Ciudad Guatemala
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó que hay inconsistencias en el diagnóstico y exámenes que un médico particular hizo a Daniela Beltranena, procesada en el caso Cooptación del Estado.
Por Javier Lainfiesta
Este martes, el Juzgado de Mayor Riesgo B recibió el oficio del Inacif sobre la salud de Beltranena, exdiputada del PP y exasistente de Roxana Baldetti en la Vicepresidencia.
Allí se concluye que el informe del radiólogo particular no es congruente con los estudios realizados y se recomienda que Beltranena siga con la evaluación.
La abogada de Beltranena, Mónica Rodríguez, aseguró que no puede revelar el estado de salud de su defendida por ser considerados datos sensibles.
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El pasado 26 de julio, Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, ordenó realizar exámenes médicos para Beltranena, luego de una solicitud planteada por la defensa.
Daniela Beltranena permanece en prisión preventiva desde agosto de 2016, acusada de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
Ella fue la asistente personal de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y, según las investigaciones, recibía dinero en efectivo para pagar viajes, mantenimiento, hangares y los pilotos de las naves y aeronaves propiedad de Otto Pérez Molina.
Cooptación del Estado
Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en el desarrollo de la investigación por los casos La Línea, TCQ y Agua Mágica, así como del análisis de la documentación incautada, se descubrió un esquema financiero, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros desde 2008, cuatro años antes de la toma del poder del PP.
Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa, que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala, y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, según un comunicado de la Cicig del 2 de junio de 2016.
“Varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones”, señala.
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