[Viva La Noticia] Análisis del listado de corrupción emitido por Estados Unidos
La "Lista Engel" declara a muchos centroamericanos como corruptos y le permite retirarles la visa americana.
En Washington, las autoridades ya han mencionado a varios nombres de guatemaltecos, como el de la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras. Una decisión que el presidente Alejandro Giammattei rechaza.
La Lista Engel es un documento nombrado en honor a Eliot Engel, quien fue un congresista demócrata de Nueva York. Entre sus logros, destaca conseguir la aprobación de legislación que permite al gobierno norteamericano retirar los visados a funcionarios, con la finalidad de que el ejecutivo sea capaz de identificarlos como corruptos o implicados en crímenes.
La administración de Joe Biden ha dejado en claro su compromiso de luchar contra la corrupción en todo el mundo, publicando un documento que identifica su lucha “como una prioridad económica y de seguridad nacional” al tiempo que se comprometió a tomar la iniciativa en los esfuerzos internacionales para “llevar transparencia al sistema financiero global y luchar contra la migración ilegal”.
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El gobierno estadounidense se ha enfocado en luchar contra la corrupción, comenzando con una región clave para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos: América Latina. Desde el 1 de julio, el Departamento de Estado publicó una lista de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador (el “Triángulo Norte”) – que se han “involucrado con anterioridad en actos que corrompen procesos o instituciones democráticas, involucrados en importantes actos de corrupción, u obstruyó las investigaciones sobre tales actos” en esos países.
Para muchos expertos, la Lista Engel es poderosa, ya que tiene consecuencias concretas. Como se señaló anteriormente, las personas en la lista tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos, es decir, se les negarán las visas o se les revocarán las visas, y es probable que estén sujetas a sanciones adicionales, como la incautación de sus activos en el país norteamericano. De hecho, teniendo en cuenta que el gobierno de Biden está dedicando cada vez más recursos a sanciones específicas, para que la lista se actualice al menos una vez al año (con la posibilidad de que se publique con más frecuencia).
Analistas señalan que la lista puede ser aprovechada no solo por el gobierno de Estados Unidos, sino también por los defensores de la lucha contra la corrupción en el Triángulo del Norte. El público debe exigir que quienes figuran en la Lista Engel y otros similares sean investigados por fiscales anticorrupción y otras autoridades pertinentes. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil deben considerar la posibilidad de emprender acciones legales o buscar la rendición de cuentas con herramientas legales, como el recurso de amparo, o exigir que las personas nombradas en la lista no sean elegibles para cargos públicos.
Por su parte, el gobierno estadounidense también debe seguir atento a la valiosa información y pruebas que recopilan la sociedad civil y los periodistas de investigación en el desarrollo de futuras versiones de la lista Engel. Si lo hace, la lista de Engel puede ser verdaderamente un medio dinámico e impactante para luchar contra la corrupción y el retroceso democrático.
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