“Rafael Orlando Ramírez Barillas”: los detalle que reveló EE. UU. sobre el narco guatemalteco que compareció ante tribunal luego de ser extraditado
Guatemalteco que fue extraditado a EE. UU. señalado de narcotráfico compareció ante un tribunal federal que ordenó su detención en espera de juicio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el presunto narcotraficante guatemalteco Rafael Orlando Ramírez Barillas que fue extraditado al referido país desde Guatemala el jueves 10 de febrero de 2022 para enfrentar cargos de tráfico internacional de cocaína y contrabando marítimo en el Distrito Sur de California, compareció ante un tribunal federal este jueves y se ordenó su detención en espera de juicio.
Ramírez Barillas, alias “Thor”, está acusado en un caso derivado de una investigación conjunta a largo plazo dirigida por Investigaciones de Seguridad Nacional y la Administración de Control de Drogas en conjunto con la Oficina del Fiscal Federal en San Diego.
Ramírez Barillas está acusado de operar una conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y otros lugares, a sabiendas y con la intención de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.
Ramírez Barillas también está acusado de estar en una conspiración para distribuir cinco kilogramos y más de cocaína a bordo de una embarcación.
El guatemalteco hizo su aparición inicial en la corte el viernes 11 de febrero de 2022 en San Diego ante el juez federal Bernard G. Skomal.
Este jueves, el juez federal Skomal ordenó la detención de Ramírez Barillas en espera de juicio.
Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas por los fiscales en la audiencia, Ramírez Barillas presuntamente era la pareja del narcotraficante guatemalteco convicto Luis Carlos Melgar-Morales, alias “Aquaman”, quien admitió haber distribuido más de 10 mil kilogramos de cocaína durante aproximadamente dos año de conspiración.
El guatemalteco fue descrito como organizador y líder de la conspiración para distribuir cocaína en Guatemala y varios otros países de América del Sur y Central.
Como parte de la conspiración, y como se alega en la acusación formal y se establece en otros documentos públicos, Ramírez y sus cómplices coordinaron el contrabando de cantidades de varias toneladas de cocaína desde América del Sur a Guatemala con destino final a los Estados Unidos.
Durante la investigación, la Guardia Costera de los Estados Unidos realizó múltiples incautaciones de cocaína de embarcaciones en aguas internacionales que estaban vinculadas a Ramírez y sus cómplices.
Según la acusación, la conspiración comenzó en una fecha desconocida y continuó hasta noviembre de 2018 inclusive.
El 17 de julio de 2021, Ramírez fue arrestado en Guatemala en virtud de una solicitud de extradición de los Estados Unidos. Posteriormente, Guatemala concedió su extradición y el 10 de febrero de 2022.
“Esta oficina está comprometida a perseguir agresivamente a los narcotraficantes en América Central que utilizan las aguas internacionales como corredor para contrabandear cocaína a los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal Randy Grossman.
Agregó: “Esta extradición marca la culminación de años de esfuerzos por parte de agentes y fiscales para responsabilizar por sus acciones a quienes inundan Estados Unidos con cocaína”.
Grossman agradeció al equipo de la fiscalía ya las agencias de aplicación de la ley por su excelente trabajo en este caso.
“Esta extradición demuestra la necesidad de continuar trabajando junto con nuestros socios extranjeros para interrumpir el tráfico de drogas”, dijo Chad Plantz, agente especial a cargo de HSI San Diego.
“Este esfuerzo también resultó en incautaciones significativas de narcóticos, armas de fuego y ganancias ilícitas de la organización criminal transnacional, y condujo a la identificación de miembros adicionales de alto rango. HSI seguirá comprometida con nuestros esfuerzos de investigación para llevar ante la justicia a más miembros de esta organización”, indicó.
“Este caso, incluida la extradición de la semana pasada, demuestra el éxito que han tenido la DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley al apuntar a las fuentes extranjeras de suministro de drogas”, dijo la agente especial a cargo de la DEA, Shelly S. Howe.
“La DEA continuará incautando grandes cantidades de drogas antes de que lleguen a nuestras costas y devasten nuestras comunidades. Nuestras sólidas relaciones con nuestros homólogos extranjeros nos permiten llevar a los proveedores de drogas ante la justicia en los Estados Unidos”, advirtió.
“Esta acusación fue el resultado de nuestros esfuerzos de colaboración para desbaratar las organizaciones criminales transnacionales y evitar que las drogas ilícitas lleguen a los Estados Unidos”, manifestó el Contralmte. Brian Penoyer, comandante del Undécimo Distrito de la Guardia Costera.
Dijo que está agradecido por el arduo trabajo de las mujeres y los hombres dedicados del Departamento de Justicia y el Distrito Sur de California que construyeron este caso junto con los barcos y tripulaciones de la Guardia Costera involucrados en varios casos de interdicción en el Océano Pacífico Oriental, desmantelando organizaciones de contrabando, poner a los contrabandistas tras las rejas y mantener las drogas fuera de nuestras calles.
Resaltó: “Espero que nuestras tripulaciones de la Guardia Costera que realizan patrullas antidrogas hoy en el Océano Pacífico vean los efectos de esta monumental ocasión”.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia sustancial para asegurar el arresto y la extradición de Ramírez Barillas.
Esta operación es parte de una investigación de las Fuerzas Especiales de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés).
La OCDETF identifica, interrumpe y desmantela a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante el uso de un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia que aprovecha las fortalezas de los organismos federales, organismos estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley contra las redes criminales.
Aclara que una acusación no es prueba de culpabilidad. Se presume que el acusado es inocente y tiene derecho a un juicio justo en el que el gobierno tiene la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.