Ciudad Guatemala
Para Iván Velásquez en Guatemala hay "indudablemente" una ruptura del Estado de derecho.
Velásquez, quien hace un tiempo se ganó la imagen de magistrado implacable en su Colombia natal al combatir al paramilitarismo, habló con BBC Mundo sobre su lucha actual como comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
“Hay una ruptura del Estado de derecho porque todas las autoridades del país tienen que someterse a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad”, afirma Velásquez durante una entrevista en Nueva York.
Sostiene que, aunque el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, haya exigido el cierre prematuro de la Cicig este mes, la Comisión mantiene su vigencia por una orden de la Corte de Constitucionalidad.
Morales acusa a la Cicig de violar leyes internas y convenios internacionales.
Pero Velásquez rechaza las acusaciones y sostiene que la Comisión, instalada en 2007 por un acuerdo inédito en las Naciones Unidas, tuvo éxito al identificar 60 estructuras criminales y obtener más de 300 sentencias condenatorias. Entre quienes ha enviado a la cárcel figuran el expresidente Otto Pérez Molina, siete ministros y varios diputados.
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Aunque se define como optimista por naturaleza, Velásquez también se muestra inquieto por las elecciones generales que Guatemala tiene previsto realizar en junio y señala que la comunidad internacional debe exigir transparencia.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo que BBC Mundo mantuvo con Velásquez, quien desde septiembre tiene impedida la entrada a Guatemala y fue declarado “persona non grata” por Morales.
¿Cuál es la situación actual de la Cicig tras la orden del presidente Morales para que su personal saliera de Guatemala y la decisión de la Corte de Constitucionalidad de que la comisión permanezca en el país?
Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad es la que tiene que regir en un Estado de derecho. Es el máximo órgano constitucional que dice el Derecho.
El secretario general de Naciones Unidas ha dicho igualmente que el acuerdo de constitución de la Cicig no se puede terminar de la forma como el presidente Morales ha pretendido terminarlo, que tiene un plazo que se vence el 3 de septiembre. Eso ha sido ratificado por la Corte de Constitucionalidad. De manera que la situación actual es que la Cicig permanece y tiene una vigencia hasta el 3 de septiembre.
Pero el gobierno no la reconoce. Entonces, ¿para usted hay una ruptura del Estado de derecho?
Indudablemente. Yo creo que hay una ruptura del Estado de derecho porque todas las autoridades del país tienen que someterse a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, a las decisiones de los jueces. Se puede estar en desacuerdo con esas decisiones, pero tienen que respetarse.
Ninguna autoridad puede juzgar cuál decisión de la Corte acepta para cumplirla, o cuál rechaza para no cumplirla. Incluido el presidente de la República. De manera que decir que hay órdenes ilegales de la Corte de Constitucionalidad, me parece que afecta sensiblemente el orden institucional, el Estado de derecho en Guatemala.
¿La Comisión sigue trabajando de alguna forma?
Tenemos una situación de cancelación de algunas visas. No obstante, que un funcionario que había retornado a Guatemala y le habían prohibido su ingreso, finalmente pudo entrar por decisión también de la Corte de Constitucionalidad.
Después de la cancelación unilateral del convenio de constitución de la Cicig, la situación sobre todo de seguridad del personal extranjero por lo menos generaba preocupación. Eso determinó que transitoriamente hubiera un retiro de estos funcionarios y algunos funcionarios guatemaltecos que también salieron del país.
Pero ahora ha venido un proceso de retorno gradual para llegar nuevamente al cabal cumplimiento del mandato. La premisa es: si el acuerdo está vigente según la autoridad judicial guatemalteca y el secretario general de las Naciones Unidas, pues entonces la Cicig debe cumplir con la función para la que está establecida.
Usted mismo había señalado su voluntad de regresar a Guatemala. ¿Mantiene esa determinación?
Sí, yo mantengo la decisión. Hay que ver las condiciones específicas. No se puede generar un caos en el país. Hay que tratar en lo posible que exista una convivencia. Que sobre todo sectores que han expresado su rechazo a la Comisión y sectores que en ocasiones han sido por lo menos de una violencia verbal elevada, no permitir que se produzca una confrontación. Es lo necesario y mucho más en el momento de ahora.
Ya fue abierto el proceso electoral, empieza la campaña en marzo, las elecciones son en junio… Tiene que existir un ambiente pacífico para ese debate electoral que es tan importante para el país.
¿Es decir, que si bien usted ve una ruptura del Estado de derecho en Guatemala y tiene la voluntad de volver, le preocupa que esto no derive en una crisis mayor, con violencia en las calles?
Claro, aquí la importancia no es la figura del comisionado; ni siquiera de la Cicig. La importancia es de la preservación del débil Estado de derecho existente en Guatemala. De manera que hay que tratar de conservar los mínimos elementos democráticos que Guatemala ha logrado recuperar a lo largo de estos 32 años.
