Virginia Laparra apela sentencia en su contra y señala “irregularidades”
El recurso presentado por Virginia Laparra será conocido por una sala de Apelaciones, que podría tardar hasta nueve meses en dictar un veredicto sobre la sentencia.
La exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra presentó este martes una apelación que busca revertir la sentencia que un tribunal dictó en su contra en diciembre pasado, por un delito administrativo.
Laparra, por medio de sus defensores, alegó que la jueza Oly González cometió algunas “irregularidades” cuando la condenó a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad.
“Existe una clara ausencia de elementos objetivos que sustenten la acusación contra Laparra”, declaró ante periodistas la abogada Claudia González, defensora de Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) en Quetzaltenango.
El recurso será conocido por una sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que podría tardar hasta nueve meses en dictar un veredicto sobre la sentencia.
En reiteradas ocasiones, Laparra ha señalado que todo se trata de una “venganza política” en su contra, por haber sido parte de los operadores de Justicia que entre 2014 y 2019 encabezaron una histórica persecución contra estructuras de corrupción incrustadas en el Estado de Guatemala.
En diciembre último, la exfiscal fue condenada a cuatro años de prisión conmutables (con el pago de alrededor de 1.25 dólares diarios) por abuso de autoridad, en el primer proceso penal en su contra y por el cual ha apelado.
Varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, con sede en Londres, han exigido la libertad de Laparra por considerar que sus derechos han sido vulnerados por el Estado de Guatemala.
Hasta el momento, la exfiscal acumula 10 meses en prisión y está enfrentando un segundo proceso penal en su contra por supuestamente revelar información confidencial de un proceso penal que estaba a su cargo.
Entre 2018 y 2022, al menos 24 jueces y fiscales guatemaltecos se exiliaron en Estados Unidos al denunciar una persecución penal en su contra por haber investigado o juzgado a personajes vinculados a la corrupción, especialmente exfuncionarios, presidentes y empresarios de alto perfil.