Este domingo al menos 7 millones de guatemaltecos están convocados para votar y decidir si una corte internacional conozca el caso del diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice y se establezcan los límites territoriales. Un aconsulta de Q300 millones.
Al menos siete millones de guatemaltecos están habilitados para ir a votar en la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice. Para ello el TSE elaboró 7 millones 625 mil boletas impresas que fueron embaladas junto con los materiales para las mesas son enviadas a los distintos centros electorales en todo el país.
A los Q300 millones que costará la consulta popular por el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice se suman hasta Q80 millones que podría costarle al Estado el pago de abogados internacionalistas y litigantes que representen al país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) ya evalúa a los juristas que podrían ser contratados en el segundo semestre del 2018. Por el momento, las propuestas son de expertos de España, Francia, Inglaterra, Canadá y algunos de Latinoamérica.
El Minex evalúa contratar a un director de equipo y abogados de varios países para formar un bufete propio y no contratar a una sola firma.
En 2008, Guatemala y Belice acordaron ir a la Corte Internacional de Justicia para poner fin a la controversia de más de dos siglos. Guatemala dará el primer paso con la consulta de este domingo mientras que Belice aún no ha fijado una fecha para su referendo, aunque las autoridades han dicho que podría ser el próximo año.
En la zona de adyacencia han ocurrido 10 muertes de guatemaltecos por conflictos entre pobladores y las Fuerzas de Defensa de Belice y guardabosques. El último fue Julio Alvarado, asesinado de ocho balazos en la espalda; su hermano menor y su padre fueron heridos.
“Tendremos la certeza jurídica de la frontera. Eso es sumamente importante. Luego, los beneficios económicos, que van desde la oportunidad que representa recuperar territorio insular que genera áreas marítimas, y eso tiene un valor económico.
Luego, al existir esa certeza, habrá confianza para la inversión”, reconoce Rafael Salazar, jefe de la Unidad de Soberanía y Dominio del Minex, quien considera que “ceder territorio es traición a la Patria”.
Salazar explicó que es importante resolver el conflicto en este momento, porque hay un compromiso de ir a la CIJ, que es la máxima autoridad para resolver litigios de la magnitud de los nacionales con Belice.
“Si fuera el caso y en la Corte no tuviéramos éxito, que sabemos que sí vamos a tener, no vamos a perder nada, vamos a ganar siempre. Ya sea la simple certeza jurídica de tener la frontera, desarrollo y vivir como buenos vecinos”, insistió Salazar.
Nicaragua y Costa Rica ya han acudido a la CIJ para resolver problemas limítrofes. El Salvador y Honduras también lo hicieron con territorio que estaba sin delimitar. Nicaragua y Colombia, con los archipiélagos de San Andrés y Providencia.
Guatemala y Belice intentaron resolver el conflicto en el 2012, cuando se iba a realizar la consulta, pero fue suspendido porque el vecino país reformó la ley de diferendo y dispusieron que para ser válido debía votar el 60 por ciento de los inscritos en el padrón y era necesario el 55 por ciento de los votos válidos. “Era una trampa que hicieron los beliceños”, enfatizó Salazar.
En el 2015 fue negociado con Belice que derogaran su referendo, y lo hicieron a finales del 2016. El Senado lo ratificó este año. Ahora se establece que el 51 por ciento de los votos que se emitan serán suficientes, no importa cuántos voten.
Guatemala ha asegurado que son unos 16 mil kilómetros cuadrados los usurpados, aunque el jefe de Soberanía del Minex asegura que el reclamo es total. Al momento de resolver la CIJ, si son favorables para Guatemala los 16 mil kilómetros, los ciudadanos de Belice que queden en el territorio que pase a este país deberán decidir en qué territorio quedarse.
“Respetamos el derecho de autodenominación de los beliceños. Si ellos quieren ser guatemaltecos, la Constitución los reconoce. Si no, se quedan en el territorio que les asigne la CIJ. No pretendemos que la Corte haga desaparecer Belice, cuando son un Estado reconocido por Naciones Unidas”, explicó el experto, quien insistió en que el tema debe interesar a todos los guatemaltecos y que es nacional y sin intereses políticos.
Los habitantes del sur de Belice son de tres etnias, los q’eqchi’es, copanes y los iztaes. “La opción es que la gente de Belice se quede donde está y acepte la nacionalidad guatemalteca, quedarse con la beliceña o mantener las dos ciudadanías”, añadió Salazar.
La Unidad de Soberanía y Dominio, como órgano asesor del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga de los problemas limítrofes y de dominio territorial, de los cursos de agua, acuíferos y transfronterizos.
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Como parte de las coordinaciones acordaron con el Ministerio de Educación, una campaña de difusión y de formación cívica para los niños y jóvenes por medio de un programa completo, que se implementará desde el año entrante en todo el sistema educativo.
Educación ya está preparando el material y las medidas necesarias para que desde el ciclo escolar 2018 sea incluido en los textos de los establecimientos públicos el tema del diferendo con Belice y el mapa completo con una línea punteada en la que esté la mención de “territorio en disputa”.
Con información de: Henry Estuardo Pocasangre, Prensa Libre.