Suspenden audiencia de juicio contra militares retirados y acusados de genocidio
Benedicto Lucas y Manuel Callejas, acusados de genocidio, no asistieron a la audiencia de juicio programada para este 9 de enero.
Un tribunal suspendió este lunes la apertura del juicio contra dos generales retirados del Ejército, acusados de genocidio, ya que no se presentaron debido a su estado de salud.
La defensa de los militares Benedicto Lucas García y Manuel Callejas solicitaron al juez Gerbi Sical, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo A, que ambos puedan asistir al juicio vía videoconferencia desde el Hospital Militar donde se encuentran recluidos en la Ciudad de Guatemala desde hace más de un año.
Benedicto Lucas, de 90 años, y Manuel Callejas, de 86, son acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de ordenar las operaciones militares donde fueron asesinadas alrededor de 1 mil 421 personas del pueblo maya ixil en el norte de Guatemala, durante el periodo de Romeo Lucas García (1978-1982).
En ese entonces, Benedicto Lucas era el jefe del Estado Mayor del Ejército y Callejas fungía como jefe de inteligencia militar, cargo desde el cual habría calificado como “objetivo militar” a la población indígena, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.
El presidente guatemalteco en aquel momento, Romeo Lucas García, era hermano del ahora acusado Romeo Lucas.
El tribunal a cargo del proceso suspendió el juicio hasta que el Organismo Judicial (OJ) verifique que se cuenta con las condiciones para realizar el debate vía videoconferencia.
En 2018, ambos acusados fueron condenados en 2018 a 56 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en octubre de 1981.
Los delitos de los que se les sindica a los dos militares sucedieron durante el conflicto armado interno que dejó más de 20200 mil muertos y 50 mil desaparecidos entre 1960 y 1996, en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad, considerado como uno de los más sangrientos de Latinoamérica.
De acuerdo con Naciones Unidas, el 90 por ciento de los crímenes perpetrados durante esta guerra civil son atribuidos a las fuerzas del Estado.