Ciudad Guatemala
La Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por exconstituyentes que promovieron la querella que abrió el proceso de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), reconocieron que el Legislativo paga tres empleados y la renta de las oficinas para su funcionamiento, pero aseguran que la acción no responde a intereses de ese organismo.
Por Manuel Hernández, Prensa Libre.
Milton Aguirre Fajardo, exconstituyente y dirigente de la asociación, confirmó en conferencia de prensa que el Congreso paga las oficinas y personal, pero eso ha ocurrido desde el inicio de la asociación que, según él, data de 1985. Agregó que la acción planteada contra los magistrados no fue por los fondos que otorga el Congreso.
Datos obtenidos indican que el Legislativo paga Q44 mil 890.95 al mes por un auxiliar de oficina, un asistente de protocolo y una secretaria ejecutiva, más oficinas para su funcionamiento.
Se pudo confirmar que en el punto 20 del acta del 5 de diciembre del 2018, la Comisión Permanente del Congreso aprobó una transferencia de Q600 mil, monto que se iba a otorgar por medio de un convenio. La asociación dijo que el convenio no ha concretado.
Siete días después de esa transferencia, la asociación presentó la querella contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Corte se ha extralimitado
En una conferencia de prensa, la asociación se pronunció este jueves por las motivaciones que tuvo para promover la acción contra los magistrados titulares Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, y que, según su apreciación, esta magistratura ha interpretado erróneamente la Constitución.
Gabriel Larios Ochaita, exconstituyente, expresidente de la CC e integrante de dicha asociación, dijo que a su consideración esta magistratura de la CC ha interpretado erróneamente la Constitución y con eso podría estar incurriendo en prevaricato, al señalar que algunos artículos son claros y otras a interpretaciones.
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“La CC permitió con sus resoluciones que a este punto se iniciaran estas acciones. Los magistrados podían estar entrando en prevaricato si hacen interpretaciones o con intereses ya exclusivos”, refirió.
El exmagistrado manifestó que la CC ha sido siempre y así será política y jurídica en sus fallos. Desde el punto de vista jurídico, el presidente de la República está en todo su derecho de actuar en lo que se refiere a la política exterior, tomar decisiones sin que entren en mayor controversia y la CC podría interpretar y mal interpretar.
“Un buen procedimiento de la CC era decir que el presidente sí tiene ese derecho constitucional. Además, la Ley del Organismo Judicial dice la forma de interpretar la Constitución: según el espíritu de la ley, así debe ser y también según la literalidad”, explicó Larios Ochaita.
El pasado 14 de diciembre, la Asociación presentó una querella en contra Mejía, Porras y De Mata Vela. La Corte Suprema de Justicia le dio trámite al considerar que la CC sí se ha extralimitado en sus funciones, ya que la Constitución le da la potestad al Ejecutivo de dirigir la política exterior.
Según la Asociación, los magistrados constitucionales habrían incurrido cuatro delitos: prevaricato, la violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la constitución y el abuso de autoridad.
El argumento se centra, según la denuncia, en abuso de funciones al ordenar al Ejecutivo que busque una solución “amigable” con Suecia, ante el pedido de retiro del embajador Anders Kompass, por supuesta injerencia en asuntos de política interior.
Guillermo Pellecer dijo que, en su calidad de asociación de exconstituyentes, deben proteger y divulgar la Constitución. “Nosotros, al ver que un embajador -en alusión a Kompass- insultaba a todos los guatemaltecos y que el presidente -Jimmy Morales- salió a defendernos, y le dijo no grato conforme al artículo 183 de la Constitución”.
“Ante eso se presentó un amparo y la CC se prestó para actuar, y en ese sentido los magistrados constitucionales están errados. Nosotros los guatemaltecos primero queremos que se cumpla la Constitución, la que le dicta al presidente de la República como debe actuar en la política exterior y la CC, conforme a la Constitución, y lo único que deben de velar es que no sea violada”, dijo Pellecer.
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Roberto Alejos, exconstituyente y expresidente del Congreso, criticó en Twitter a los dirigente de la asociación porque asegura que no representan a los que integraron la Asamblea Nacional Constituyente y no pueden hablan en nombre de todos.
Los criticó públicamente , ellos no representan a los constituyentes y no pueden hablan en nombre de la asociación . Yo hice público lo de la pensión y por los medios los ataco permanentemente. Estrategia ,ellos tres son de la derecha recalcitrante de aquella época. Ahora. Uf https://t.co/GZUzzhaPNe
— Roberto Alejos (@RobertoAlejosC) January 10, 2019
“Ellos intentaron recibir una pensión y además son tres que pertenecen a la derecha recalcitrante de aquella época”, escribió.
“Me opongo a que actúen en nombre de los exconstituyentes o utilizando el nombre de la asociación, en especial porque su elección dejó mucho que desear. En nombre propio que hagan lo que quieran y que les pague quien les pague. Cada quien sabe cuánto vale y a quien se vende”, dijo Alejos.
Presentan amparo a favor de magistrados
Luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera vía libre a la solicitud de antejuicio contra los 3 magistrados de la CC, un abogado presentó un amparo contra quien conocería el proceso.
Una solicitud de amparo contra los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso fue presentada por Marco Vinicio Dávila ante la CC.
El solicitante señala que el antejuicio contra los magistrados es político.
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