Esa mañana cambió la historia del mundo. Aunque quizá pocos se dieron cuenta en ese momento, desde las 8:46 AM de aquel 11 de septiembre casi nada volvería a ser igual.
Casi 3.000 personas murieron en lo que en EE.UU. se considera el “mayor ataque terrorista” de su historia.
Y, sin embargo, cerca de dos décadas después de aquellos atentados nadie ha sido juzgado.
Osama bin Laden, el esquivo líder de Al Qaeda, murió en mayo de 2011 en una operación secreta en Pakistán.
Pero otros cinco sospechosos, entre ellos la “mente detrás de los ataques”, están presosen la base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba.
En vísperas del 18º aniversario de los ataques, a finales de agosto, un juez finalmente puso fecha para lo que ya llaman el “juicio del siglo en Estados Unidos”.
Sin embargo, la fecha -el 11 de enero de 2021- es tentativa y muchos expertos dudan que tenga lugar.
“Es muy poco probable que ese juicio finalmente ocurra. Hay muchos elementos que nos hacen pensar que, lamentablemente, no están dadas las condiciones”, le dice a BBC Mundo Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights, una organización de defensa legal en la que se dedica a desafiar lo que considera detenciones ilegales en Guantánamo.
Los ataques de septiembre de 2001 llevaron a Estados Unidos a la campaña más larga y costosa de su historia: la llamada “guerra contra el terror”.
Las operaciones internacionales, apoyadas por países aliados y la OTAN, conllevaron no solo a abrir frentes de batalla en varias naciones del Medio Oriente, sino también a una cacería de los principales líderes y miembros de lo que EE.UU. consideraba “organizaciones terroristas”.
Desde inicios de la década del 2000, las cabezas de supuestos miembros de Al Qaeda, el Talibán y otros grupos extremistas comenzaron a figurar en la lista de los más buscados del mundo.
Y en ella, los presuntos responsables detrás del 11S ocuparon los primeros escaños.
Desde enero de 2002, comenzaron a llegar a Guantánamo los primeros presos y poco a poco la cárcel improvisada en una base militar en el oriente de Cuba se llenó con algunos de los hombres más peligrosos del mundo.
Para julio de 2003, ya había más de 603 detenidos, según datos del Departamento de Defensa.
Según explica Patricia Stottlemyer, abogada de Human Right First, una organización internacional de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos los considera desde entonces “combatientes enemigos ilegales”.
“Esto implica que no son considerados prisioneros de guerra, por lo que entiende que no tiene que aplicarles las convenciones internacionales y, por tanto, puede retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a una representación legal”, le dice a BBC Mundo.
En 2014, el Comité de Inteligencia del Senado reveló que la prisión de Guantánamo era parte de un “programa de detención secreta indefinida”, en el que se hacía uso de violentos métodos de tortura.
Y aunque desde 2008 el presidente Barack Obama ordenó el cierre de dichos centros de detención a lo largo del mundo, la cárcel de Guantánamo sigue abierta como el último reducto donde se tienen a los prisioneros más relevantes de la “guerra contra el terrorismo”.
Actualmente, solo 40 quedan allí presos, y entre los de mayor perfil, están cinco que Estados Unidos considera como responsables de los atentados del 11S.
En enero de este año, cuando la prensa fue admitida por primera vez a una de las más de 30 audiencias preliminares sobre los sucesos del 11 de septiembre que se han celebrado en Guantánamo, el mundo volvió a escuchar su nombre por primera vez en mucho tiempo.
Allí, con una larga barba teñida de henna estaba Jalid Sheij Mohammed, considerado autor intelectual de los ataques.
En su largo perfil, además de diseñar paso a paso la estrategia del 11S, Estados Unidos le atribuye otra serie de atentados que van desde el de 1993 contra el World Trade Center hasta las explosiones en Bali de 2002 o el asesinato del periodista Daniel Pearl.
De acuerdo con la Cruz Roja, tras su captura en 2003 en Pakistán, fue retenido y torturado en los llamados centros clandestinos de detención de la CIA en Afganistán y Europa del Este durante tres años, antes de ser trasladado a la cárcel en el sureste de Cuba.
Pero aunque es quizás el de mayor perfil, Mohammed no es el único prisionero al que acusan de estar detrás del 11-S.
También están:
Se cree que los cinco están presos en el llamado Camp 7, el lugar más secreto e inaccesible de Guantánamo donde Estados Unidos tiene a los prisioneros más peligrosos.
