Ciudad Guatemala
Un amparo admitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordena al Ministerio Público a que abra una investigación que permita determinar si el magistrado de conciencia incurrió en algún delito.
La acción de amparo fue promovida por el presidente de la CSJ José Antonio Pineda Barales y conocida por los magistrados suplentes de la Corte, luego que el resto de los magistrados titulares se inhibieran de conocer la acción judicial.
El amparo surge de la condena moral que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), por el supuesto abuso de la prisión provisional en contra del exfiscal Rony López y Mynor Macario Rojas, vinculados al caso Manipulación de Justicia.
“Se está violando el derecho a la dignidad, el debido proceso y a la libertad”, dijo la PDH a través de una sentencia firmada por el procurador, Jordán Rodas. La acción de amparo implica al procurador y a la procuradora adjunta, Miriam Roquel.
El amparo busca que la PDH cese la intromisión en procesos judiciales pendientes de resolver, ya que con ello está vulnerando la independencia judicial.
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#AHORA | Magistrados suplentes de la CSJ otorgan amparo en definitiva a presidente del OJ y suspende condena moral emitida en favor de exfiscal López. Además certifica lo conducente al @MPguatemala para determinar si @JordanRodas habría cometido algún delito. | Vía @mhernandez_pl pic.twitter.com/xuxbdXxCWt
— Prensa Libre (@prensa_libre) July 31, 2018
PDH interviene
El 24 de mayo la PDH denunció a través de una resolución que se violaba “la dignidad, el debido proceso y la libertad” del exfiscal Ronny López y Mynor Macario Rojas, detenidos el 17 de febrero y hasta esa fecha no habían sido escuchados en una audiencia de primera declaración.
La procuradora adjunta, Miriam Roquel, firmó la resolución y admitió que los detenidos solo fueron informados de los delitos, pero no habían sido presentados ante el juez para su primera declaración.
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La PDH señaló que el Estado de Guatemala debe ser el responsable de los abusos contra López y Rojas, por la inacción de la jueza A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, así como el juez de primera instancia penal, Juan José Lemus Chacón por el uso excesivo de la prisión provisional de los afectados.
Golpe político
Carmen Aida Ibarra, directora del movimiento ProJusticia, afirma que esta resolución se trata más de un golpe político que de uno judicial, pues las resoluciones del PDH son morales; además, señala, la Ley del PDH es de rango constitucional y le faculta a hacer incursiones en oficinas públicas sin previo aviso.
“Esto es prácticamente una declaración de guerra, muchos lo han intentado desde el Congreso y ahora desde la CSJ, se trata de una confrontación de orden político”, señala Ibarra.
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La activista considera que en el caso por el que se pide investigar al PDH, “él ha considerado que hay violación a los derechos humanos, que ha retrasado diligencias en algunos casos judiciales y actúa en el ámbito de su competencia como lo han hecho otros procuradores”.
En este caso, según Ibarra, el MP tiene que analizar la situación, “hay fiscales competentes que van a ver el despropósito de esta acción de la CSJ”, indica. Además, hace referencia a que la fiscal general, Consuelo Porras, tiene conocimiento en temas constitucionales y puede determinar la forma en que encuadra la figura del PDH en la Constitución.
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Por su parte, el diputado Fernando Linares Beltranena, señala que al Congreso le corresponde, cuando sea el caso pertinente, analizar el retiro del derecho de antejuicio del PDH, para lo cual debe conformarse una comisión pesquisidora.
“Presuntamente es un delito, porque –el procurador-, intervino en la independencia del Organismo Judicial, ya que toca conocer la denuncia primero hay que escucharlo y luego emitir la decisión, “hay que determinar si es político, legítimo o espurio según la Constitución”, señala Linares Beltranena.
El congresista también indicó que en este caso la CSJ traslada al Congreso la decisión del antejuicio porque no puede ser juez y parte, pero debería hacerlo con todos los casos que señala la Constitución, “la corte ha usurpado funciones de diputados al conocer todas las denuncias presentadas durante los últimos años”, indica.
Postura
El procurador Jordán Rodas se pronunció sobre el amparo.
“Hoy la justicia, como toda la administración del Estado de Guatemala, debe responder a los nuevos tiempos de una democracia plena, en el que ningún funcionario, ni siquiera el presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, es superior a la ley. Esto implica el sometimiento a las garantías y plazos que la propia Constitución establece”.
“A diferencia del Organismo Judicial, la fiscal General sí tomó en cuenta las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y de forma inmediata giró instrucciones a su personal, para que en su actuar se viera reflejado el respeto de los plazos y garantías constitucionales”.
“Como magistrado de conciencia no puedo ser un espectador silencioso ante vulneración del debido proceso. No en uno sino en múltiples casos en los que la prisión provisional ha sido usada en desmedro de la dignidad y de los derechos humanos de muchos procesados. Por todo lo anterior, se presentará el recurso de apelación ante la honorable Corte de Constitucionalidad para que resuelva conforme a derecho”.
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