Salud contrató hoteles para enfermos de covid-19 por más de Q7 millones, pero CGC no encuentra registro de pacientes

Una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) a los gastos del Organismo Ejecutivo arrojó como resultado 16 hallazgos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionados con el manejo de la pandemia de coronavirus, entre los que destaca la renta de hoteles para confinar a pacientes por Q7 millones 883 mil 713.20 y las irregularidades en el contrato por la compra de vacunas Sputnik V.

De acuerdo con la auditoría, entre los hallazgos en la cartera de Salud destacan la falta de orden en expediente de solicitud de registro sanitario, falta de transparencia en los procesos de adquisiciones, irregularidades en las compras de mascarillas y batas y la adquisición de pruebas de detección de covi-d19, así como irregularidades en la contratación de servicio de arrendamiento para de hoteles para que funcionaran como hospital de confinamiento.

El hallazgo 12 se refiere a las irregularidades en la contratación de servicio de arrendamiento para hospital de confinamiento, en el que se detalla que se contrató el servicio de arrendamiento de habitaciones -de hoteles- para albergar a pacientes leves o asintomáticos que resultaran positivos a covid-19 en el área metropolitana, el cual fue adjudicado a la empresa Valores Hoteleros, Sociedad Anónima, por un valor de Q7 millones 883 mil 713.20.

El reporte de la Contraloría refiere que el Contrato Administrativo No. 51-2020 fue suscrito entre el director ejecutivo del Hospital Roosevelt y el administrador único y representación legal de la entidad Valores Hoteleros, S.A. por un precio de Q7 millones 883 mil 713.20, los cuales se cancelaron en tres pagos mensuales de Q2 millones 627 mil 904.40.

En la propuesta económica de fecha 16 de mayo de 2020, emitida por el proveedor adjudicado Valores Hoteleros, S.A., por el servicio de arrendamiento de habitaciones para pacientes leves o asintomáticos resultantes de la emergencia del Covid-19, se verificó que ofrecían 146 habitaciones con baño privado, dos personas por habitación, servicio de limpieza diaria de baños, cambio de ropa de cama dos veces a la semana y agua caliente.

Además, servicios sanitarios para el personal de apoyo, comedor del personal de apoyo, desinfección de alfombras, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos bioinfecciosos y contaminados. 

Los pagos acordados por Q2 millones 627 mil 904.40 se hicieron efectivos, según las facturas con las que cuenta la CGC, el 8 de julio de 2020, 16 de julio de 2020 y 12 de agosto de 2020.

Según la CGC, luego de la revisión de los listados de pacientes hospedados en el hospital de confinamiento en Valores Hoteleros, S. A., se determinó no se cumplió con lo indicado en los términos de referencia del evento mencionado, ni en la oferta económica presentada por el proveedor adjudicado, puntualmente en: “habitaciones dobles con camas por separación de 2 metros entre ellas como mínimo”, ya que en dichos listados se determinó que en repetidas ocasiones se excedió del límite de personas que se debían hospedar por habitación.

Adicionalmente en los listados mencionados “se evidencia que no se utilizaron de manera proba los recursos, en virtud de que no fue de manera equitativa la cantidad de pacientes hospedados en los tres meses de vigencia de la contratación”, según lo detallado a continuación:

Del 16 de mayo al 15 de junio del 2020 se hospedaron 400 pacientes, “estimando que el valor en quetzales por paciente fue de Q6 mil 569.76”; sin embargo, entre el 16 de junio y el 15 de julio de 2020, cuando se pagó lo acordado, “solamente se atendió a 95 pacientes, pagando por cada uno en ese momento Q27 mil 662.15”. 

En el tercer mes la cifra de pacientes bajó más, pero se pagó el mimo monto que los dos meses anteriores, pues entre el 16 de julio y el 15 de agosto solamente 87 enfermos fueron hospedados “pagando Q30 mil 205.80 por cada uno”.

No hay constancia

En su informe, la Contraloría señaló que “otro aspecto importante que se debe mencionar es que el equipo de auditoría determinó que en los documentos de respaldo que integran el expediente de la contratación del servicio” no se incluye ningún documento ni constancia emitida por los centros asistenciales que sustente que dichos pacientes requerían de esos servicios. Tampoco se encontraron documentos emitidos por Valores Hoteleros, S. A. que detallen a las personas hospedadas y el tiempo de estadía.

Se informó que en este caso se presentó documentación para desvanecer los hallazgos, pero solo se admitió el del director del Hospital Roosevelt. 

