Ciudad Guatemala
Fuerzas antimotines y grupos armados ilegales incursionaron este martes en el norte de Nicaragua mientras en Managua quedó instalado un grupo de expertos para investigar la violencia que deja más de 220 muertos en dos meses y medio de protestas contra el gobierno.
Unas 40 camionetas cargadas de hombres armados y encapuchados, entre ellas al menos dos de la Policía, entraron a La Trinidad, 125 km al norte de Managua, en el departamento de Estelí, para levantar el bloqueo en la carretera internacional, según testigos y videos de pobladores.
“La situación está fea, nos andan persiguiendo. Hay una cacería de brujas”, dijo por teléfono a AFP, bajo anonimato, un joven que estuvo cuidando en el tranque (bloqueo).
Medios oficialistas celebraban que se pudiera circular por la carretera. Policías y paramilitares están instalados en la casa de cultura y la alcaldía de La Trinidad y rodearon el hospital. Algunos habitantes se refugiaron en la iglesia.
“Los grupos armados están haciendo anillos para que la población no tenga salida”, aseguró Merling Solís, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Estelí.
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Cuatro sacerdotes fueron interceptados cuando iban a La Trinidad. “Intentamos acercarnos para dialogar, para evitar enfrentamientos entre manifestantes y policías, pero al llegar (…) los paramilitares nos impidieron el paso”, dijo a AFP el padre Eugenio Rodríguez.
Otros grupos armados incursionaron en Jinotepe, en el occidental departamento de Carazo. Un movimiento estudiantil en protesta en el sitio reporta al menos tres heridos.
Los manifestantes exigen la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de una brutal represión y de haber instaurado el nepotismo y una dictadura con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
“Compromiso con las víctimas”
Ante la grave situación que vive Nicaragua desde que estallaron las protestas el 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló este martes un grupo de expertos de reconocida trayectoria que investigará violaciones a derechos humanos.
El internacional Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) empezó labores, con un mandato de seis meses prorrogables, para apoyar “la investigación de los hechos de violencia” y recomendar acciones de reparación a las víctimas y familiares, según una nota.
“Nuestro compromiso es con las víctimas frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad más allá de quienes sean los perpetradores”, dijo el italiano Amérigo Incalcaterra, al leer un comunicado ante la prensa.
Además de Incalcaterra, el GIEI lo integran la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, la socióloga peruana Sofía Macher y el fiscal argentino Pablo Parenti, todos investigadores de sonados casos de violación de derechos humanos en América Latina.
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La CIDH, que desde hace una semana realiza labores técnicas de verificación en Nicaragua, ha exigido el cese de la represión, el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y respetar el derecho al debido proceso de los detenidos.
En Twitter, la CIDH dijo conocer que “un grupo de personas se encuentra sitiada y en grave riesgo” en La Trinidad por un grupo armado, y pidió a las autoridades “adoptar medidas para respetar y garantizar la vida” de los lugareños.
“Crisis sin control”
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó este martes que registra 309 muertos -288 identificados-, mientras que el CENIDH y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reportan unos 220 fallecidos y una docena más en verificación.
“La seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis, sin control”, dijo el secretario de ANPDH, Álvaro Leiva, en rueda de prensa.
La violencia deja además más de 1.500 heridos y medio millar han sido detenidos, muchos de forma arbitraria, según grupos locales de derechos humanos y la CIDH.
En las afueras de la cárcel de máxima seguridad El Chipote, en Managua, decenas de familiares de detenidos recibían la noticia de que muchos fueron trasladados a la prisión La Modelo, la más grande del país.
Algunos familiares rompieron en llanto pues esperaban liberaciones, luego de que una misión de la CIDH visitó El Chipote el lunes.
Con la mediación de la Iglesia católica, el gobierno de Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de grupos de la sociedad civil- dialogan en busca de una salida al conflicto.
“No veo voluntad política de Ortega. Va a defender su permanencia en el poder a toda costa”, declaró a la AFP el abogado y exdiplomático Mauricio Díaz.
Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años, estuvo en el poder por una década tras el triunfo de la insurrección popular que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y desde 2007 ha sido reelecto presidente por tres períodos consecutivos.
Con información de: © Agence France-Presse
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