Ciudad Guatemala
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó la inscripción del binomio presidencial de Prosperidad Ciudadana integrado por Edwin Escobar y Blanca Alfaro, y ordenó que no aparezca en la papeleta electoral y que se suspenda la propaganda.
Un juzgado resolvió no otorgarle el amparo a Edwin Escobar, candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, para que pudiera obtener el finiquito, requisito para estar inscrito.
El fallo del Juzgado Noveno fue confirmado por Mario Siekavizza, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ).
El 1 de mayo último, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el amparo provisional que recibió Escobar de un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, que le permitió obtener su finiquito e inscribirse para las elecciones del 16 de junio.
De esa cuenta el trámite del amparo continuó su camino, siempre de forma provisional, pero la Corte ordenó que este fuera resuelto por un juzgado capitalino y no uno escuintleco, por razones de territorio, tras lo cual al Juzgado Noveno de Instancia Civil le correspondió el expediente.
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La CC resolvió con base en un ocurso de queja que presentó la Contraloría, la cual recibió la orden del juzgado escuintleco de otorgar el finiquito. En esa resolución también ordena que Audy Yanelli Arana González, jueza de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, sea invetigada por la Supervisión de General de Tribunales del Organismo Judicial, que sea denunciada ante la Junta de Disciplina Judicial para que sea sancionada y exponga este caso al Ministerio Público (MP) para que haga lo propio contra la juzgadora.
Hasta ahora Escobar está inscrito como candidato presidencial, a 12 días de las elecciones.
Escobar, actual alcalde de Villa Nueva, es el candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana (PC) junto a Blanca Alfaro. Ambos fueron proclamados el 2 de marzo último.
En el ámbito judicial, y en su calidad de jefe edil, Escobar no tiene inmunidad porque la Sala Cuarta de Apelaciones resolvió con lugar el retiro del antejuicio solicitado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público por denuncias de 2017 de la Contraloría sobre posibles irregularidades en la tercerización del servicio técnico catastral para el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).
Con información de: Irving Escobar y Manuel Hernández
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