Ciudad Guatemala
La agresora habría insultado a la víctima en diferentes oportunidades. Fue condenado por discriminación y deberá pagar un tratamiento psicológico.
La Fiscalía de Derechos Humanos a través de la Unidad Fiscal contra delitos de Discriminación logró una sentencia a través de criterio de oportunidad en contra de Blanca Estela Flores Pou por el delito de discriminación.
La Jueza tercera, del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz penal del municipio de Guatemala, con los indicios presentados por la fiscalía, determinó que Flores Pou debe pagar el tratamiento psicológico de la víctima –que se determinó en Q2 mil 400-, ofrecer una disculpa pública –que se realizó el 11 de febrero-; asistir a un curso relacionado al tema de racismo en la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) y hacer una donación monetaria a una fundación de su elección, que luche contra el cáncer de niños.
Antecedentes
El 26 de junio de 2013 la víctima visitó a la agresora en su residencia para contarle que su sobrino sostenía una relación sentimental con su hija. Flores Pou le insultó usando expresiones racistas y le indicó que no permitiría la relación por ser indígenas.
Como ambas familias viven en un mismo residencial de la ciudad capital, de manera inevitable se encontraban en la calle y en varias ocasiones la agresora aprovechó para insultarles e intimidarles. En una ocasión intentó agredir físicamente al menor, la víctima intervino y nuevamente recibió insultos racistas. La familia temía salir a la calle pues corrían el riesgo de ser insultados.
Para comprobar que las acciones sí se referían a racismo la fiscalía presentó un peritaje antropológico y uno lingüístico; además de un peritaje psicológico que diagnosticó a la víctima con estrés postraumático.
En la audiencia en la que se dictaminó el criterio de oportunidad, Flores Pau pagó por el tratamiento psicológico de la víctima.
Perdón público
El 11 de febrero en la sede la Procuraduría de Derechos Humanos la agresora ofreció una disculpa pública a la que asistieron como testigos la Procuradora Adjunta de la PDH; representantes del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununija´, integrantes de la Corte de Constitucionalidad, de la Procuraduría General de la Nación y de la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Unidad Fiscal contra Delitos de Discriminación, ambas del Ministerio Público.
Se programó para septiembre de 2019 una audiencia en la que la agresora deberá demostrar que ya cumplió con los otros criterios de oportunidad dictados. Además deberá observar un comportamiento sin infringir la ley y el respeto al aspecto pluriétnico y multicultural de país.
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