Ciudad Guatemala
La Suprema Corte de Estados Unidos dio el martes una victoria a los opositores al aborto, al decidir contra una ley de California que impone a los centros antiaborto informar a sus clientas embarazadas de la posibilidad de una interrupción del embarazo en otro lugar.
Tal ley viola la Constitución, consideró el alto tribunal en una decisión tomada por una mayoría de cinco jueces contra cuatro.
La ley californiana apuntaba a imponer restricciones a los centenares de “centros de crisis del embarazo”, administrados por cristianos y conservadores, que existen en el estado.
Con el pretexto de asesorar y asistir a las mujeres que no desean quedar embarazadas, estos centros, cuyo personal a menudo utiliza blusas blancas y en los que se puede encontrar material para ecografías obstétricas y ropa para recién nacidos, intentan sobre todo convencerlas de no abortar.
Calificados por sus críticos como “falsas clínicas”, son acusados de hacer creer a las mujeres que pueden disponer en ellos de varias opciones médicas, incluida una operación de interrupción del embarazo.
California impuso a estos organismos privados la obligación de informar a las mujeres que pueden practicarse un aborto o disponer de métodos anticonceptivos de manera gratuita o a precio reducido en otros centros, subvencionados por el Estado.
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Los militantes “Pro vida”, opuestos al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, habían denunciado en marzo pasado esta ley de 2015, de inspiración demócrata, argumentando que violaba su derecho a la libertad de expresión, garantizado por la primera enmienda de la Constitución.
La decisión del martes del máximo tribunal puede tener repercusiones fuera de las fronteras de California, mientras el país conoce un auge de las movilizaciones contra el aborto desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.
El juez conservador Clarence Thomas, que escribió el texto aprobado por la mayoría, señaló que la ley que requiere a los centros informar a las mujeres embarazadas “cómo obtener abortos subsidiados por el Estado”, al tiempo que “trata de disuadir a las mujeres de tomar esa opción (…) altera plenamente el sentido del discurso de los demandantes”.
Pero el togado liberal Stephen Breyer, que formuló la opinión disidente, argumenta que el tribunal ya ha revocado leyes estatales previamente que requieren que los médicos informen a quienes buscan un aborto sobre los servicios de adopción existentes.
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“¿Si un estado puede legalmente requerir a un médico que hable a una mujer decidida a abortar sobre los servicios de adopción, por qué no podría como aquí, requerir un consejero médico para decir a una mujer que busque tratamiento prenatal u otro método reproductivo sobre nacimiento o servicios de aborto?”, se preguntó.
Los grupos contrarios al aborto no vacilaron en celebrar la decisión del tribunal. “California ya no podrá forzar a los centros de embarazo a dar un mensaje que va totalmente contra sus creencias religiosas y su misión de salvar vidas”, dijo Mat Staver, del Liberty Council, una organización cristiana que se opone al aborto.
“La Primera Enmienda protege el derecho a hablar y el derecho a no hablar”, afirma.
El grupo NARAL, que defiende el derecho a decidir ,señala que “el daño que la administración Trump está haciendo a nuestros tribunales y a nuestros derechos perdurará durante generaciones”.
Con información de: © Agence France-Presse
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