Zonas en México, Guatemala, Honduras, incluso en la frontera entre Brasil y Paraguay, enfrentan una violencia estructural, donde el crimen organizado está infiltrado en las instituciones estatales.
El asesinato de periodistas, la represión de manifestaciones populares y las “fake news” amenazan la libertad de expresión en América Latina, afirmaron esta semana expertos en Washington.
Esta situación preocupa en un año en que dos de cada tres latinoamericanos elegirán nuevos gobernantes, concluyó un foro que analizó el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el reporte, en 2017, 22 periodistas fueron asesinados en las Américas y decenas denunciaron intimidaciones. “Buena parte de estos delitos permanece en preocupante impunidad”, subrayó.
“Zonas en México, Guatemala, Honduras, incluso en la frontera entre Brasil y Paraguay, enfrentan una violencia estructural, donde el crimen organizado está infiltrado en las instituciones estatales, y eso pone a América Latina en el lugar del mundo sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo”, dijo a AFP el titular de la RELE, Edison Lanza.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) divulgó el miércoles un reporte que señala a México, con 11 periodistas asesinados en 2017, como el segundo país más mortífero para la prensa después de Siria.
Tracy Wilkinson, veterana corresponsal en México del diario Los Angeles Times, consideró el caso del fundador del semanario Riodoce y colaborador de AFP Javier Valdez, asesinado en Sinaloa el año pasado, como “emblemático” de la violencia que sufren los profesionales de la información en Latinoamérica.
“Había escrito tantos libros y ganado tantos premios que pensó que su fama lo protegería. Pero lo mataron”, dijo con dolor sobre su “maestro y amigo”.
Valdez, muerto a balazos en plena calle y a la luz del día, había denunciado la mafia liderada por el capo narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy preso en Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas informaron el lunes la detención de uno de los coautores del crimen, y reconocieron que a Valdez lo mataron por su trabajo.
“Dudo de que haya mucha voluntad política de enfrentar esta situación”, se lamentó Wilkinson, sobre las perspectivas tras las presidenciales mexicanas.
Según Lanza, en México el 98% de los crímenes a periodistas sigue impune.
“En Colombia ha habido también un repunte de la violencia a pesar de avances en la protección de periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad”, añadió Lanza.
El reciente secuestro y asesinato en la frontera colombo-ecuatoriana de tres miembros del diario El Comercio de Quito por disidentes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) genera fuerte alarma en la región.
“Es una señal de que estos grupos no solamente van contra defensores de derechos humanos, sino que también buscan silenciar periodistas”, dijo Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Tras la paz con las FARC, en Colombia disminuyeron “de manera significativa” las cifras generales de homicidios, pero aumentaron los asesinatos selectivos a líderes sociales en zonas rurales por luchas por el control del territorio, apuntó.
Casi 300 líderes sociales fueron asesinados desde 2016, muchos por su apoyo al pacto de paz, según la Defensoría del Pueblo colombiana.
Los abusos oficiales para frenar protestas sociales, que provocaron decenas de muertes a mediados del año pasado en Venezuela, hace unos meses en Honduras, y en los últimos días en Nicaragua, donde un periodista fue asesinado, también generan inquietud.
“Esperamos que la represión en Nicaragua no se transforme en algo rutinario y generalizado como en Venezuela”, dijo a AFP Margaux Ewen, directora ejecutiva de RSF en Norteamérica.
El reporte de RSF destacó el número récord de detenciones arbitrarias y actos de violencia contra periodistas en Venezuela y los “excesos autoritarios” del mandatario Nicolás Maduro.
En su informe, la RELE denunció el despliegue “excesivo y desproporcionado” de la fuerza pública contra manifestantes y llamó a proteger el derecho de la población a expresar su descontento.
Lanza señaló asimismo el reto que suponen las “fake news”, o la difusión deliberada y malintencionada de desinformación en internet, muchas veces para perjudicar a un candidato político, con el consiguiente riesgo de que los gobiernos reaccionen imponiendo una excesiva regulación.
“Nos preocupa y más en contextos electorales. Pero tenemos que cuidar que la respuesta de los Estados no sea la censura masiva”, subrayó.
Lanza llamó a los medios de comunicación a ser rigurosos en la verificación de datos para evitar reproducir noticias falsas, y a los usuarios, a recurrir a “medios tradicionales con trayectorias probadas” para comprobar información dudosa.
Con información de: © Agence France-Presse