Ciudad Guatemala
Un luchador contra la corrupción endémica en Brasil o un justiciero puritano que criminaliza la política: esas imágenes se proyectan sobre el juez Moro, que dio su "gran golpe" al ordenar detener al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En julio pasado, el juez Moro ya había condenado al ícono de la izquierda a 9 años y medio de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero. Un fallo confirmado y una sentencia aumentada a 12 años y un mes en enero, por un tribunal de apelación.
Y el jueves apretó el nudo intimando a Lula a entregarse en un lapso de 24 horas en Curitiba (sur), la ciudad donde nació la Operación Lava Jato (lavadero de autos), que en cuatro años se convirtió en referente mundial de la lucha contra las mil y una maneras de falsear licitaciones, desviar dinero, vaciar los cofres de las compañías públicas y comprar apoyo político.
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La punta del ovillo estaba en Petrobras y tirando de ella tambalearon imperios como el de la constructora Odebrecht.
Pasaron por su juzgado presuntos intocables de las finanzas y de la política, de izquierda, de centro y de derecha. En todo caso, aquellos que no gozaban de fueros privilegiados gracias a sus cargos ministeriales o legislativos.
Y Lula se convirtió en su presa mayor.
Lula: “Moro estaba condenado a condenarme”
El interrogatorio al que lo sometió en mayo de 2017 fue una confrontación entre dos universos que en Brasil parecen totalmente ajenos entre sí: el que está saturado por la corrupción y el que está indignado por la miseria.
“Señor Presidente, quiero dejar claro que pese a algunas versiones, no existe de mi parte ninguna desavenencia personal con usted. El desenlace del juicio provendrá de las pruebas y de la ley”, recalcó antes de iniciar el interrogatorio del fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
Cuando le preguntó si se siente responsable por la red de sobornos que se desveló en Petrobras, Lula repuso: “Doctor Moro ¿se siente usted responsable de que la Operación Lava Jato destruyera la industria de la construcción civil? ¿Se siente responsable por las [centenas de miles] personas que perdieron sus empleos en el sector del petróleo y el gas y de la construcción civil?”.
Tras ser condenado como propietario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS para ganar licitaciones en la estatal petrolera, Lula afirmó:
“El juez Sergio Moro, rehén de los medios, estaba condenado a condenarme. Los fiscales, presa de megalomanía, aseguran que el Partido de los Trabajadores (PT) quería el poder para robar”.
El cara a cara entre estos dos íconos antagónicos de Brasil empezó en marzo de 2016, cuando Sergio Moro ordenó a la policía irrumpir en casa de Lula en Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo) para llevarlo a declarar por la fuerza.
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Ese mismo mes, el magistrado divulgó una conversación entre el exmandatario y su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016), que sugería que ésta buscaba nombrarlo ministro para darle fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria.
Lula juró su nuevo cargo, pero nunca pudo asumir.
“Yo, sinceramente, estoy asustado con la República de Curitiba. Porque a partir de un juez de primera instancia todo puede ocurrir en este país”, afirmó Lula en una conversación telefónica pinchada y difundida con autorización del propio juez.
En una entrevista con la AFP en marzo, Lula criticó a la “fuerza tarea” de los investigadores de Lava Jato, afirmando que “en verdad, quieren criminalizar la política”.
– “Manos Limpias” –
Moro nació hace 45 años en Maringá (Paraná, sur) y allí se licenció en Derecho, convirtiéndose en juez en 1996. Doctor y profesor universitario, completó su formación en la prestigiosa Harvard.
Muchos de sus pares lo definen como un magistrado rápido para decidir, preparado y resuelto. Sus detractores lo juzgan abusivo en el uso de las prisiones preventivas o de las delaciones premiadas.
Fascinado por descifrar los caminos del dinero sucio, al astro de la justicia brasileña siempre le deslumbró la histórica operación “Mani Pulite” (Manos Limpias), que desarticuló una compleja red de corrupción en la Italia de los 90.
La imagen de un juez preocupado ante todo por un mundo más justo se vio empañada este año, cuando justificó el polémico subsidio de residencia que los magistrados reciben, aunque residan en viviendas de su propiedad en sus ciudades de origen.
Ese subsidio, declaró, “compensa la ausencia de reajustes salariales desde el 1º de enero de 2015”.
Moro está casado con Rosângela Wolff, una ardiente defensora de su marido en las redes sociales, con quien tiene dos hijos.
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© Agence France-Presse
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