Es lo que mencionaba cuando hablaba de la ruptura del Estado de derecho: de qué manera por decisiones gubernamentales del presidente, de algunos ministros, esa frágil democracia puede estar en peligro.
Usted ha indicado que aceptaría renunciar a cambio de que el gobierno de Guatemala garantice que la Cicig pueda cumplir cabalmente su mandato. ¿Hay alguna negociación en ese sentido?
Yo no intervengo en ninguna negociación. Algunos plantean que detrás de mi permanencia al frente de la Comisión hay un interés personal. No tengo ninguna aspiración personal en Guatemala, que no es mi país, ni en Colombia.
Han planteado que un grave problema es la manera como se ha conducido la Comisión… Yo digo: si ese es el pretexto, les quito el pretexto. El problema no soy yo. Pero tengo la convicción de que tampoco el problema es la Cicig. El problema es cómo ese frente pro-impunidad requiere mantener el monopolio de la impunidad para garantizar que no va a tener ninguna consecuencia por los delitos que han cometido.
¿Le preocupa el desarrollo de las elecciones de junio en este contexto?
Claro. Creo que una exigencia válida de la comunidad internacional es que el proceso electoral en Guatemala sea absolutamente transparente. Que no haya una exigencia indebida para tratar de prolongar el control de sectores que tienen necesidad de que ese poder continúe en manos de ellos.
Tienen temor que unas elecciones libres, democráticas, transparentes permitan la llegada de fuerzas diferentes al ejercicio del gobierno.
¿Qué riesgo concreto ve para estas elecciones?
Creo que el financiamiento electoral ilícito continúa. Y retirar a la Cicig precisamente en este momento puede estar muy vinculado con eso.
Aparte de eso, ¿le preocupa que pueda haber un desconocimiento del resultado, o que las elecciones no se celebren limpiamente?
Todo eso me preocupa.
¿Cuán comprometido está el presidente de Guatemala en las investigaciones que ha desarrollado la Comisión?
Para hablar solo de un tema: el financiamiento electoral ilícito recibido en 2015 de parte de importantes empresarios de Guatemala, que públicamente reconocieron haber actuado indebidamente. Creo que está plenamente acreditado ese hecho.
Y está demostrado que el entonces candidato presidencial estuvo reunido con los empresarios para determinar de qué manera se podía producir esa entrega de dinero sin que pasara por las cuentas del partido.
Y la decisión de expulsar a la Cicig, ¿a su juicio puede configurar un delito específico?
Habría que asociarlo a las decisiones judiciales. Si la Corte de Constitucionalidad ha dicho que esto no es procedente y se insiste en mantener esa decisión contraria, ahí hay un fraude a una resolución judicial, hay un desacato.
La calificación de delito habrá que examinarla de cara a la legislación guatemalteca para ubicar ese comportamiento, que en todo caso sí es ilícito.
En una carta al secretario general de la ONU, usted ha rechazado de plano las acusaciones que ha recibido la Cicig por parte del gobierno de Guatemala. Pero, ¿hace alguna autocrítica sobre la forma en que condujo la Comisión?
Hay muchos señalamientos que se hacen desde sectores afectados por las investigaciones. Por ejemplo, relacionados a los testigos y supuestas presiones o compras a testigos. Como decía en la carta al secretario general, niego enfáticamente que se hubiera realizado una práctica de esas en la Comisión.
Hay algunas acusaciones que habría que examinar con detenimiento. Por ejemplo, se plantea que la comisión se hubiera ocupado de un caso tan pequeño como el del hijo y el hermano del presidente de la República, que era por varios contratos de un poco más de 10.000 dólares cada uno.
¿Qué está detrás de una crítica de esa naturaleza? ¿Que se diga: respecto de estas personas no se puede adelantar investigación porque son familia del presidente de la República y por lo tanto se puede afectar la gestión de la Comisión?
No me resisto a discutir sobre errores en la conducción. Pero que la discusión sea realmente seria, objetiva, desapasionada.
Desde su época de procurador y magistrado en Colombia, usted ha llevado adelante investigaciones devastadoras para políticos y grupos poderosos. ¿Es una cuestión de estilo personal o puro azar?
Hay una combinación. Por ejemplo, en la investigación de la parapolítica en Colombia, yo estaba muy tranquilo como magistrado auxiliar, cuando llegó al despacho del magistrado en el que me desempeñaba la denuncia sobre la amistad que declaraban los comandantes paramilitares con cerca de 35% de los miembros del Congreso de la República. Por pura casualidad me correspondió a mí. Ahí podríamos decir que hay azar.
Lo otro es la convicción. Me atacan en todas partes porque me falta tacto, porque no tengo intuición política, porque no mido consecuencias. Me parece que esas consideraciones no son válidas en la administración de justicia.
Hay que actuar de acuerdo con los elementos que se encuentran en una investigación. Tal vez ahí está un poco el problema de mi estilo. Pero no es un estilo particular mío: hay mucha gente con convicción de justicia que ha luchado por eso.
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