Vecinos y autoridades ediles de los lugares donde el uso de bolsas plásticas y pajillas es prohibido, aseguran que la normativa ha sido aceptada por la mayoría de pobladores, aunque reconocen que aún hay resistencia de parte de algunos comerciantes.
En cinco municipios del país se han emitido acuerdos municipales al respecto, entre estos San Miguel Petapa y Villa Canales, Guatemala.
El primer municipio que acordó la prohibición fue Cantel, Quetzaltenango, pero esta no entró en vigor porque no fue publicada en el diario oficial.
De acuerdo con ambientalistas, en la época de lluvia unas tres mil 84 toneladas de desechos sólidos llegan al Lago de Atitlán, Sololá, entre los que destacan envases de plaguicidas, bolsas y pajillas, por lo que ven positivo normar el uso de algunos productos, que al no saberlos manejar se transforman en contaminación.
Ante esa problemática, desde el 2014 en varios municipios de Sololá se trata de evitar el uso de bolsas plásticas, pajillas y duroport. La medida ha tenido el 80 por ciento de aceptación en San Pedro La Laguna, donde se implementó la normativa mediante un acuerdo municipal desde el 15 de octubre del 2016.
La práctica también se impulsa en San Lucas Tolimán y Panajachel, donde las autoridades no descartan que en el corto plazo se emita un acuerdo para que se aplique la prohibición, ya que por ahora es voluntaria.
De los 16 municipios de Chimaltenango, Acatenango es el único que, en marzo del 2017, prohibió el uso, venta y distribución de bolsas plásticas y derivados. El alcalde de ese municipio, Isaías Marroquín, refirió que, aunque ha sido difícil concienciar a los vecinos, la prohibición cada vez es más aceptada.
“Solo a una persona hemos tenido que sancionar. No sé por qué se resisten a los cambios aunque sean positivos”, refirió.
Germán Ajtún, quien reside en ese lugar, dijo que las acciones para evitar más daños al medioambiente deberían ser más agresivas.
En abril último, San Miguel Petapa se unió al esfuerzo de proteger el medioambiente al prohibir el uso de las bolsas plásticas, a través de un acuerdo municipal, con el objetivo de disminuir la contaminación en los ríos Platanitos, Pinula y Villalobos, que forman parte de la cuenca del Lago de Amatitlán.
El acuerdo establece que las personas individuales que transgredan la norma serán sancionadas con multas de Q1 mil a Q5 mil, mientras que para las empresas la multa es de Q10 mil a Q50 mil. Por reincidencia se le doblará el valor de la multa y se procederá al retiro de la licencia de funcionamiento del establecimiento.
Carlos Chacón, vocero de la municipalidad, aseguró que el proyecto ha tenido la aceptación de los comercios grandes y abarroterías.
Agregó que a la comuna se han acercado propietarios de empresas de plástico que funcionan en el municipio para determinar la forma como se trabajará con ellos, y aseguró que “no se ha tenido ninguna confrontación”.
Nubia Pantaleón, vecina de San Miguel Petapa, dijo que hasta ahora no se ha visto mayor cambio, aunque reconoce que las autoridades municipales dejaron un plazo para que los comerciantes se adapten.
“Va a funcionar siempre y cuando exista un control de la comuna para ver si se cumple, aunque será muy difícil porque son pocas tiendas las que tienen rótulo donde se advierte de la medida, en los mercados los vendedores ni siquiera saben del acuerdo aprobado, algunas tortillerías y panaderías son las que tienen rótulos, pero los negocios grandes son los que menos atención ponen”, comentó Pantaleón.
El pasado 14 de junio fue publicado el Diario de Centro América un acuerdo similar en Villa Canales.
Comunicación Social de esa comuna informó que, aunque la ley cobra vigencia ocho días después de la publicación, primero comenzarán con el proceso de concienciación de comerciantes y vecinos, por lo que colocarán afiches con la información y otras estrategias.
Añadieron que el juez de Asuntos Municipales deberá determinar cuáles serán las multas que se impondrán a quienes no acaten la normativa.
La medida fue consensuada con representantes de consejos comunitarios de Desarrollo y se hizo con el fin de disminuir el flujo de desechos sólidos hacia el Lago de Amatitlán.
Rolando Paiz, representante del sector de empresas de plásticos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, manifestó que San Pedro La Laguna es un pueblo pequeño y la normativa difícilmente les afectará, en cuanto a San Miguel Petapa, refirió que la restricción entra en vigor en seis meses y no hay “efecto claro de lo que ha causado”.
“Como sector creemos que es el camino equivocado, el plástico representa el 8% de los desechos en el país, y es difícil creer que vas a solventar el problema de contaminación por prohibir el plástico”, refirió.
“Se debe buscar alternativas para deshacerse de los residuos o adueñarse de los mismos mediante el reciclaje. La contaminación es un tema de cultura, donde el guatemalteco se debe hacer responsable de sus desechos”, agregó.
Paiz mencionó que sostienen reuniones con el alcalde de San Miguel Petapa para ver de qué manera solucionan el problema con las empresas que producen plásticos.
Carlos Sandoval, vocero de la comuna capitalina, asegura que la medida sería viable en la ciudad a través de un acuerdo municipal y con la voluntad de comerciantes y vecinos.
“Esto lleva un esfuerzo mucho más grande. Con los restaurantes de comida rápida, después con los supermercados y comercios que son bastantes y luego vecinos. Sería con un acuerdo del Concejo pero con el apoyo de todos, de nada nos serviría si no se suman”, indicó.