Ciudad Guatemala
La empresa privada en Nicaragua, uno de los soportes del gobierno del presidente Daniel Ortega, cerró filas este miércoles en torno a sectores que piden su salida del poder en medio de masivas protestas que dejan 88 muertos.
En Managua, miles de personas se manifestaban en diversos lugares a favor y contra el gobierno.
La marcha opositora fue respaldada por el sector empresarial, uno de los principales aliados del gobierno que, junto con sindicatos oficialistas instauraron durante 11 años el llamado “modelo de consenso”, que permitió a los empresarios participar de manera activa en las decisiones del ejecutivo y del parlamento.
Este miércoles los empresarios, cuestionados por permitir abusos en el gobierno y mantener “un silencio cómplice” durante la represión a las protestas, marcaron distancia de Ortega.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) anunció que han suspendido todas las reuniones con el gobierno en “rechazo a la represión”, en tanto el presidente del grupo económico más influyente del país, Carlos Pellas, se pronunció a favor de adelantar las elecciones del 2021.
“Desde mi punto de vista, y es algo que compartimos plenamente en el sector privado, hay que encontrar una salida ordenada, dentro del marco constitucional, que implique reformas que conlleven un adelanto de elecciones en Nicaragua”, dijo Pellas al diario La Prensa.
“Estoy indignado y muy dolido por las más de 80 vidas sacrificadas y por los más de 800 heridos que ha causado la violencia desproporcionada con que el gobierno ha enfrentado los reclamos de los estudiantes y de la población en general”, agregó Pellas.
Mientras, el poderoso grupo financiero Lafise demandó en un mensaje “que sea la voluntad popular a través de elecciones anticipadas la que establezca la justicia, la democracia y la libertad” en Nicaragua.
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La asociación de empresarios de turismo por su lado denunció presiones de alcaldías y agentes políticos del sandinismo para que se pronuncien contra el bloqueo de vías y presionen a los manifestantes a levantarlos.
Las protestas estallaron el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de pensiones que el gobierno aprobó sin consenso.
El gobierno y opositores integrados en una Alianza Cívica acordaron el lunes restablecer un diálogo bajo los auspicios de los obispos para poner fin a la crisis. El Ejecutivo aceptó discutir una agenda que pide la salida de Ortega y elecciones anticipadas para este año.
La Conferencia Episcopal, mediadora del diálogo, no ha convocado aún a las partes para reunirse.
Luto en día de madres
Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la secretaria general de la OEA acordaron crear un grupo de expertos independientes para investigar la violencia en las protestas de Nicaragua, con la anuencia del gobierno de Ortega.
El grupo tendrá un mandato inicial de seis meses y estará conformado por cuatro expertos en la protección de los derechos humanos, que serán seleccionados por la CIDH y designados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Por su lado una comisión nombrada por el parlamento para investigar la violencia ocurrida en las protestas, calcula que las movilizaciones habrían dejado 85 muertos y 997 lesionados, pero que aún están en proceso de verificación de datos.
Grupos opositores marcharon este miércoles con motivo del Día de la Madre en Nicaragua, para acompañar a decenas de mujeres cuyos hijos han muerto, están detenidos o desaparecidos.
“Este día de las madres no es un día para celebrar, es para exigir justicia”, fue el llamado de la oposición en redes sociales para participar en la marcha en Managua.
Simpatizantes del gobierno también marchan en el norte de Managua en homenaje al día de las madres.
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Managua y otras ciudades se mantienen en calma este miércoles, y en algunos lugares donde se registraron enfrentamientos en los últimos días eran visibles adoquines tirados, ramas de árboles usados como barricadas y neumáticos quemados.
En el edificio que alberga las oficinas de la Policía Nacional se levantan muros de piedras en lugar de la malla que antes protegían el lugar.
El perímetro de seguridad de la residencia de Ortega, donde también despacha asuntos de Estado, fue ampliado en varias cuadras y reforzado con muros de piedra. Pobladores que viven cerca quedaron encerrados y su movilización sujeta a la autorización de agentes policiales.
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