En los países centroamericanos, golpeados por la violencia criminal, ingresan y circulan armas sin ningún control, y sus gobiernos no logran evitar que los artefactos decomisados vuelvan a manos de los delincuentes, según un estudio regional.
“Es un hecho que la circulación de armas de fuego es libre en toda el área, con legislaciones muy permisivas en su mayoría”, consigna la investigación facilitada el sábado a la AFP en San Salvador por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una de las ONG que participó en el estudio apoyado por la ONU.
El informe “Destrucción de Armas en Centroamérica y el Caribe” fue elaborado por la Red Centroamericana para la Construcción de la Paz y el Desarrollo Humano, y fue presentado esta semana en Nueva York durante una reunión de la ONU para revisar un programa contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.
La existencia de miles de armas legales e ilegales contribuyen a la “gran cantidad” de delitos contra la vida, sobre todo en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) que reflejan altas tasas de homicidios: 13.129 muertes al cierre de 2017.
En El Salvador, en los últimos cinco años, se registraron 24.569 homicidios, de los cuales el 80% fue cometido con un arma de fuego. La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre 15 a 29 años, reseña el estudio, citando cifras oficiales.
Dina Martínez, investigadora de Fespad, declaró a la AFP que la importancia de la custodia de los artefactos decomisadas es “evitar la sustracción de armas y que se trasladen al mercado ilegal”.
En El Salvador se recuerda el robo de cuatro ametralladoras M-60 de una bodega del cuartel de Caballería, las cuales fueron a parar a las pandillas a mediados de 2014. Las ametralladoras fueron recuperadas por la Policía en 2015.
Las cantidades de armas incautadas varían de acuerdo a la situación delictual de cada país: Guatemala y El Salvador suman 62% de las incautaciones en la región.
Ente 2011 y 2016, Guatemala decomisó 27.000 armas, El Salvador 22.000, Honduras 13.000 y Costa Rica 5.221.
En la región circulan de forma legal alrededor de dos millones de armas, según el estudio.
El documento destaca que fiscalías y autoridades judiciales han tenido una “falta de atención” a la presencia de las armas, debido a que los jueces focalizan su atención en los procesados y no en los objetos que acompañan el delito.
En algunos casos las autoridades sí deciden decomisar las armas usadas en el crimen, pero las legislaciones no son claras con relación con su destrucción. “Por una parte se decretan los decomisos, pero no su posterior destrucción”, señala el estudio.
Solo una parte de las armas decomisadas fueron destruidas. Entre 2011 y 2016, Guatemala reportó que fueron inutilizadas 15.972 armas, El Salvador 50.458, Honduras 7.000 y Costa Rica 49.226.
Para Carlos Carcach, criminólogo y profesor universitario salvadoreño, las autoridades deben tomar medidas urgentes para evitar el aumento progresivo de los arsenales de armas decomisadas.
“Lo que tienen que hacer es que cada vez que incauten armas, flexibilizar los procesos penales para asegurar que un período corto las armas se destruyan”, resumió Carch.
Más allá de la destrucción de armas, el criminólogo estima conveniente “atacar el problema” de las pandillas y narcotraficantes por ser los principales “productores de violencia” en el Triángulo Norte.
Con información de: cmm/mas/rsr© Agence France-Presse