Ciudad Guatemala
El diputado Estuardo Galdámez hizo modificaciones a una propuesta que presentó el pasado 30 de octubre, mediante la cual se buscaba penalizar las críticas a políticos con la creación del delito de acoso político.
Ahora la iniciativa también busca sancionar las opiniones de personas que de forma injuriosa critiquen a otras y destruyan su credibilidad en las redes sociales.
De aprobarse, los usuarios de redes sociales que se identifiquen con una máscara, un nombre ficticio o apodo serán perseguidos por el Ministerio Público, si “atentan contra la honorabilidad de las personas”.
También podrán sancionar a las personas con capacidad de contratar a otras para que ataquen a las personas de forma sistemática en plataformas digitales.
“Son acciones donde se difama, se calumnia, se desacredita ante su familia y la sociedad. Actos que incluso podrían hacer que la persona quiebre de forma económica y en su honorabilidad, y la pregunta es: ¿Quién castiga eso?”, expuso el diputado oficialista.
Galdámez asegura que su intención no es ser intolerante a la crítica, pero no está de acuerdo en que “los guatemaltecos entren en una discordia y en una posición encontrada a través de mentiras, injuria y sin bases para hacerlo”.
Nuevos delitos
La propuesta original pretende reformar el Código Penal para que se creen nuevos delitos que permitirán ejercer control en las redes sociales, esta fue apoyada por las diputadas Eva Monte, Delia Bac, Karla Martínez y Dolores Beltrán.
Uno de estos delitos es el de acoso político, contra aquellos que realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital
También se crea el delito de violencia política, este establece que quien realicen una agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra los postulantes o personas electas de la función política, durante o después del proceso electoral, con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o función, será sancionado con prisión de dos a cinco años.
Diversos sectores sociales han manifestado su repudio a esta iniciativa, por considerar que viola el derecho a la libre expresión.
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