Y de acuerdo con Stottlemyer, las condiciones de salud de estos prisioneros y los otros 35 que están allí se han ido deteriorando con el tiempo a medida que van envejeciendo.
“Cada individuo se encuentra en una especie de espacio diferente, pero están envejeciendo y el estado de la atención médica que está disponible allí es tan inadecuado que, a menudo, el gobierno necesita llevar por aire desde EE.UU. continental equipos médicos muy caros y especialista hasta Guantánamo”, comenta.
De acuerdo con la abogada de Human Right First, los prisioneros de Guantánamo se encuentran en un limbo que no solo les impide ser trasladados a Estados Unidos en caso de emergencia, sino también de ser llevados a las cortes federales.
Una de las tantas razones, dicen los especialistas, de que incluso teniendo presuntos responsables, el mayor atentado en la historia de la Estados no haya llegado a juicio en 18 años.
De acuerdo con Dixon, una de las razones que hacen temer que el juicio no se llegue a realizar en un futuro cercano es que Guantánamo no está preparado, a nivel de infraestructura, para acoger un acontecimiento de tal magnitud.
Sin embargo, cree que existen otras razones de más peso que explican por qué no se ha celebrado hasta ahora.
“El primero es que estos presos serían procesados por un sistema de justicia completamente nuevo que no está destinado a proporcionar derechos fundamentales para los acusados, de hecho, tiene la intención de privarlos de derechos fundamentales”, señala.
En octubre de 2016, el entonces presidente George W. Bush aprobó un nuevo mecanismo para juzgar a los convictos de la “guerra contra el terrorismo” a través de un sistema de tribunales militares que, según sus críticos, desconoce los derechos fundamentales de los acusados.
“Después de más de 10 años de juicios militares en Guantánamo, todavía no sabemos qué leyes sustantivas se aplican en estos casos. Y tampoco sabemos si los acusados tendrán derecho a la protección de la Constitución de EE.UU. o del derecho internacional”, comenta Dixon.
Los cinco presuntos “coconspiradores” del 11S fueron acusados por ese sistema, pero luego el presidente Obama detuvo el caso y suspendió los tribunales militares para agregar más protecciones al debido proceso.
“El resultado esta corte de guerra híbrida que existe hoy cuya funcionalidad es muy cuestionable”, señala Stottlemyer.
“Mientras, en el mismo período, los tribunales federales de EE.UU. demostraron ser mucho más efectivos para garantizar una justicia rápida para los casos de lucha contra el terrorismo. Desde el 11 de septiembre, más de 650 personas han sido condenadas por delitos relacionados con el terrorismo”, afirma.
Según los expertos consultados por BBC Mundo, una página más oscura es también obstáculo latente -y severo- para dificultar el juicio: los abusos a la que fueron sometidos los acusados en los centros de detención de la CIA.
Y es que, por ley, los fiscales no pueden utilizar en los juicios la evidencia o cualquier otra forma de declaración involuntaria obtenida a través de métodos de tortura, por lo que mucho del material incriminatorio contra estas personas no podría usarse en el juicio.
“Hay una batalla extensa sobre el acceso a la evidencia que sería necesaria en un juicio de este tipo, que es de pena de muerte, lo que llevaría también a la desclasificación de documentos que revelen los métodos a través de los cuales se obtuvo esa confesión”, considera Stottlemyer.
Y esto, de acuerdo con Dixon, sería contraproducente a nivel político y estratégico para Washington.
“Es por eso que funcional para el statu quo de EE.UU. que ese juicio no se realice. Sirve a los intereses del gobierno y particularmente a los de la Agencia Central de Inteligencia, que es señalada por ser responsable de la tortura de estas personas”, comenta Dixon.
Pero en opinión de Stottlemyer mantener a presuntos coconspiradores del 11S fuera del ámbito de cualquier justicia en la bahía de Guantánamo no es solo una afrenta al sistema judicial estadounidense, sino también a las víctimas y sus familiares.
“La única manera de saber con certeza si estas personas son realmente responsables de los terribles eventos del 11 de septiembre es permitiéndoles un juicio justo. Es algo que le debemos a los cientos de familias que perdieron a los suyos ese día: la posibilidad de que se haga justicia”, señala.
Sin embargo, Dixon se muestra pesimista de que esto ocurra.
“Realmente creo que es más probable que los acusados en estos casos mueran de viejos antes de que el caso vaya a juicio. Y es una pena, porque si son culpables, cada día que escapen de la pena de muerte es una victoria para ellos”, señala.