“Ante la propuesta de legalizar el aborto en nuestro país (…), pedimos a todos nuestros diputados, de todos los partidos, no legalizar tan grave crímen”, señaló el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, durante la misa dominical en la catedral capitalina.
“La Iglesia siempre estará a favor de la vida y no de la muerte, es la ley de Dios que nos manda no matar; matar a un niño en el seno materno es gravísima violación a esa ley de Dios”, sostuvo el prelado católico.
Las organizaciones prodefensa del derecho al aborto en el país, han solicitado la reforma del artículo 133 del Código Penal y esa misma campaña la han llevado a foros internacionales en donde se discute sobre derechos humanos.
Ese artículo de la ley penal establece que “el que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años”.
No obstante, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, o incluso la pérdida del bebé, como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.
La víspera, el influyente Colegio Médico de El Salvador se pronunció en el mismo sentido que la Iglesia católica al exigir “no modificar” la ley penal y se mantenga el castigo del aborto con prisión.
“Exigimos no modificar la legislación actual, ya que es la buena praxis médica, la que determinará la forma de actuar del personal de salud en condiciones complejas, buscando el bien mayor, cuyo fundamento es resguardar tanto la vida de la madre como la del niño por nacer”, señaló el Colegio Médico en un comunicado.
Para la gremial de galenos, que también se ha pronunciado estar en contra de la campaña que busca despenalizar el aborto, “no existe una situación, en la práctica médica actual, donde la vida humana, deba ser intencionalmente destruida por medio del aborto con el propósito de salvar la vida de la madre”.
Las organizaciones proaborto, exigen se modifique la ley penal y se permita la interrupción voluntaria del embarazo cuando es producto de violencia sexual o trata de personas, cuando el feto no tiene posibilidad de vida fuera del útero, en caso de riesgo para la vida de la madre o cuando una niña resulte con un embarazo producto de una violación o estupro.
