Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) declararon “no ha lugar” a cuatro solicitudes de revocación de una resolución de ese tribunal que permite el reingreso del exjuez colombiano Iván Velásquez.
Las solicitudes fueron introducidas por la presidencia, la cancillería, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional de Migración, dijo a periodistas Santiago Palomo, portavoz de la Corte.
El gobierno de Morales, un excomediante de televisión de 49 años, prohibió en septiembre pasado el reingreso a Guatemala del exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoya a la fiscalía en investigaciones de corrupción y otros casos de alto impacto.
Iván tiene amparo para regresar
Pero días después el máximo tribunal acogió el pedido de un abogado independiente y dejó sin efecto la medida, al establecer que el gobierno debía permitir el regreso de Velásquez y acatar una resolución de ese tribunal emitida hace un año que frenó el intento de Morales de expulsar al comisionado.
A pesar de la orden constitucional, Morales ha desafiado a la justicia asegurando que no permitirá el ingreso de Velásquez, quien siguió coordinando la Cicig desde Estados Unidos.
Hasta el momento el gobierno no ha reaccionado al rechazo de las cuatro solicitudes.
Además, junto con la negativa a permitir el reingreso del comisionado, Morales anunció que no pedirá a la ONU una nueva ampliación para 2019-2021 de la comisión, que funciona desde 2007 a pedido del Estado guatemalteco.
Morales acusa a Velásquez de excederse en sus funciones con la injerencia en asuntos internos del país, además de violar la presunción de inocencia de imputados en casos de corrupción, entre otros señalamientos.
El presidente sostiene que el exjuez y la Cicig son una amenaza a la paz, a pesar de que antes elogiaba el trabajo de la comisión internacional.
El cambio de opinión llegó en agosto del año pasado, después de que Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana pidieron retirar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de finanzas ilegales durante su campaña.
El gobierno guatemalteco también se ha rehusado a renovar la visa a Velásquez y a una docena de funcionarios de la Cicig.
La ofensiva contra la comisión ha provocado un revuelo social con protestas callejeras, tanto a favor como en contra del ente que en 2015 provocó un terremoto político al revelar un fraude en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa.
Ahora, Pérez, su vicepresidenta Roxana Baldetti y otros altos funcionarios de su gobierno guardan prisión preventiva mientras son procesados por ese y otros casos de corrupción.
