Ciudad Guatemala
El Gobierno mintió sobre el despliegue de vehículos militares J-8 en los alrededores de la Cicig el pasado 31 de agosto, el mismo día en el que el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría su mandato.
Por Plaza Pública
Documentos en poder de Plaza Pública demuestran que hubo una orden de patrullar los alrededores de la comisión y las embajadas de Estados Unidos y México, así como las sedes de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Los J-8 que el pasado 31 de agosto se desplegaron en zonas del centro y sur de la capital, tenían orden directa de patrullar la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y las embajadas de Estados Unidos y México, así como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. Plaza Pública ha tenido acceso a documentos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación que desmienten las declaraciones públicas de diversos miembros del Gobierno y del propio Jimmy Morales, que siempre afirmaron que su paso ante las oficinas del organismo internacional y las legaciones norteamericanas fueron casuales, ya que se trataba de un operativo de seguridad.
Ese mismo día, rodeado de la cúpula policial y militar, el presidente anunció que no renovará el mandato de la Cicig por un nuevo período, por lo que dejará de operar el 3 de septiembre de 2019. Fue la jornada en la que se abrió la crisis política más grave de la administración de Morales, y en la que, según diversas fuentes políticas y diplomáticas, el Gobierno pretendía expulsar por la fuerza al comisionado Iván Velásquez.
Según la información de la que dispone Plaza Pública, 15 vehículos artillados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Xinca y la Fuerza de Tarea Chortí se desplegaron en varias zonas de la capital. Se trata de jeeps con ametralladoras acopladas, donados por el gobierno de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en zonas fronterizas. Desde 2013, Washington ha entregado un total de 148 vehículos para combatir la delincuencia. Quién iba a decir que algunas de sus donaciones serían utilizadas para realizar patrullajes frente a su propia embajada.
Papeleta de control interno de la policía, donde consta la orden de patrullar. /
El acuerdo gubernativo 141-2014, que regula la creación de la Fuerza Chortí, señala que, aunque el destacamento puede actuar en toda la república guatemalteca, su principal radio de acción son los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Petén y Alta Verapaz. Un antiguo funcionario explicó a Plaza Pública que el acuerdo con Estados Unidos para la cesión de estos jeeps sí incluye la posibilidad de que operen otras áreas del país, pero solo en casos excepcionales.
Despliegue entre las 9:40 y las 15:40
Los detalles del despliegue del 31 de agosto vienen registrados en la papeleta de control interno de la Policía Nacional Civil número 459. Se trata de un documento que todas las patrullas deben rellenar cuando se les asigna alguna misión. Incluye datos como la estación a la que pertenece, los vehículos que utiliza, el servicio a realizar, el horario o el informe final, es decir, si se cumplió el objetivo sin novedades o se produjeron incidencias.
En este caso, el servicio a realizar fue: “apoyar en operativos para prevenir, combatir, desarticular y erradicar acciones criminales en el departamento de Guatemala a partir del 31/08/2018 al 02/09/2018”. Esta orden viene mecanografiada.
Lo reseñable de ese informe es que incluye una variación escrita a mano: patrullar los alrededores de la Cicig y las embajadas de Estados Unidos y México. La orden la firma el comisario Darío Gaspar de León, jefe de la División de Operaciones Conjuntas de la policía, y en ella se especifica que debe patrullarse los alrededores de la Cicig y las embajadas estadounidense y mexicana “hasta nueva orden”. Este patrullaje, recoge la papeleta, se realizó entre las 9:30 y las 15:40 horas. Lo que no explica es por qué precisamente ese día y a esas horas concretas tuvieron que hacer ese recorrido preciso.
A las 10:00 horas del 31 de agosto estaba convocada una conferencia de prensa en el palacio presidencial. Inició con dos horas y media de retraso. Fue el momento en el que, rodeado de policías y militares, Jimmy Morales anunció su decisión de no prolongar el mandato de la Cicig. Desde el momento del anuncio, partidarios y detractores de la agencia que dirige Iván Velásquez se concentraron en el exterior de la sede, en la zona 14. El número de manifestantes, de uno y otro signo, no llegó nunca a superar el centenar de personas. Para ese momento ya se había extendido el rumor de que la voluntad del Gobierno era rodear la sede de la agencia anticorrupción y sacar por la fuerza al comisionado, algo que nunca llegó a producirse.
Desde entonces, las explicaciones del Ejecutivo sobre este despliegue han variado. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, afirmó que se trataba de un “patrullaje normal”.
El viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, reiteró la idea de normalidad, dijo que no se detuvieron ante la Cicig, sino que transitaron por esa calle más lento debido al tránsito, y habló de posibles enfrentamientos entre pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Rivera compareció en el Congreso el 6 de septiembre, una semana después del operativo, para explicar el despliegue de artillados.
Por último, el presidente Jimmy Morales contradijo a las autoridades de Gobernación. En una entrevista en Radio Sonora afirmó que el despliegue obedecía a razones de orden público. “Los J-8 los utiliza el Ministerio de Gobernación, y se utilizan para patrullajes. Esto fue un sistema de emergencia y de protección previendo que pudiera haber algunos incidentes como han acostumbrado algunas personas de hacer algunas marchas violentas”, dijo.
“Pero pasaron dos veces frente a la Cicig”, le interrogó Arnulfo Guzmán, encargado de la entrevista.
Un militares apunta la metralleta automática que forma parte del artillado J-8 al patrullar en las cercanías de la Cicig. /
“Porque podría ser ahí uno de los lugares donde se pudiera dar una situación que debía ser prevista. Porque cuando ya se dan los eventos… ya para qué. A esto se le llaman actividades disuasivas para que la gente sepa que está siendo protegido el sector”, explicó Morales.
Y agregó: “se dice que andaban con unas ametralladoras de alto impacto y no es cierto. No están ni capacitados para poder tener armas de tal calibre. Estaban tal cual se usan normalmente los J-8”.
Ahora se sabe que ninguno de ellos dijo toda la verdad. Aunque es posible que el presidente fuese quien más se acercara a explicar lo que ocurrió: que el Ejecutivo, en mitad de su declaración de guerra a la Cicig, empleó los carros artillados y armados con metralletas automáticas para patrullar puntos estratégicos y amedrentar a la población en caso de que se preparasen protestas.
Plaza Pública trató de ponerse en contacto con las autoridades responsables para recoger su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta. Ni los viceministros Kamilo Rivera y José Alfredo Olazábal, ni el vocero Gobernación, Fernando Lucero, ni el de la policía, Pablo Castillo, respondieron las llamadas y mensajes.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Derechos Humanos. Plaza Pública se puso en contacto con su responsable, Hilda Pineda, quien declinó hacer declaraciones por tratarse de una investigación en reserva.
Así fue la cadena de mando
El Gobierno viene utilizando los jeeps artillados en tareas de seguridad en la capital desde abril, un mes después de que se pusiese fin al patrullaje conjunto entre policía y Ejército. Sin embargo, esta ha sido la única ocasión en la que los vehículos militares se han desplazado a las inmediaciones de la Cicig, las embajadas y los edificios del sistema de justicia.
De hecho, durante todo agosto estos carros tomaron parte en un operativo denominado “Génesis II” de patrullaje en toda la capital. Esta misión se alargó entre el 1 y el 31 de ese mes. Ese mismo día se añadió una nueva orden: los patrullajes en la capital para todo el fin de semana, entre el viernes 31 y el domingo 2 de septiembre.
El personal desplazado desde Zacapa se alojó en la Primera Brigada Militar Mariscal Zavala. Se trata del mismo complejo donde se encuentra la prisión en la que está encarcelado el ex presidente Otto Pérez Molina y otros muchos investigados en trabajos conjuntos entre la Cicig y el Ministerio Público.
Según información a la que ha tenido acceso Plaza Pública, la orden de formar los equipos la realiza el quinto viceministro de Gobernación, José Alfredo Olazábal Mendizábal, a través del coronel Héctor Mejía Secaida, quien funge como asesor de la Unidad Especial Antinarcóticos dentro de la Oficina de Coordinación de las Fuerzas de Tarea Institucionales.
A través de Whatsapp llegó la orden hasta el oficial segundo Eleazar Archila Morales, jefe interino de la Fuerza Interinstitucional Chortí. Este a su vez ordena al subinspector Edgar Leonel Estrada Bonilla que se dirija al campo de maniobras de la Escuela de Formación Para Oficiales de Policía con 35 agentes de la policía, un subteniente y 28 soldados del Ejército. Con ellos, los 14 jeeps J8 que al día siguiente realizarían los patrullajes.
Según documentación oficial, el comisario Gaspar De León, de la División de Operaciones Conjuntas, hizo acto de presencia en la escuela de formación policial y ordenó que se hicieran dos grupos. El primero, para cubrir recorridos en las embajadas de México y Estados Unidos, y en la sede de la Cicig. Se trata de los patrullajes que aparecen reflejados en la papeleta 459.
El más reducido, con cinco jeeps y una unidad policial, en la zona 1, realizó una caravana de patrullajes de circuito cerrado en los alrededores de los edificios de la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia.
