Una consulta popular que buscaba endurecer el castigo a la corrupción política en Colombia se hundió el domingo por estrecho margen. Sus promotores dijeron que tramitarán las iniciativas por la vía parlamentaria.
Una singular consulta popular que pretendía endurecer el castigo a la corrupción política en Colombia se hundió por estrecho margen en las votaciones de este domingo, según un primer conteo de la autoridad electoral.
La propuesta, que apuntaba a convertirse en un manifiesto de rechazo a la clase dirigente y las empresas que corrompen al Estado, no alcanzó los poco más de 12,1 millones de apoyos que requería para convertirse en mandato.
Compuesta por siete iniciativas, la consulta anticorrupción recibió 11.670.907 votos, es decir que le faltó menos de 470.000 para cruzar el umbral impuesto por ley, que equivale a la tercera parte del censo electoral, según el conteo rápido de la Registraduría Nacional, responsable del escrutinio.
El cálculo corresponde al 99,96% de las papeletas depositadas durante la jornada, en la que por primera vez los colombianos se pronunciaron a nivel nacional a través de este mecanismo de participación popular incluido en la Constitución vigente desde 1991.
“El 99% de quienes votamos apoyamos las iniciativas, desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación”, declaró en un mensaje a la nación el presidente Iván Duque.
El jefe de Estado respaldó la cruzada en las urnas contra la corrupción, pese a las reservas y rechazo de miembros de su partido de derecha, Centro Democrático, que cuenta con mayoría en el Senado.
Tras conocer los resultados -que aún deben ser promulgados por la autoridad electoral-, los promotores del proyecto dijeron que tramitarán las iniciativas por la vía parlamentaria, pese a la histórica renuencia del Congreso a legislar de forma severa contra estas prácticas.
“Nos faltaron cinco centavos, pero el cambio es imparable y aquí hubo una zarandeada a esa clase política tradicional. La ciudadanía ya nos les camina, no come entero y quiere un cambio genuino en las prácticas políticas y en la corrupción”, declaró a la prensa la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde.
Aunque superó los diez millones de votos que recibió en junio el hoy presidente Duque, la consulta volvió a chocar con la abstención histórica en Colombia y se suma al fracaso de los promotores del Sí en el plebiscito por los acuerdos de paz en 2016.
En esa oportunidad, los colombianos rechazaron por una exigua mayoría los pactos negociados por el entonces gobierno con la guerrilla FARC para acabar con medio siglo de conflicto, lo que obligó a hacer ajustes para sacar adelante el desarme de los rebeldes y su transformación en partido el año pasado.
La consulta promovida por la exsenadora y dirigente del opositor Partido Verde Claudia López, pareja de Lozano, contenía mandatos que iban desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa por cárcel y el embargo de bienes a condenados.
Además, planteaba restringir a tres mandatos el derecho a la reelección de cargos de votación popular (salvo la de presidente, que ya fue derogada) y obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y hacer público su patrimonio.
Aunque estaba enfocada principalmente en el castigo a funcionarios públicos, la iniciativa también pretendía transparentar la contratación con el Estado y prohibir tratos con empresas condenadas por sobornos u otras prácticas corruptas.
Pese al revés, Duque recogió el mensaje en las urnas y reafirmó su interés en sacar adelante en el Congreso cuatro medidas que apuntan hacia los mismos objetivos de la consulta.
“Además (…) quiero anunciarles que en los próximos días presentaré, junto con la Procuraduría General de la Nación, un proyecto de ley en el cual, entre otros, se consagrará la responsabilidad penal de las personas jurídicas para endurecer las sanciones a empresas que pretendan corromper funcionarios”, sostuvo el mandatario.
Si bien no superó la prueba, una cantidad importante de colombianos se movilizaron para pronunciarse contra la corrupción, cuando aún resuenan los ecos del esquema de sobornos que montó la constructora brasileña Odebrecht en Latinoamérica.
“Esta votación es la victoria contundente de la ciudadanía libre. Le da un mandato claro y contundente al gobierno y al Congreso”, sostuvo López frente a seguidores de la consulta en Bogotá.
Según los cálculos “más conservadores”, Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y 2011, un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual), de acuerdo con un estudio de la Universidad Externado.
En el Índice de Percepción de la Corrupción – que publica cada año la ONG Transparencia Internacional -, Colombia se ubica en el puesto 96 entre 180 países, siendo el primero el más limpio. En el último año y medio la fiscalía ha procesado a unas 2.200 personas por casos de corrupción en gobiernos locales.
Aunque acompañó en un principio la convocatoria de los verdes contra la corrupción en las urnas, el jefe del oficialismo, el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se decantó al final por el trámite parlamentario de las propuestas del gobierno.
A través de Twitter, anunció su “apoyo a aprobación acelerada” de propuestas del gobierno como “congelación de salario” de congresistas” y “períodos limitados de elección” para los legisladores.
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