Ciudad Guatemala
Cuando Adriana Ávila Barraza tenía 12 semanas de embarazo, recibió malas noticias.
La cabeza del feto estaba malformada y el pronóstico no era bueno, le dijo el doctor. El diagnóstico fue confirmado con rayos X a las 16 semanas de embarazo: le faltaba parte del cráneo, lo que impediría el desarrollo del cerebro. El feto no sobreviviría.
El veto total contra el aborto en Chile -promulgado durante el régimen del general Augusto Pinochet en 1989- fue levantado en 2017, tras años de campaña por parte de organizaciones a favor de los derechos de la mujer.
Desde entonces, los abortos se permiten bajo tres condiciones estrictas: si la vida de la madre está en riesgo, si la mujer fue violada o si el feto no es viable.
Rechazo
Con el conocimiento de que el feto no tenía posibilidad de sobrevivir, Adriana le solicitó a su médico un aborto. Pero este se negó.
Era uno de cientos de doctores en Chile que se describen como “objetores de conciencia” porque se rehúsan a realizar abortos.
“Me dio dos opciones”, cuenta Adriana: esperar a que el feto muriera o “rezar”.
Sin saber a quién recurrir, Adriana acudió a un hospital público de la capital, Santiago. Pero el personal allí parecía no tener noción de las leyes del aborto, dice, aunque la legislación había sido aprobada meses atrás. Tampoco harían la intervención.
Fue a un segundo hospital en Santiago y otra vez la rechazaron.
Solo cuando fue a un tercer hospital el personal médico aceptó llevar a cabo la terminación del embarazo.
Sin embargo, dijeron que necesitarían el diagnóstico de su médico original. Se negó a darlo, lo que causó más semanas de demora.
Desesperada, Adriana se comunicó con el Ministerio de Salud, que finalmente hizo las gestiones para que pudieran realizarle el aborto.
Para entonces, ya tenía 26 semanas de embarazo. Le indujeron el parto y pasaron 24 horas hasta que dio a luz a un feto muerto.
“Al servicio de la vida”
El médico de Adriana no es una excepción. Cuando la ley que despenalizó el aborto fue promulgada por el gobierno de centro izquierda de la entonces presidenta Michelle Bachelet, se incluyó una cláusula que le permite a los doctores negarse a realizar el procedimiento en base a su conciencia.
Dos años después, una quinta parte de los médicos en hospitales públicos afirman que no realizarán un aborto aunque la vida de la mujer esté en riesgo.
Hay muchos más médicos objetores en las clínicas privadas y cientos de paramédicos y anestesistas también se oponen a prestar sus servicios en abortos.
El doctor Luis Jensen es uno de los objetores de conciencia que trabaja en una clínica privada en Santiago.
“Estudié medicina hace 40 años”, declara. “Aprendí en la escuela de medicina que el propósito de los doctores era servir a la vida, restaurar la salud y curar las enfermedades. Nunca nos enseñaron a dar tratamientos diseñados para matar”.
El doctor Jensen señala que si la vida de la madre estuviera en riesgo, practicaría un cesárea temprana pues eso, a su parecer, no constituiría un aborto porque el propósito de la operación no sería la destrucción del feto.
Si una mujer hubiera sido violada o su feto fuera inviable, le recomendaría que siguiera con el embarazo. Eso sería mejor que “vivir con la certidumbre de que has matado a tu propio hijo”, sostiene.
Camila Maturana es una abogada para la Corporación Humanas, una ONG de derechos humanos, y representa a varias mujeres a las que se les han negado abortos.
Indica que el actual gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera ha hecho más difícil para las mujeres tener acceso a su derecho legal de abortar.
El gobierno de Piñera introdujo nuevas reglas en 2018 que facilitan a los doctores declararse objetores de conciencia.
Los hospitales públicos, por ejemplo, ya no tienen que garantizar la presencia permanente de personal para realizar abortos.
Recientemente, el gobierno también recibió un fallo favorable de la Corte Constitucional que les permite a los hospitales y clínicas privadas negarse a practicar abortos.
Debora Solís, directora de la Asociación Chilena para la Protección de la Familia, que maneja clínicas de salud sexual por todo el país, afirma que la negativa del Estado a proveer abortos legales está forzando a miles de mujeres y niñas a optar por abortos clandestinos, que ponen sus vidas en riesgo.
“Me sentí tan sola”
El diputado conservador Guillermo Ramírez es uno de los que defienden el derecho de los doctores a rehusarse para practicar abortos. “Mi opinión personal es que la objeción de conciencia es un principio liberal que debe defenderse a toda costa”, expresa.
Señala que, con recursos limitados, la prioridad no debería estar en proveer abortos en cada hospital. “Chile tiene muchas escaseces médicas. No tenemos un cardiólogo en cada hospital, así que ¿por qué tendríamos doctores para abortos en todos los hospitales?”, argumenta.
Asegura que si el primer hospital que visita una mujer no hace un aborto, simplemente se la llevará a otro que sí lo haga.
Pero Adriana Ávila, que fue rechazada por una clínica privada y dos hospitales públicos, explica que su experiencia fue traumática.
“Estaba desesperada. No sabía a dónde ir. Sabía que el feto iba a morir así que ¿por qué tuve que pasar por esta tortura?, se cuestiona.
“Me sentí tan sola”.
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