El mandatario afirmó que los documentos no fueron renovados y otros fueron revocados atendiendo criterios de seguridad, lo que hizo que se promovieran cuatro acciones para facilitar el visado de los extranjeros que trabajan en la comisión.
Cuatro amparos se interpusieron el jueves, en contra del presidente Jimmy Morales, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y el director del protocolo de la Cancillería, debido a que no se renovaron las visas de cortesía a especialistas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Además, seis excancilleres emitieron un comunicado en el que afirman sentir “decepción y rechazo” debido a la decisión de no entregar los documentos a los especialistas extranjeros.
El primer amparo fue presentado por el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, en la Corte de Constitucionalidad (CC), y es en contra del presidente, de la ministra y del director de Protocolo de la cartera.
En la solicitud, el PDH indica que existe una amenaza “inminente, futura y cierta” de que se denieguen más visas al personal de la Cicig.
Otro amparo fue solicitado por el Frente Parlamentario contra la Corrupción y presentado ante la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, en contra del Director de Protocolo de la Cancillería.
Según los parlamentarios que integran el frente, los funcionarios a quienes se les denegó la visa se encuentran investigando casos de alto impacto, como La Línea, Cooptación del Estado y otros que se investigan y que involucran al mandatario y sus familiares.
El abogado Alfonso Carrillo también presentó un amparo en la CC para que se suspendan las órdenes de las notas diplomáticas que fueron emitidas el 11 de octubre y donde se notifica que se deniegan y se revocan las 11 visas de cortesía a los funcionarios de la Cicig.
Esta acción también es en contra del presidente, la canciller y el director de Protocolo.
Un cuarto amparo fue presentado por la Fundación Myrna Mack, también para facilitar el visado de cortesía para los trabajadores de la Cicig.
Todas las acciones fueron admitidas en la CC, quien otorgó 48 horas a los funcionarios para que presenten sus descargos.
En un comunicado conjunto, seis excancilleres mostraron su rechazo a la decisión del gobierno de no otorgar las vías de cortesía a los expertos de la Cicig.
La nota, firmada por los exministros Edgar Gutiérrez, Eduardo Stein, Alfonso Carrillo, Fernando Carrera, Alfonso Cabrera, Ariel Rivera Irías y Francisco Villagrán de León, indica que la decisión se interpreta como “un acto de obstrucción de la justicia”, con el objetivo de obstaculizar el trabajo de la comisión y beneficiar a los sindicados en los casos de corrupción.
Los exfuncionarios solicitaron al gobierno que sea respetuoso de lo establecido en el acuerdo de creación de la Cicig, de los principios y normas que establece la Constitución y de los convenios internacionales.
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También dijeron que es necesario que se den todas las facilidades para que la Cicig continúe con el desempeño de sus funciones hasta que finalice el mandato, lo que ocurrirá en septiembre del próximo año.
Pese a que el presidente indicó el miércoles que las investigaciones de la Cicig no serían afectadas por no renovar las visas a sus investigadores, la fiscal general, Consuelo Porras, pidió públicamente que se dé marcha atrás con la decisión de no renovar y revocar los documentos.
Según Porras, es necesario que los expertos extranjeros estén presentes en la comisión para continuar con las investigaciones de varios casos.
En total, fueron ocho los documentos que se denegaron y tres los que fueron revocados por la Cancillería.