 “Se confirma el presente hallazgo para el doctor Hugo Roberto Monroy Castillo, quien fungió como ministro de Salud Pública y Asistencia Social del 14 de enero de 2020 al 18 de junio de 2020, en virtud de que la documentación presentada y argumentos expuestos no desvanecen los cargos imputados en el presente hallazgo”, refiere el informe.

Agrega que se desvanece el hallazgo para Marco Antonio Barrientos Rivas, director ejecutivo del Hospital Roosevelt, Erik Omar Giovani Tahual Castillo, jefe de Compras y Suministros y Mario Raúl Herrera Barrios, gerente administrativo financiero de dicho nosocomio, “en virtud de que la documentación presentada y argumentos expuestos evidencian que no tuvieron injerencia en la negociación realizada para la contratación de servicio de arrendamiento de un hotel para ser utilizado como hospital de confinamiento”.

De acuerdo con el informe, por este hallazgo se presentó la denuncia penal número DAJ-D-055-2021 en el Ministerio Público en contra Hugo Roberto Monroy Castillo por los Q7 millones 883 mil 713.20 que pagó salud por la renta de habitaciones.

Salud ocultó contrato Sputnik V

La CGC presentó el informe especial de auditoría especial a requerimiento del Ministerio Público (MP) sobre la adquisición de las vacunas rusas Sputnik V, el cual se efectuó entre el 24 de enero al 20 de junio de 2021, y señaló que hubo resistencia a la acción fiscalizadora de la adquisición de vacunas.

La Contraloría indicó que se requirió a la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, que remitiera información y documentación relacionada con la adquisición de Vacunas Sputnik V, que fueron compradas por el Gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Salud, incluyendo la copia del contrato firmado entre el Estado de Guatemala y el Gobierno de Rusia; sin embargo, la funcionaria no remitió dicho contrato justificando la suscripción de un convenio de confidencialidad entre ambas partes.

La CGC informó que, adicionalmente se verificó que de la erogación de los Q614 millones 504 mil 040 se emitió un Comprobante Único de Registro (CUR) de devengado sin tomar en consideración que para ese entonces no se había recibido la totalidad de las vacunas pagadas y “no se generó una cuenta contable por liquidar para llevar una cuenta corriente como control del 50 % del anticipo otorgado”.

En la fecha de la auditoría se señaló que la integración del total del gasto equivalente a Q671 millones 454 mil 799.25, por la adquisición de las vacunas Sputnik V se erogó el 91.52 %, “la cual fue realizada al beneficiario Limited Liability Company Human Vaccine, por la cantidad de Q614 millones 504 mil 040” que corresponde al anticipo del 50 % del valor de 8 millones de dosis de dicho fármaco.

Ocultaron información

El informe detalla que se requirió a la exministra Flores información relacionada con la negociación y adquisición de vacunas Sputnik V; sin embargo, se resistió y negó a “proporcionar la documentación e información”.

Se indicó en el informe que “no tienen la posibilidad de establecer la existencia de garantías o seguros de cumplimiento, que avalen las obligaciones contractuales para que el Estado de Guatemala pueda cumplir con el proceso de vacunación, “por lo que en su calidad de funcionaria” Flores “pudo haber sustraído o consentido que otros sustrajeran los recursos del Estado derivado de su cargo o función”.

Añade que, además, Flores suscribió el contrato por parte del Ministerio de Salud, aunque esa función no le correspondía, según lo que “establece el Decreto Ley 148 del Presidente de la República de Guatemala, Ley del Servicio Diplomático” por lo que, abusando de su cargo, permitió actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, en este caso particularmente, la población guatemalteca”, por lo que también presentó una denuncia penal.

La CGC indicó que el efecto de ocultar la información concluyó en el “menoscabo a los recursos del Estado.

Escasez de medicamentos

En el informe, el hallazgo número tres se refiere a la “Falta de gestión en la compra de medicamentos e insumos” por parte del Ministerio de Salud durante la pandemia y se determinó que no le dieron seguimiento a los procesos de compra luego de haberse hecho las adjudicaciones, y muestra de ellos es que al 31 de julio de 2020 no se habían entregado las órdenes de compra respectivas a los proveedores adjudicados, “lo que ocasionó que los medicamentos e insumos médicos no hayan sido obtenidos”.

Refiere que medicamentos como Azitromicina, Trimetroprima, y Amiodarona no se adquirieron por falta de gestión y que los eventos fueron anulados el 30 de octubre de 2020 por medio de una nota simple “sin tener argumentos que evidencien el caso fortuito o de fuerza mayor” para esa acción.

Refiere que “el gerente general administrativo financiero Ronaldo Estrada Rivera no ejerció control ni vigilancia sobre la continuidad de los procesos de adquisiciones realizadas en el marco de la pandemia”.

