El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para solicitar una medida de debida ejecución al amparo provisional otorgado por el máximo tribunal, que evitó la acción del presidente de cancelar el mandato de CICIG.
Rodas accionó contra la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y el ministro de Gobernación (Mingob), Enrique Degenhart, por no acatar la resolución del pasado 9 de enero, señalado han desobedecido de forma continuada la resolución que suspende el cese que hizo el Ejecutivo sobre convenio de creación de la Cicig.
Ante la CC, Rodas presentó una acción para que los magistrados certifiquen lo conducente emitido en dicho amparo provisional. El PDH señaló la reiterada negación de no acatar las resolución y seguir desconociendo el mandato de la Cicig.
Rodas pide la destitución contra Jovel, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde le notifica sobre el término unilateral del acuerdo de creación de Cicig, con la cual tiene un acuerdo, y estima que el ente electoral debe tomar “las medidas convenientes”, pese a que la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión del Gobierno.
Mientras que la petición en contra de Degenhart, se da por el retiro de las patrullas y agentes de la PNC de la sede de la Comisión Internacional en la zona 14.
Además Rodas solicitó la destitución del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Tohom Escobar y de cualquier otro empleado o funcionario que desobedezca, retarde o se oponga a la resolución emitida por la CC sobre no finalizar el mandato de la Cicig.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, revirtió la decisión del mandatario al aceptar ocho acciones promovidas por personas e instituciones y ordenó que el ente debería seguir en el país, esto ocurrió el pasado 9 de enero.
Además, el 21 de diciembre de 2018 los magistrados de la CC también dieron un amparo al Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas y ordenó a Mingob, Cancillería y al propio presidente Jimmy Morales que se abstuvieran de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y tránsito de los funcionarios de la Comisión, algo que a la fecha no se ha acatado.
La pugna de Morales con la Cicig arreció en agosto de 2017 cuando, junto a la fiscalía, la misión pidió investigar al mandatario por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.
En agosto del año pasado, el presidente prohibió el retorno al país del jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, y dio marcha atrás a una promesa campaña de que pediría una nueva ampliación del mandato de la misión para 2019-2021.
La Cicig funciona por ahora diezmada, después que la mayoría de su personal salió del país al activarse el protocolo de seguridad ante las acciones del gobierno.
La canciller Sandra Jovel habló ante Noticiero Guatevisión sobre la resolución de Corte de Constitucionalidad (CC) luego que ordenaran la continuidad de CICIG en el país. Primero señaló que respetaban lo decretado por la CC y luego señaló que ONU no era quién para determinar si aceptaba o no lo ordenado por el mandatario Jimmy Morales.
#crisiscicig La canciller Sandra Jovel habló con @Guatevision_tv y señaló que tras darle fin al mandato de @CICIGgt la @ONU_es aceptó lo resuelto, aunque esto es algo que hasta la fecha, ONU no ha hecho, al contrario se ha opuesto a la decisión del presidente @jimmymoralesgt. pic.twitter.com/QD3hxrzTIc
— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 23, 2019