Ciudad Guatemala
La empresa brasileña Odebrecht, involucrada en varios escándalos de corrupción en América Latina, anunció este lunes que impugnará las sanciones que le impuso el gobierno mexicano en las que la inhabilitó para celebrar contratos con dependencias gubernamentales.
En respuesta, la secretaría de la Función Pública de México sostuvo que la firma sudamericana si bien expresó su intención de colaborar con el gobierno mexicano para esclarecer los hechos, nunca presentó ni precisó los requisitos legales de su cooperación y confesión de responsabilidad ni elementos de prueba para obtener el beneficio de reducción de sanciones que prevé la ley anticorrupción mexicana.
“Odebrecht México rechaza categóricamente las consideraciones e impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas sanciones”, indicó la empresa en un desplegado publicado en diarios de circulación nacional.
La compañía agregó que las sanciones “son totalmente infundadas e improcedentes”.
La semana pasada, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitó a dos unidades de Odebrecht para participar en contrataciones públicas por dos años y seis meses.
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También inhabilitó a dos funcionarios de Odebrecht: Gleiber José de Faria, director de Finanzas de la empresa, y a Luis Alberto de Meneses, titular de la compañía en México.
Este último dijo a las autoridades brasileñas que Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos y cercano al presidente Enrique Peña Nieto, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de la empresa.
Lozoya se ha declarado inocente de las acusaciones.
La empresa dijo también que las autoridades mexicanas rechazaron la solicitud de cooperación en contraste con los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Suiza.
Pero la secretaría de la Función Pública aseguró este mismo lunes en un comunicado que Odebrecht presentó un escrito “en el que manifestó su intención de colaborar”, pero que nunca presentó los “requisitos legales de su cooperación”.
Y en junio de 2017, la secretaría de la Función Pública “le notificó a la constructora que no era procedente su petición de reducción de sanciones, en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes para acreditar la infracción”.
Después la constructora interpuso un amparo que le fue negado por la justicia mexicana por las mismas razones, concluyó la secretaría de la Función Pública.
La constructora ha estado en el ojo del huracán en los últimos años acusada de haber sobornado varios gobiernos de América Latina para ganar concesiones de obras.
Con información de: © Agence France-Presse
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