos y empresarios corruptos no para y no tiene límite.  

“Nos manifestamos exigiendo que se detenga la corrupción y el robo de los recursos del pueblo, que se tomen medidas reales y efectivas para reducir el impacto del alto costo de la vida; para exigir que cese la violencia sistemática desde las instituciones corruptas del Estado, contra nuestras hermanas y hermanos y demandamos que el proceso de selección de candidatas y candidatos a ocupar el puesto de Fiscal General de la República no proteja al Pacto de Corruptos, ni los privilegios de los empresarios”, explica el comunicado.  

Rechazan a Consuelo Porras y otros aspirantes al MP 

Los integrantes de la agrupación también manifestaron su rechazo a que dentro de las o los candidatos para dirigir el Ministerio Público estén Consuelo Porras, actual jefa del MP;  Jorge Luis Donado, actual Procurador General de la Nación; José Enrique Urrutia Estrada, abogado de la Fundación contra el Terrorismo; Henry Alejandro Elias, actual magistrado de la Sala de Femicidio y magistrado de la Corte de Apelaciones; Oscar Dávila, director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y Gloria Dalila Suchité, magistrada suplente de la Sala Segunda de Mayor Riesgo. 

Señalan que todos ellos son parte del denominado Pacto de Corruptos. 

“Hacemos un llamado a la población guatemalteca, a las organizaciones sociales y a los sectores diversos a nivel nacional para que se tomen medidas contra el alto costo de la vida, que termine la persecución de quienes defienden derecho y que para dirigir el Ministerio Público se seleccione a personas que garanticen una justicia pronta y cumplida para el Pueblo.  

Otras acciones de este día 

En Quiché hubo una caminata que fue organizada por la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché, la cual se concentró frente a la Gobernación Departamental y también frentes al del MP,   en donde entregaron memoriales. 

Los manifestantes protestaron por el alto costo de los productos de la canasta básica, los combustibles y el alto precio al pasaje del transporte urbano y extraurbano. 

Manifestaron su rechazo a la reelección de Consuelo Porras en el MP. 

Tomás Racancoj sacerdote de Quiché calificó de intimidatoria la presencia de un fuerte contingente de la PNC que acompaño la caminata. 

Protestas de salubristas 

Por medio de un comunicado, salubristas del Sindicato Nacional San Juan de Dios anunciaron que se preparan para efectuar bloqueos a escala nacional este miércoles 6 para exigir al Ministerio de Salud “el cumplimiento inmediato del artículo 146 numeral 16-2021. 

Indicaron que el referido numeral ordena la incorporación de trabajadores por contrato al renglón permanente, así como la creación de plazas que ahora no están disponibles. 

Indicaron que el referido numeral ordena la incorporación de trabajadores por contrato al renglón permanente, así como la creación de plazas que ahora no están disponibles. 

Dirigentes de los inconformes afirmaron que los bloqueos serán en puntos estratégicos en el territorio nacional, así como de la ciudad de Guatemala.