Ciudad Guatemala
El niño no deja de lanzar gritos de impotencia y golpes a las paredes. Frente a él se encuentra, en el piso, el cuerpo de su madre.
El nombre de la mujer es María del Pilar Hurtado, quien fue asesinada unos minutos antes por un par de sicarios que escaparon en una motocicleta.
Hurtado tenía cuatro hijos y dos de ellos presenciaron cómo las balas acabaron con la vida de su progenitora.
El episodio, sucedido el viernes por la tarde en la pequeña localidad de Tierralta —departamento de Córdoba (noroeste)— despertó múltiples muestras de indignación en Colombia.
También provocó una vigilia con velas protagonizada por decenas de personas en Medellín, como acto de repudio por el asesinato de la mujer, así como de otros cientos de líderes sociales en el país.
Organizaciones sociales de Tierralta denuncian que la víctima, junto a otras personas, estaba amenazada desde junio por el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que opera en la zona hace más de dos décadas.
“No nos escucharon y los paramilitares cumplieron su amenaza”, lamentó Andrés Chica, activista por los Derechos Humanos de la región.
El presidente Iván Duque, por su parte, expresó su condena ante el “atroz crimen“.
María del Pilar Hurtado
La víctima trabajaba en un aserradero, donde se fabricaban cajas de madera para transportar fruta.
Era parte de un grupo de familias que habían levantado un asentamiento en un lote en desuso, en busca de acceder a viviendas propias.
“No pertenecía a ningún sindicato ni organización, pero sí era una líder comunitaria y negociadora a nombre de los que se asentaron en ese terreno”, explica a BBC Mundo Andrés Chica.
El defensor de DD.HH. señala que ese lote resultó ser propiedad del padre del actual alcalde de Tierralta.
“A finales de mayo, personas en extrema pobreza tomaron ese predio. María del Pilar fue parte de las negociadoras que quiso concertar una concesión de tierras, pero finalmente se decidió a sacar a las familias a la fuerza“, relata el activista.
Luego de ello apareció el planfleto de la AGC que daba plazo hasta la medianoche del 1 de junio para que la gente se retirara del lugar.
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“Después de esa hora, a quien encontremos en esas invasiones lo declaramos objetivo militar“, señala el panfleto del grupo armado.
La Fundación Social Cordoberxia denunció que otras personas que se encontraban en el asentamiento ya habían sido asesinadas el mes pasado. Otro resultó herido y tres fueron desplazados de manera forzada.
Luego de conocerse la muerte de Hurtado, la entidad reiteró su pedido al gobierno y a las autoridades locales para que implementen programas de emergencia “ante el riesgo inminente anunciado para Tierralta“.
La Alcaldía de Tierralta emitió un comunicado indicando que María del Pilar Hurtado no era una líder social y que no es cierto que ella fuera mencionada en el panfleto de la AGC.
Zozobra y temor
Córdoba es uno de los departamentos de Colombia que sufrió con mayor dureza la violencia del paramilitarismo y de otras agrupaciones armadas.
La localidad de Tierralta, con una población estimada de 100.000 habitantes, no fue —ni es— la excepción.
“Viven con zozobra y con temor, como si fueran prisioneros. En estas zonas los paramilitares controlan hasta los aspectos de la vida familiar”, relata Andrés Chica.
El activista añadió que “los paramilitares actuales siguen haciendo las cosas igual que los que llegaron entre 2000 y 2003”.
“Se trata de una dominación coercitiva social, económica y militar. La administración de la justicia la hacen ellos. Nadie va a la fuerza pública cuando hay problemas en las comunidades, acuden a los paramilitares para que arreglen las cosas por mano propia”.
Chica indica que “hasta los problemas de infidelidad son resueltos por ellos, al igual que cuánto se paga de vacuna (cuota de extorsión) para tener un negocio“.
“El Estado no ha sido capaz de desmontar al paramilitarismo pese a los tantos decretos y leyes que ha sacado”, concluye.
No es el único caso
La crudeza del video con los gritos del hijo de María del Pilar Hurtado generó la atención del país, pero en los últimos cinco días otros seis casos de asesinatos de líderes sociales fueron denunciados.
Y desde 2016 se habla de hasta 400 casos, la mayoría de ellos relacionados con el control de tierras para el cultivo ilícito de coca y apropiación de predios.
Entidades como la Organización de Naciones Unidas y múltiples organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, indígenas, afrodescendientes y ambientales han expresado que el asesinato selectivo de dirigentes sociales es uno de los mayores problemas de Colombia.
El de Hurtado es uno de los últimos casos.
“El panfleto de amenaza no fue solo un papel, fue una acción de muerte contundente“, lamenta la Fundación Cordoberxia.
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