El diario La Hora reveló la existencia de dos planos, uno de zona 1 y otro de zona 14, que sirvieron de guía para los operativos. Según este medio, el plan se preparó la víspera y de modo “secreto”, del que no todos los mandos policiales tuvieron conocimiento.
Existe un elemento clave al analizar los patrullajes de aquel fin de semana. Los equipos de la Fuerza Chortí y la Fuerza Xinca que se desplegaron durante ese fin de semana tuvieron dos recorridos diferenciados. El viernes, una comitiva estuvo destinada a la zona de la Cicig y las embajadas, mientras que la otra estuvo destinada a los edificios judiciales.
Los días 1 y 2, que también estaban incluidos en la misión, no regresaron a esos puntos y se desplegaron en zonas rojas de la capital. En concreto, el primer equipo patrulló las colonias del Búcaro, Mezquital y Villa Lobos I y II, en zona 12. El despliegue se realizó en horarios de 7:00 a 11:00 y de 19:00 a 23:00 horas. El segundo grupo, más reducido, se dividió a su vez en dos patrullas. La primera, desplegada en El Quintanal y Martinico I y II, así como la Parroquia San Martín, de zona 6; mientras que la segunda, en el barrio San Antonio, colonia San Juan de Dios, La Reynita y Proyectos 4-4 y 4-10, mientras que el domingo, colonias El Quintanal y Martinico I y II, así como la Parroquia San Martín. Los horarios fueron entre las 7:00 y las 11:30 y entre las 16:00 y las 23:00 horas.
Es decir, que los recorridos del 31 de agosto en las zonas 14 y 1, fueron una excepción y se circunscribieron, únicamente, a los momentos anteriores y posteriores a que Jimmy Morales abrió su batalla contra la Cicig.
Informes incompletos para la Corte
Los informes a los que Plaza Pública tuvo acceso, en los que se especifican las acciones realizadas ese día, contrastan con los que el presidente Jimmy Morales, el ministro de Gobernación Enrique Degenhart y el comisario general de la policía, Erwin Rolando Tzi Juárez, entregaron a la Corte de Constitucionalidad a inicios de septiembre.
Tras el despliegue de los J-8 frente a las instalaciones de la Cicig, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó un amparo en el tribunal el 1 de septiembre. Rodas expuso en la petición que este despliegue “denota la intención evidentemente arbitraria e intimidatoria en contra de la comisión internacional”. Calificó el patrullaje como “inaudito, represivo y contrario a los principios propios del régimen democrático”, tomando en cuenta que no existía ninguna amenaza que lo justificara.
La Corte admitió a trámite al amparo y dio un plazo de 24 horas al presidente Morales, al Ministro de Gobernación y al jefe de la policía para que enviaran los informes correspondientes.
Los documentos —de 24, 106 y 170 páginas respectivamente— dan una escueta explicación de los motivos por los que los J-8 se comenzaron a utilizar puntualmente en la capital desde finales de abril de este año, pero en ningún momento mencionan la razón por la que el 31 de agosto se encontraban frente a la sede de la Cicig. El dato se omite en los tres informes.
Los documentos del ministro Degenhart y del comisario Tzi —prácticamente idénticos en su justificación— adjuntan un informe del Departamento de Operaciones de la División de Operaciones Conjuntas en el que se detallan las coordinaciones realizadas para la “implementación de operativos de alto impacto con el apoyo de vehículos J-8”.
El informe, firmado por Ángel Gabriel Quiroa de León, secretario técnico de la subdirección general de operaciones de la policía, se limita a hacer un repaso de los apoyos brindados a esa institución a través de los vehículos a partir del 23 de abril.
En tres folios se resumen los respaldos solicitados para colonias de la zona 18, para Villanueva, Escuintla y Chimaltenango. Solo en un párrafo se menciona el Plan de Operaciones Génesis II, que, según señalan, corresponde a la implementación de protección “de distintas entidades de justicia y de seguridad, que incluía juzgados de turno, Secretaría de Bienestar Social, Edificios Públicos, en el cual abarcaba a la Cicig”.
A pesar de haber sido redactado el 2 de septiembre, en ningún momento se especifica en profundidad los motivos por los que se realizó el patrullaje realizado frente a la sede de la comisión internacional el 31 de agosto.
El informe adjunta el plan de operaciones Génesis II, un documento de 20 páginas en el que se detallan los objetivos de la operación, las fases de ejecución, las misiones y las instrucciones.
En la primera parte se indica que se tiene conocimiento de amenazas de ataques ejecutados por la delincuencia común y organizada, “entre estos, las pandillas juveniles del barrio 18”. Con el plan se buscaba evitar que estas amenazas se llevaran a cabo e “incrementar los niveles de percepción de seguridad ciudadana”.
