Manifestaciones que hasta el momento dejan 27 muertos y decenas de heridos.
El presidente Daniel Ortega enfrenta el desafío de abrir los espacios democráticos cercenados durante sus 11 años de gobierno, como le exigen las masivas protestas.
Miles de personas se concentraron en Managua y otras ciudades para exigir el fin de la represión contra las protestas iniciadas tras el anuncio de una reforma del seguro social.
Dejaron en evidencia la disconformidad acumulada en la población bajo la gestión de Ortega.
“La gente pide democracia, libertad, elecciones libres, un gobierno transparente, separación de poderes, estado de derecho, la gente quiere libertad”, declaró el excanciller nicaragüense Norman Caldera.
“Si (el gobierno) no accede va a ser difícil detener esto (protestas), aquí el pueblo demostró que es una gran mayoría” y “el aparato represivo no da para detener la magnitud de las protestas”, advirtió Caldera.
Ortega bloqueó la señal de cuatro canales independientes de televisión, aunque luego liberó a tres de ellos.
La presión obligó a Ortega también a ceder a las demandas y revocar la reforma al sistema de pensiones, pero las protestas continuaron y expusieron la disconformidad acumulada a lo largo de los años.
Los nicaragüenses muestran su hartazgo con las maniobras de Ortega para lograr su reelección en 2011 y en 2016, para concentrar el poder, controlar el Congreso, la Justicia y el tribunal electoral.
“Daniel y Somoza son la misma cosa”, se leía en una pancarta en la marcha del lunes en Managua, que congregó a estudiantes, trabajadores y empresarios, en alusión al régimen de Anastasio Somoza, cuya familia gobernó con mano de hierro los destinos de Nicaragua desde 1934 y quien fue derrocado por la revolución sandinista en 1979.
“Que se vayan Ortega y Murillo”, gritaban para reclamar la salida del presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Murillo, portavoz del gobierno, tendió un ramo de olivo a los manifestantes al declarar: “tenemos la fe de salir adelante unidos, que somos capaces de volvernos a entender como en tiempos duros y de retomar las formas de reconciliación”.
Su mensaje contrastó con declaraciones de la semana pasada, cuando calificó a los manifestantes de “vampiros reclamando sangre para nutrir su agenda política”.
El excanciller Caldera considero que el primer paso para aplacar la crisis es abrir un dialogo incluyente.
El gobierno “debe abrirse a la discusión de los más básicos valores de la democracia, la institucionalidad, el estado de derecho y los derechos humanos”, instó por su parte Serrano.
Ortega convocó el sábado al sector privado -que había sido su aliado desde 2007 hasta que se desató esta crisis- a un diálogo.
El poderoso Consejo Superior de la Empresa Privada lo condicionó al cese de la represión, la liberación de los detenidos en las protestas y la inclusión de todos los sectores de la sociedad.
“Aquí no puede haber diálogo mientras sigan apaleando y matando a nuestro jóvenes, por lo tanto no nos vamos a sentar a ningún diálogo” con el gobierno, dijo el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua.
En tanto, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, dijo que “no veo condiciones para ningún diálogo”.
llamó a “detener la represión, liberar a los jóvenes presos, restituir la transmisión del (censurado) Canal 100% Noticias y discutir la democratización del país con todos los sectores”.