Postura

Consultado por Guatevisión y Prensa Libre, Francisco Coma, ministro de Salud, señaló que los hallazgos no corresponden a su gestión y que solo podía dar respuesta por los que a él se le habían realizado.

“Compete a cada persona dar respuesta a estos hallazgos, entonces fijar posición como Ministerio es complicado porque es parte de lo que cada uno tiene que determinar a nivel personal” enfatizó Coma.

“Ese contrato nosotros lo encontramos hecho que era el de los hoteles, por ello ya no se renovó”, dijo el titular de la cartera.

Mascarillas sin registro sanitario

El uso de mascarillas y batas por parte del personal médico durante el inicio de la pandemia fue vital; sin embargo, personal de primera línea denunció constantemente que los productos con los que se protegían eran de baja calidad.

Ese extremo podría confirmarse tras el hallazgo de la CGC en la compra de mascarillas y batas por medio de 20 unidades ejecutoras como direcciones de Salud y hospitales y cuyo monto asciende a Q2 millones 474 mil 931.44, en productos que fueron adquiridos sin contar con registro sanitario.

La CGC indicó que en diferentes Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud se verificó que se hicieron compras de mascarillas y batas bajo la modalidad de casos de excepción, a la empresa SIPRO, Sociedad Anónima; sin embargo, se constató que dicha empresa vendió los productos sin contar con inscripciones sanitarias.

En este caso solo se impuso sanciones para los encargados y jefes de compras, gerente administrativo financiero o directores de las 20 unidades ejecutoras, sumando Q792 mil 445.73.

Otro hallazgo fue la falta de transparencia en los procesos de adquisiciones de suministros para ser utilizados durante la pandemia; por ejemplo, “se determinó mediante inspección ocular que en la Bodega de Suministros (…) ubicada en la 11 avenida “A” 13-76 zona 7, finca La Verbena, se encontraron diversos insumos en resguardo”, de los cuales no hay documento de respaldo.

También se determinó que los proveedores Drogueria Colon, Drogueria Sainsa Y Avanter S.A., emitieron documentos no contables “en hojas simples y que ellos denominaron como envíos”.

En este caso los hallazgos fueron contra el exministro de Salud Hugo Monroy y ex viceministra Administrativa Irma Elizabeth Quiroa Cuellar, quienes avalaron todo el proceso. Según la Contraloría, Quiroa “giró instrucciones de manera verbal al jefe de Bodega y Suministros y a los auxiliares de Bodega que debían recibir en la Bodega los insumos. Se impuso una sanción económica para Monroy y Quiroa de Q12 mil 773 a cada uno.

Irregularidades en compra de pruebas

La Contraloría también señaló irregularidades en la compra de pruebas rápidas para el covid-19, específicamente en la adjudicación de compra directa de test de antígeno viral, por Q23 millones 760 mil. Según entidad, existió “sesgo dentro del proceso de adquisición de pruebas rápidas para la detección de antígeno viral, hacia un proveedor específico”.

La Contraloría indicó que se sesgó la elección de la marca a ser adquirida al fabricante SD Biosensor Inc. mismo que tiene la exclusividad de distribución de marca STANDARD Q para Guatemala, a través de la empresa denominada Labymed, Sociedad Anónima, extremo que consta según Carta de Autorización de fecha 30 de septiembre de 2019, emitida por el fabricante SD Biosensor Inc. Esta adjudicación de dio a pesar de que los dictámenes técnicos respectivos recomendaban no efectuar la compra hasta que se efectuara una revisión de las especificaciones técnicas.

De hecho, para la compra directa fueron recibidas las ofertas de varias empresas, una de ellas, incluso, presentó dicha oferta sin se invitada por Salud para participar en dicho proceso.

Además, la CGC señala que en ese momento también las unidades ejecutoras efectuaron compras directas a la empresa que Salud benefició sin tener las bases de cada proceso de compra. Dichas adquisiciones ascienden a un total de Q3 millones 395 mil 654.

De nuevo en estas adquisiciones, las unidades técnicas correspondientes habían recomendado no efectuarse, opinión que también fue ignorada.

Denuncias penales

De acuerdo a estas irregularidades, se presentaron ante el Ministerio Público las respectivas denuncias.

Las denuncias son contra quienes en ese momento fungían como: viceministro de Hospitales, Francisco Coma; viceministro administrativo, Nancy Pezzarossi; gerente general administrativo financiero, Ronald Estrada; jefe del departamento administrativo, Claudia Fuentes; y asistente técnico, Leticia Castillo.