Después de 425 días sin operar hasta el día de hoy, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron un amparo interpuesto sobre las actividades de la Mina San Rafael.
La CC resolvió el expediente 4785-2017 por el “Caso Minera” y ordenó que la filial de la canadiense Tahoe Resources continúe trabajando, con única condición que primero el Estado efectúe una consulta a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Sin embargo la resolución no especifica qué pasará si los comunitarios dicen que “no”.
Según lo indicado por Bonerge Mejía, presidente en funciones de la Corte de Constitucionalidad,“la minera podrá seguir operando si el Estado realiza una consulta comunitaria en la región, señalando que hasta que esto no ocurra sus operaciones seguirán suspendidas”.
La @CC_Guatemala resuelve que la Mina San Rafael puede seguir funcionando, con la condición de que el Estado efectúe la consulta inmediatamente. pic.twitter.com/3K4mPvGizh
— Carolina Leverón (@CLeverongt) September 4, 2018
Los magistrados de la CC no aclararon qué pasará si las comunidades le dicen “NO” a la minera en la consulta, solo dejaron en claro que una vez realizada (sin indicar cuál debe ser el resultado) la minera puede continuar con sus operaciones.
En el caso de que sea “NO” la decisión de permitir reanudar o suspender operaciones quedará en manos del MEM, afirmó el Secretario General, Martín Guzmán.
Las actividades de la minera fueron detenidas temporalmente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 5 de julio de 2017, luego de que una ONG ambientalista denunció al Estado guatemalteco por la falta de respeto a las consultas comunitarias y a la opinión del pueblo indígena xinca. Por ello ahora se ordena “que se realice una consulta inmediatamente”, sin estipular una fecha .
Luego el trámite fue elevado a la CC, máxima instancia judicial, donde se había estancado. El proyecto minero fue detenido tras cuatro años de operación en el municipio de San Rafael Las Flores, al sureste de Ciudad de Guatemala.
En marzo pasado, los magistrados de la CC pidieron informes a varias instituciones para determinar la presencia de indígenas xincas, un pueblo que convive en el país centroamericano con descendientes mayas, garífunas (afrocaribeños) y ladinos.
Cuando la mina cumplió un año de suspensión Q1 mil 887 millones había dejado de entrar a la economía el país, de estos Q407 millones se refieren a estimaciones de impuestos y regalías, indicó Andrés Dávila, gerente de comunicación de la Minera San Rafael. La firma pidió que se le permita seguir operando.