El caso ocurrió en la provincia de Salta (noroeste) y salió a la luz cuando la madre de la niña la llevó a un hospital público por dolores abdominales. Cuando los médicos constataron el embarazo de 21 semanas, la niña confesó que era violada por su padrastro.
“La asesora de Incapaces y Menores, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo provincial la voluntad manifestada por la niña y su madre, en un acta rubricada, de continuar con el embarazo”, informó el gobierno de Salta.
Según datos de UNICEF cada año se producen en Argentina unos 2.700 nacimientos de “madres niñas” de entre 10 y 14 años de edad, casi un 3,6 por mil de los nacimientos en el país.
El Congreso lleva adelante desde hace un mes una serie de debates abiertos con cientos de oradores en dos sesiones semanales en las que se expresan argumentos en favor y en contra de una ley para despenalizar el aborto.
En las calles varias manifestaciones con gran poder de convocatoria se han realizado a favor y en contra de la ley, en un tema que divide aguas en la sociedad argentina.
Lo que dice la ley
La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Argentina salvo para casos de violación o en los que peligre la vida de la mujer.
En el caso de la niña salteña y por tratarse de una violación, el Estado debe proveer la asistencia médica necesaria para la interrupción del embarazo.
Sin embargo lo avanzado de la gestación y la manifestación por escrito de la niña y de su madre impidieron que accediera a un aborto legal.
Según un protocolo provincial de 2012 la solicitud de la víctima de violación debe realizarse hasta la semana 12 de gestación y debe mediar una asistencia psicológica.
“Generalmente las violaciones suceden en el seno familiar, las niñas no hablan por temor y hasta después de la semana 12 no se les nota. El plazo es inviable, es una restricción”, dijo la presidente del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Laura Postiglione, en declaraciones al diario El Tribuno de Salta.
También objetó que la decisión de la víctima sea “tutelada” por un equipo de psicólogos al considerar coartada la posibilidad de decidir libremente.
Caso aberrante
Salta es una provincia de 1,3 millones de habitantes y un profundo arraigo en las tradiciones católicas. La variedad y cantidad de iglesias, parroquias y oratorios en su pequeño territorio la distingue como “la más católica” de las provincias en el imaginario popular argentino.
Hasta 2017 la enseñanza de la religión católica era obligatoria en las escuelas provinciales, pero un fallo de la Corte Suprema lo declaró discriminatorio e inconstitucional.
El caso de la niña violada y embarazada conmovió a la sociedad salteña y tuvo gran repercusión a nivel nacional.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con aspiraciones presidenciales, anunció este jueves que la provincia resolvió abandonar el protocolo provincial y adherir a las recomendaciones elaboradas por la Nación en 2015.
En aquellas recomendaciones el Poder Ejecutivo Nacional buscó zanjar los escollos que encontraban las víctimas de violación en los hospitales públicos cuando querían acceder a un aborto legal y los casos terminaban judicializados muchas veces por médicos que alegaban objeciones de conciencia.
Urtubey manifestó por Twitter que adoptó esa decisión “frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo”.
Tras el decreto del gobernador la subsecretaria de Política de Género de Salta, Rosaura Gareca, prometió que “la niña y la madre serán informadas y escuchadas”.
“Ya no hay obstáculos para que pueda abortar”, aseguró.
