Patricia Sulbarán Lovera / Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
La abogada Maite García le preguntaba a su cliente de 3 años si quería estar con mami. Él respondía “sí” pero no decía más.
Su hermana mayor, de seis años, al menos le comunicaba con claridad que “cosas malas” pasaron en su país y que no quería regresar.
Ambos niños se enfrentaron solos a un proceso judicial en una corte de inmigración de Estados Unidos.
Fueron separados de su madre en la frontera sur del país el pasado marzo tras cruzar sin documentos y desde ahí anduvieron por su cuenta.
Su caso ilustra una situación extendida en todo el país: la de niños migrantes, a veces menores de 5 años, que deben defenderse solos ante la justicia estadounidense.
Una consecuencia de la política migratoria de “tolerancia cero” que implementó oficialmente el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desde el pasado mayo.
Bajo este esquema, más de 2.300 niños fueron separados de sus padres cruzando la frontera hacia EE.UU. de manera ilegal.
Del total, 102 tienen o son menores de 5 años, según cifras oficiales.
Aunque Trump revirtió la práctica de separar a las familias de indocumentados y su administración anunció que liberará a los padres de los niños menores de 5 años obligándolos a usar una tobillera electrónica, en las últimas semanas en las cortes de EE.UU. han comparecido numerosos niños que habían sido detenidos sin sus padres.
Estos, muchos de ellos migrantes centroamericanos, inician una travesía a Estados Unidos junto a sus familias huyendo de la violencia impuesta por las pandillas y grupos armados.
Por tratarse de casos civiles, los niños no tienen derecho a un abogado de oficio, en una situación que activistas han denunciado como “absurda e injusta”.
Es por eso que letrados que trabajan para ONGs se hacen cargo de algunos casos.
Abogados de inmigración, además, han descrito cómo los niños se suben a los escritorios de las cortes, toman leche en biberón y lloran durante las audiencias a las que deben asistir obligatoriamente.
Washington tenía plazo hasta este martes para reunificar los niños de 5 años y menores de esta edad con sus familias, según ordenó un juez federal hace dos semanas.
Pero este decidió darles más tiempo luego de que el gobierno argumentara que “impedimentos legítimos de logística” estaban retrasando el proceso.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) dijo este martes que unos 75 de los 102 niños son elegibles para volver con sus familiares.
Otros 27 menores de edad no califican para la reunificación con sus padres, según explicó el gobierno, ya sea porque estos fueron deportados, siguen detenidos o tienen “antecedentes penales graves”.
Informaron que ya reunificaron a cuatro niños con sus parientes y que este martes esperaban devolver a 34 más.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) es responsable de trasladar a los niños a las audiencias y de darles refugio antes de estas y hasta la resolución del juicio.
Abogados y jueces de inmigración han calificado las audiencias judiciales a estos niños como “vergonzosas“y han explicado como los pequeños a menudo son incapaces de completar una oración.
“Mi clienta de 5 años no sabe decirme ni siquiera de qué país es. Preparamos su caso dibujando imágenes de los pandilleros que esperaban fuera de su escuela”, describió en un tuit la abogada Laura Barrera, quien trabaja en Las Vegas, Nevada.
El procesamiento judicial a migrantes menores de edad sin sus familias no es algo nuevo en Estados Unidos.
En la última década, miles de adolescentes han cruzado la frontera sin acompañante y han tenido que asistir a audiencias ante un juez.
La diferencia esta vez es que la política de separación de familias provocó que los niños pequeños resultasen más afectados que en años anteriores.
“Los adolescentes tienen posibilidades de comunicarse en las cortes. Para los más jóvenes o con edades de un dígito, es mucho más difícil brindar algún tipo de confiabilidad”, le dijo a BBC Mundo la jueza Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Estadounidense de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).
Es por ello, señala, que los jueces deben “encontrar otras maneras de asegurar un juicio justo para el niño”, como procurar que haya un adulto acompañando al menor de edad.
La abogada Maite García, que trabaja para la ONG The Florence Project, pasó meses reuniéndose con los pequeños hermanos para preparar su caso.
Dice que tuvo suerte pues la niña “es brillante” y le expuso con elocuencia sus razones para salir de su país, que García no compartió con BBC Mundo por seguridad.
“Ella, después de muchos encuentros, empezó a entender que el gobierno podía deportarla a su país de origen”, cuenta García.
Los menores de edad fueron trasladados a una corte en una sola ocasión y García los estaba esperando.
Entraron en el tribunal y el juez solo les preguntó sus nombres, detalla la abogada.
Luego fue ella quien dio un reporte al juez de la situación de la madre de los niños y de la intención de que estos fuesen entregados a su padrastro, quien vive en EE.UU.
García dice que tuvo suerte porque la madre tiene un abogado, “con el que siempre hablé y con eso fuimos elaborando el caso de forma coherente”.
Pero advierte que esto no pasa siempre y que en situaciones menos ideales el padre no tiene representante legal y quien asesora al niño no sabe dónde está su pariente o ni siquiera conoce su nombre.
La madre de los niños que representó García atraviesa un proceso judicial en otra instancia y todavía sigue detenida.
Los niños, que ya llevan cinco meses separados de su madre, fueron entregados este lunes a su padrastro.
El pequeño, que cumplió los 4 años en el albergue, todavía responde “sí” cuando le preguntan si quiere ver a su madre.