Ciudad Guatemala
Como los 2.000 km de costa californiana, esta discreta cala de arena blanca se supone que está abierta a todos. Pero una contundente reja metálica y un guardia que impiden el acceso, excepto si se paga un "derecho" de 100 dólares anuales, hacen pensar lo contrario.
¿Pública o no? La bien llamada Privates Beach (playa privada), ubicada en la costa de Santa Cruz, es objeto de una intensa batalla legal que debe decidir sobre esta tema.
A una hora en coche hacia el norte, pasa lo mismo con Martin’s Beach, donde surfistas y miembros de la comisión del litoral luchan desde hace una década por preservar el acceso público frente a las intenciones de un magnate del sector informático.
Porque desde que compró una propiedad de más de 21 hectáreas en 2008 (por 32,5 millones de dólares en ese momento), Vinod Khosla, cofundador de Sun Microsystems, busca por todos los medios impedir el paso a la playa a través de sus terrenos.
Y acaba de presentar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe decidir si es competente o no.
Ambos casos son ilustrativos de los obstáculos permanentes entre el ciudadano común y las costas californianas, cuyo libre acceso está garantizado desde 1976 por la Ley de Costas aprobada por el Estado.
“No para, es una presión constante”, lamenta Pat Veesart, que supervisa la implementación de esta ley en el norte de California. “Las personas que tienen suficiente dinero para comprarse una propiedad a orillas del mar siempre están buscando cómo aislarla todavía un poco más”.
Paraíso perdido
Toda la costa de California está implicada, también en el sur, en particular en Malibú, donde muchas celebridades tienen sus casas en la “playa de los multimillonarios” y apelan a malabares de todo tipo para complicar el acceso a la gente común.
Vigilantes privados, falsas señales de prohibición de estacionar, conos de tráfico colocados a lo largo de las vías o procedimientos judiciales interminables: según Linda Locklin, directora del programa de acceso al litoral del estado, “algunos no se detienen ante nada para evitar el paso del público”.
En su defensa, los propietarios sacan a relucir su derecho a la tranquilidad, acusando a los visitantes de dejar basura, de cometer actos vandálicos y generar distintas molestias.
“Desde que existe este camino, es como si las puertas del infierno estuvieran abiertas”, se queja el cineasta Michael Lembeck, señalando el acceso peatonal desde la carretera a la playa a un costado de su propiedad en Malibú, abierto en 2015. Antes “esto era un paraíso (…) Muchas personas se han mudado, y nosotros podríamos ser los próximos”, asegura al ser consultado por periodistas de la AFP que se cruzaron allí con él.
Para Sean Johansen, un policía de paisano que regresa de surfear con un colega en Privates Beach de Santa Cruz, el alambrado y el derecho de acceso “no son gran cosa”.
“Si hubiera un acceso abierto, eso seguramente atraería a la playa a personas poco recomendables, ‘sin techo’ y tal vez incluso personas que consumen estupefacientes”, dice.
Él, como varias otras personas entrevistadas por la AFP en la playa, piensa que quienes no quieren o no pueden pagar los 100 dólares al año simplemente tienen que irse a otra parte.
“Hay muchos otros lugares adonde ir”, agrega Jeff Lebeouf, un residente. “Siempre ha sido así, y creo que así debería seguir siendo”.
“Un poco nuestra alma”
Ni Vinod Khosla ni sus abogados pudieron ser contactados por la AFP. Pero el empresario explicó recientemente a The New York Times que sus acciones eran “por una cuestión de principios” más que por apego a su casa al sur de San Francisco.
Los defensores del derecho al libre acceso tampoco desisten, pero temen que la apelación ante el Tribunal Supremo, si es admitida, cree un desafortunado precedente.
“La playa es un poco nuestra alma. Aquí de verdad es, tradicionalmente, un lugar para encontrarse”, dice Noaki Schwartz, una californiana nativa y portavoz de la Comisión Costera.
Por ahora, Martin’s Beach sigue abierta al público. Pero los surfistas que la frecuentan saben que eso podría cambiar de la noche a la mañana si la queja avanza en los tribunales.
Con información de:“Esto permitiría a los individuos increíblemente ricos comprar los terrenos a lo largo de la costa, y poco a poco, transformar un espacio público en propiedad privada”, insiste Eric Buescher, un abogado que representa a la Surfrider Foundation, que se opone a Khosla.
“Es como si alguien comprara todos los edificios alrededor del Central Park de Nueva York, y luego declarara: ‘¡Bien, ahora Central Park me pertenece!'”
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