Ciudad Guatemala
Cinco meses después de que el Congreso en Argentina rechazara legalizar el aborto, un caso de embarazo no deseado está causando enorme polémica en ese país.
El gobierno de la provincia de Jujuy, en el norte del país, ordenó que este viernes se interrupiera el embarazo de una niña de 12 años que llevaba 24 semanas de gestación (casi seis meses).
La niña había sido violada por un vecino de más de 60 años y, por temor, no había contado el abuso ni el embarazo. Sus padres lo supieron luego de llevarla al médico debido a los fuertes dolores abdominales que sufría.
Fueron ellos, y la niña, quienes pidieron que se le realizara inmediatamente un aborto.
Aunque en Argentina la práctica no está permitida, el Código Penal estipula que puede realizarse sin penalización en caso de violación o si peligra la vida o la salud de la embarazada.
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Un fallo de la Corte Suprema ratificó este derecho en 2012, aclarando que no hace falta una autorización judicial para acceder a la práctica ni tampoco es necesario denunciar la violación.
Solamente se debe completar una declaración jurada manifestando que el embarazo fue producto de un delito.
Los médicos dicen “no”
Pero a pesar de que eso hicieron la niña y sus padres, los médicos que atendieron a la menor en Jujuy se negaron a practicarle el aborto.
Su negativa se centró en el estado avanzado del embarazo que, según ellos, suponía un riesgo para la vida de la niña.
Incluso una diputada nacional de Jujuy, Gabriela Burgos, se presentó en el hospital materno infantil donde está internada la niña para apoyar el rechazo de los médicos a realizar la interrupción.
Esto caldeó aún más las protestas a favor y en contra del aborto que se realizaban en la puerta del sanatorio.
Sin embargo, el miércoles el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ordenó que este viernes se realizara el procedimiento.
“El gobierno de la provincia de Jujuy, garantizando la vigencia de los derechos que asisten a la niña, quien solicitó junto a su madre la práctica de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), informa que va a dar cumplimiento inmediato con la legislación vigente”, indicó a través de un comunicado.
Cesárea
El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, aclaró que la menor fue sometida a una cesárea, con la intención de tratar de salvar al feto, que por su desarrollo ya es viable.
Bouhid consideró que ese procedimiento era “la manera más segura para esa madre de 12 años que está en riesgo”.
Agregó que la cesárea se realizó “en el hospital de mayor complejidad de la provincia, con la mejor neonatología de Jujuy”.
Tras la operación, el funcionario confirmó que la niña tuvo una bebé y que ambas “están bien”. También dijo que no había habido contacto entre ellas.
La edad del feto se había convertido en el mayor tema de polémica sobre el caso, que ha reavivado los fuertes debates sobre el aborto que dominaron la primera mitad de 2018, antes del rechazo del Senado a la ley de despenalización el 9 de agosto pasado.
Una de las más famosas partidarias de los “pañuelos celestes” -como se conoce al movimiento autodefinido “pro vida”- había cuestionado a través de su cuenta en Twitter quién iba a ser el médico que “asesine al bebé”.
“¿O lo van a dejar agonizar en una bandeja hasta que muera?“, escribió Amalia Granata, una mediática figura televisiva.
En tanto, grupos a favor del aborto -identificados con pañuelos verdes- denunciaron que fueron las dilaciones de los propios médicos y de la justicia las que retrasaron el procedimiento.
Algunos medios aseguraron que la niña había sido revisada por médicos cuando llevaba pocos meses de gestación, por dolores de abdomen, y que no se le realizó una prueba de embarazo. Pero el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, aseguró que esa visita no figura en la historia clínica de la paciente.
Sin plazos
Según la periodista de BBC Mundo en Argentina Veronica Smink, el Código Penal no establece un plazo máximo para la realización de los abortos que están permitidos.
Quienes abogan por el derecho a abortar denuncian que muchas niñas y mujeres que cumplen con las causales no pueden realizarse el procedimiento.
Grupos que trabajan con temas de abuso de menores aseguran que muchos de los embarazos en niñas son producto de violación y es común que solo se conozcan cuando están en un estado avanzado.
Partidarios del derecho al aborto aseguran que a pesar de que la legislación permite el procedimiento en estos casos, las objeciones de conciencia -como ocurrió en esta situación- hacen que muchas niñas no puedan ejercer su derecho de interrumpir su embarazo.
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