“Es necesario renovar esfuerzos para una reforma constitucional de la justicia que abra espacios a la independencia judicial y a la conformación de los órganos judiciales con los funcionarios más idóneos, capaces y honestos”, dijo el exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Según Velásquez, a quien se mantiene prohibido el ingreso a Guatemala desde septiembre, tal reforma ayudará a avanzar en la lucha contra la corrupción y el combate “de las estructuras que están acostumbradas a beneficiarse del Estado”.
Las declaraciones del jefe de la Cicig son parte de un mensaje difundido por video con motivo de la publicación del informe anual del ente, que ha sido clave por su apoyo a la fiscalía en el combate a la corrupción.
La orden de impedir el ingreso del colombiano al país provino del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, quien lo declaró persona non grata, luego de dos demandas de la Cicig y la fiscalía para quitarle sus fueros por supuesto financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015.
En tanto, la fiscal general, Consuelo Porras, dijo que si quiere que “los logros alcanzados (en la lucha contra la corrupción) perduren en el tiempo, es imprescindible el impulso y fomento de una cultura de legalidad, a fin de cambiar los patrones culturales en la sociedad“.
Ese proceso, dijo, “debe ir acompañado de cambios necesarios en la legislación nacional”.
A 11 años de la Cicig
La Cicig fue creada en 2006 para ayudar a erradicar las estructuras criminales enquistadas en el estado, y comenzó a funcionar en 2007.
En los 11 años de trabajo de la Cicig han sido identificadas más de 60 estructuras criminales y más de 100 casos han sido presentados a la justicia, mientras que unas 680 personas han sido procesadas y 310 condenadas, según el informe.
Sin embargo, Morales anunció en agosto que no renovará el mandato de la entidad, que concluye en septiembre de 2019.
La corte constitucional determinó que Guatemala no puede prohibir el ingreso a Velásquez, pero el gobierno libra una batalla legal para mantener la veda al ingreso del jurista.
La Cicig potenció su presencia en el país en 2015 tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa.
