Ciudad Guatemala
La decisión del presidente Trump de cortar la cooperación económica que EE.UU. envía a Honduras, Guatemala y El Salvador ha desatado cuestionamientos.
El mandatario ordenó la suspensión de las transferencias con el fin de presionar a los gobiernos de estos tres países para que detengan la migración a EE.UU.
La mayoría de migrantes en la frontera sur de EE.UU. dicen que huyen de la violencia en esos lugares y han hecho que el número de solicitudes de asilo aumente significativamente.
Como consecuencia, según autoridades estadounidenses, el sistema migratorio en la frontera con México se encuentra en un punto de quiebre.
“He suspendido los pagos (de ayuda) a Guatemala, Honduras y El Salvador”, dijo Trump a periodistas el viernes.
“Ya no va dinero para allá… les estábamos enviando enormes cantidades de dinero y ya no les estamos pagando porque no han hecho nada por nosotros”, señaló.
Trump también dijo que es probable que cierre la frontera con México si este país no toma más medidas para evitar que los migrantes crucen.
Los críticos de la decisión dicen que cancelar la ayuda perjudicará a los programas que ya buscan persuadir a la gente para que se quede en sus países.
El Congreso de EE.UU. puede tratar de evitar que la ayuda sea redirigida a otra parte.
¿Cuánto dinero se está recortando?
El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el sábado que ante la orden del presidente, el Departamento de Estado estaba cerrando sus programas de asistencia de los años 2017 y 2018 para los tres países centroamericanos, de acuerdo a la agencia de noticias AFP.
Según The Washington Post, lo que está en juego son casi US$500 millones en fondos de 2018, más los millones de dólares restantes del año fiscal anterior.
Una fuente de Reuters puso la cifra total en unos US$700 millones.
En 2017, Guatemala recibió más de US$248 millones; Honduras, US$175 millones; y El Salvador, US$115 millones.
¿Qué impacto podrían tener los recortes?
Los defensores de la cooperación sostienen que la mejor manera de frenar la migración de la región es estimular el desarrollo económico y reducir la violencia allí, y que es demasiado pronto para juzgar el impacto de la ayuda, que fue impulsada en 2016 por el presidente Barack Obama.
Cortar la ayuda es “dispararse en el pie”, dijo a The New York Times Adriana Beltrán, directora de Seguridad Ciudadana en el grupo de investigación de derechos humanos de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“Podemos discutir sobre cómo garantizar que la ayuda sea efectiva, que la asistencia no apoye a los gobiernos corruptos”, señaló. Pero “hay desafíos a largo plazo que necesitan una solución sostenible a largo plazo”.
Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes que visitó El Salvador condenó la decisión de Trump en una declaración conjunta, diciendo que el enfoque era “totalmente contraproducente”.
El senador demócrata Bob Menéndez, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que se trataba de un “anuncio imprudente”. Su colega demócrata Dick Durbin también se mostró en desacuerdo.
“Debemos concentrarnos en lo que está sucediendo en América Central, donde tres países se están desarmando ante nuestros ojos y la gente está viniendo desesperadamente a Estados Unidos. Cortar la ayuda no solucionará este problema”, dijo Durbin en el programa “Meet The Press”, de la cadena NBC.
Sin embargo, el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, defendió la orden de Trump.
“Si vamos a dar cientos de millones de dólares a estos países, nos gustaría que hicieran más”, dijo en el programa “State of the Union” de la cadena CNN. “Si (la ayuda) está funcionando tan bien, ¿por qué la gente sigue viniendo? Solo este mes, 100.000 personas cruzarán la frontera”, aseguró.
“(El programa) no está funcionando lo suficientemente bien como para ayudarnos a resolver nuestra crisis fronteriza. En eso se centró el presidente”, explicó Mulvaney.
¿Puede el Congreso detener los recortes?
El Departamento de Estado de EE.UU. dijo que “involucraría al Congreso en el proceso”, lo que sugiere que los legisladores tendrían que aprobar los recortes.
Sin embargo, según personal del Congreso citado por The Washington Post, Trump tiene “algún margen de maniobra para redistribuir fondos”.
Adam Isaacson, funcionario de WOLA, dijo que anteriormente algunos presidentes se habían negado a redireccionar el dinero por el temor de que los legisladores tomaran represalias y se negaran a financiar proyectos clave del gobierno.
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