Redacción / BBC News Mundo
El debate sobre el aborto vuelve a ocupar la agenda en América Latina.
Esta vez este asunto está causando polémica en Guatemala.
El Congreso de ese país se dispone a debatir en los próximo días el proyecto de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que de ser aprobado, endurecería las penas por aborto, prohibiría la educación sexual en escuelas y reiteraría la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.
La medida legislativa -presentada en abril del año pasado por un grupo de parlamentarios que se autodenominan “provida”- causa controversia en una sociedad dividida especialmente por el tema de la interrupción del embarazo.
Para asociaciones feministas y defensoras de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) esta es una ley “antiderechos” que criminaliza el aborto espontáneo y pone en peligro la salud de la mujeres.
Sin embargo, el pasado domingo, miles de guatemaltecos participaron en una marcha bajo el lema “Guate por la vida y la familia” en contra del aborto y de identidad de género.
La norma en discusión se la conoce como iniciativa 5272 y ya pasó la segunda lectura en el Congreso por lo que se espera una tercera para lograr su aprobación esta semana.
El proyecto de ley -que debería ser firmado por el presidente Jimmy Morales para entrar en vigor- fue presentado por un grupo de diputados conservadores encabezados por Fernando Linares Beltranera y Aníbal Rojas Espino, a quienes BBC Mundo intentó contactar sin obtener respuesta.
Sin embargo, ambos han defendido la iniciativa ampliamente en público y participaron de la marcha del domingo.
¡Sí a la vida! pic.twitter.com/kMDQ5KgmfL
— Fernando Linares-Beltranena (@FLinaresB) September 3, 2018
El matrimonio debe ser entre hombre y mujer, así nacidos..Como es el diseño origin.
— AR (@anibalrojasgt) September 2, 2018
Entre los puntos más controvertidos del proyecto está el que señala que “la tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo serán sancionados con penas de dos a cuatro años”.
“Una de las cosas más preocupantes de esta iniciativa es que criminaliza el aborto espontáneo. Esto significa que aquellas mujeres que pierden su embarazo espontáneamente podrían caer presas”, le dice a BBC Mundo Ada Valenzuela, Directora Ejecutiva de la Unión nacional de Mujeres de Guatemala.
Varios estudios sugieren que hasta el 30% de los embarazos terminan en abortos espontáneos en una instancia temprana de gestación, y al menos el 10% de los embarazos clínicamente reconocidos culminan por aborto espontáneo, según destaca la organización Human Rights Watch (HRW) en su página web.
Otro de los puntos polémicos del proyecto es que ejerce más presión sobre el rol del médico.
“Cuando ocurriere la muerte natural o provocada del embrión o feto en el vientre materno, en cualquier etapa del desarrollo del mismo, desde la concepción, el médico que atienda el caso, estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato el que deberá ser proporcionado a los interesados que así lo soliciten, y remitido de oficio a donde corresponda”, dice el artículo 13 del proyecto.
En la actualidad en Guatemala solo se permite el aborto terapéutico, es decir, cuando la vida de la madre corre peligro, y el aborto espontáneo no es criminalizado.
“Cuando una mujer llegue al hospital desangrándose va a ser atendida y luego va a ser remitida a los tribunales hasta que se compruebe que fue un aborto natural. Y eso normalmente le va a pasar a las mujeres más pobres”, dice Valenzuela.
La iniciativa también interviene en la educación sexual y dice que es solo responsabilidad de la familia.
“Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y la adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductos sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”, dice el artículo 15 del proyecto.
“Si con la información sexual que brindan las escuelas hoy tenemos la situación que tenemos, no me quiero imaginar si se prohíbe enseñarlo”, opina Valenzuela.
El proyecto también rechaza la unión de dos personas del mismo sexo y resalta que “la institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer”.
Y define como “diversidad sexual”, al conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
“Si el Congreso guatemalteco aprueba este proyecto, transmitirá el mensaje de que consideran que las mujeres y personas LGBT son de segunda categoría”, expresó hace unos días José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
“La propuesta carece totalmente de sentido común, es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos“, añadió Vivanco en un comunicado en la página web de HRW.
Además de la iniciativa 5272, hay otros dos proyectos de ley que están causando controversia en Guatemala, aunque tienen pocas posibilidades de que su tramitación avance en el Congreso de la nación centroamericana.
Se trata de la propuesta 5395 de identidad de género -que pretende garantizar derechos a la comunidad LGBT- y la 5376 para la protección integral y reparación digna de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.
Esta último contempla la posibilidad de que las niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual puedan someterse a un aborto, mientras que la primera propone que las personas puedan cambiar de nombre y género según se sientan identificadas.
Precisamente uno de los objetivos de la marcha del pasado domingo era protestar en contra de este último punto del proyecto de ley que beneficiaría a los transexuales.
“Guatemala marcó historia. Nunca se había llenado la plaza de esa forma. El pueblo de Guatemala se unió a la causa muy pacífica, llena de amor y alegría. Fue realmente una fiesta cívica. Me atrevo a decir que nunca habíamos tenido una marcha en el país de esta magnitud”, dijo el domingo desde la manifestación a los medios Aída Lorenzo de Juárez, de la Pastoral Arquidiocesana de La Vida de Guatemala.