Sala ordena al juez Jimi Bremer que resuelva en un plazo de 48 horas situación de la abogada Claudia González

La Sala Cuarta de Apelaciones ordenó al juez décimo “B”, Jimi Bremer, resolver la situación legal de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González, en un plazo de 48 horas, informaron este jueves 21 de septiembre fuentes judiciales.

La resolución de la Sala se da en el marco de una exhibición personal a favor de González, la cual fue promovida por el abogado Alejandro Rodriguez Barillas, al considerar que, al no haberse dictado auto de procesamiento puede considerarse una detención ilegal.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

Ese día, la defensa de González advirtió que se están cometiendo irregularidades en contra de la abogada porque la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y conocer los cargos en su contra; sin embargo, ha pasado casi un mes desde su detención.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

En la resolución la Sala detalla que por unanimidad “resuelve sin lugar la presente Acción Constitucional de Exhibición Personal, promovida por el Abogado Alejandro Rodríguez Barillas a favor de la Abogada Claudia González Orellana”.

Sin embargo, la Sala determinó que “se fija el plazo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación del presente auto al Juez “B” del Juzgado Décimo Pluripersonal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, para que lleve a cabo la continuación de la audiencia que se suspendió el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, tomando en consideración que está dentro de sus facultades prolongar la audiencia fuera de los horarios hábiles”.

Además, ordena que si hubiera incomparecencia del Ministerio Público (MP) “se llame a un fiscal o auxiliar fiscal de planta o de turno”.

Respecto a esa resolución, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado para que el juez Bremer cumpla con lo ordenado por la Sala, pues consideran que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la constitución”.

En una carta publicada por Wola señala que “las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente para que se cumpla lo ordenado por la Sala Cuarta y que Claudia González Orellana, quien sufre una detención injusta, recupere su libertad inmediatamente”.

Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Añade que González ha permanecido detenida 24 días sin que se haya resuelto su situación jurídica, “lo cual representa una clara violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establece un plazo máximo de 24 horas para determinar la situación jurídica de una persona detenida (Artículo 9)”.

También dice que “La Convención Americana de Derechos Humanos en el Artículo 7.6 establece que: ´Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales´”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE