Ciudad Guatemala
Diputados proponen prisión a quienes presionen, hostiguen o persigan a funcionarios, políticos, candidatos durante o después de las elecciones.
Los diputados Eva Monte, Delia Bac, Estuardo Galdámez, Karla Martínez y Dolores Beltrán presentaron una iniciativa de ley para reformar el artículo 407 del Código Penal.
Los congresistas proponen agregar los literales P y Q para crear dos tipos penales nuevos previo a las elecciones generales. El primer artículo llamado “acoso político” propone prisión de 2 a 3 años contra quien presione, hostigue o persiga a candidatos, funcionarios o políticos.
Quien realice cualquiera de estas acciones por cualquier medio de difusión (medios de comunicación, redes sociales) iría a prisión, además quedaría inhabilitado para ejercer cargo público.
Esta es la iniciativa que penalizaria el acoso político. pic.twitter.com/uT4OQo9pf8
— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 30, 2018
“Los políticos tienen derecho a defenderse”, dice diputada
Eva Monte de la bancada Alianza Ciudadana, aseguró que los políticos tienen derecho a defenderse. Dijo que la iniciativa no violaba la libertad de expresión aunque dijo que cualquier persona que realice una crítica debe ser sancionada sino presenta pruebas de lo que dice o escribe.
“Cuando vienen y nos dicen que estuvimos metidos en procesos de corrupción y todo, mientras no esté comprobado o no esté denunciado, cómo pueden probarlo, eso ya entra dentro de una sanción y es una forma de coacción en contra de la persona que es candidata”, detalló la congresista.
Con la iniciativa se sancionaría con prisión a cualquier persona que "critique" a políticos y candidatos. pic.twitter.com/bMl2f1oXSF
— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 30, 2018
Violencia Política
La iniciativa también crea el inciso “Q” y establece que quien o quienes realicen actos de agresión física y/o psicológica o cualquier tipo de coacción contra personas, postulantes electas, designadas o en el ejercicio de la unción política, durante o después del proceso electoral será sancionado con prisión de 2 a 5 años.
Incluye un agravante para los empleados o representantes legales de una empresa de una multa de 5 a 20 mil quetzales.
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