Uno de los J-8 durante un patrullaje en Villa Nueva. / Comunicación Ministerio de Gobernación
Según el documento, estos ataques serían dirigidos a comisarías, estaciones y subestaciones, patrulleros y vehículos de la policía; centros carcelarios y vehículos que trasladan a privados de libertad; centros juveniles de detención preventiva; sedes de juzgados, del Ministerio Público y fiscalías auxiliares. En ningún momento se menciona a la Cicig.
Entre los anexos al plan se incluyen las direcciones a cubrir. Aquí tampoco se establece la sede de la Cicig. Los lugares más cercanos son la 20 calle y el boulevard Los Próceres de zona 10 y la avenida Las Américas y 20 calle, en la zona 14. La comisión está ubicada en la 10 avenida y sexta calle de la zona 14.
En el informe del presidente Morales, el más escueto de los tres, el mandatario se limita a asegurar que “es normal esta clase de patrullajes cuando se emiten alertas ciudadanas” y remarca que no se realizaron allanamientos o se hizo uso de la fuerza.
Además, añade que existe una incongruencia en el amparo del Procurador de Derechos Humanos y relaciona la disconformidad de Jordán Rodas acerca del despliegue intimidatorio de los jeeps J-8 con su rechazo al retiro en julio de este año de 20 agentes de la División de Protección de Personas y Seguridad que estaban destinados al resguardo perimetral de la Cicig.
El Tío Sam pide explicaciones
A partir del despliegue de jeeps J-8, desde Estados Unidos salieron dos tipos de respuesta. Una, la del Departamento de Estado, a través de su secretario Mike Pompeo. El 1 de septiembre publicaba en Twitter: “Nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala en antinarcóticos y seguridad”.
La embajada de Estados Unidos, en cambio, emitía un breve comunicado en el que aseguraba que están “vigilando de cerca que todo el equipo donado para la aplicación de la ley en Guatemala sea usado de manera apropiada y según los acuerdos bajo los cuales fueron donados”.
Hace una semana, la congresista demócrata Norma Torres viajó desde Washington para reunirse con María Consuelo Porras, la Fiscal General. Después de la visita, Torres hizo un pronunciamiento en redes sociales. “El uso indebido intencional del equipo donado por Estados Unidos es inaceptable y podría poner en peligro la futura cooperación de seguridad”, dijo la congresista de origen guatemalteco. “Necesitamos saber quién ordenó las patrullas cerca de la Cicig y la embajada de Estados Unidos, y con qué propósito”.
Durante su visita, Torres también tuvo conversaciones con oficiales militares guatemaltecos para intentar conocer los datos que ahora son públicos. El Gobierno ha hecho todo lo posible para que estos datos no se conozcan. Por ejemplo, el viceministro de seguridad, Kamilo Rivera, negó al investigador Carlos Mendoza información sobre los meses y lugares en los que se han realizado patrullajes con J-8 a lo largo de este año. El funcionario argumentó que los planes de seguridad se encuentran en ejecución. Sin embargo, la documentación ahora publicada muestra que, por ejemplo, el operativo frente a la Cicig solo estaba previsto para tres días. Falta por conocer qué respuestas ha dado Gobernación a las interrogantes formuladas por los estadounidenses.
A las declaraciones de Norma Torres se añadió este martes una carta enviada por los congresistas Eliot L. Engel y Seth Moulton al secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, en la que le exigieron que investigue el uso de los jeeps el 31 de agosto.
Al menos nueve jeeps artillados permanecieron amenazantes durante más de cinco horas en las afueras de la Cicig, el 31 de agosto. /
En el documento, solicitan un informe público y detallado del Departamento de Estado y añaden que mientras se esté realizando, se ponga en pausa cualquier transferencia o venta de equipo militar al gobierno de Guatemala. “Utilizar vehículos adquiridos por los contribuyentes estadounidenses para intimidar a nuestro personal no puede ser tolerado”, remarcan.
Los congresistas recuerdan que los jeeps fueron donados para propósitos antinarcóticos “y normalmente están estacionados a 90 millas de Ciudad de Guatemala”. “La Embajada de Estados Unidos no fue notificada de que los jeeps J-8 serían utilizados para un uso alternativo”.
Los patrullajes con armamento de grueso calibre en centros urbanos es una política que ha sido cuestionada. Ahora, con la publicación de estos documentos, se sabe que no solo se ha empleado armamento de guerra para el orden público, sino que se hizo una exhibición de fuerza en zonas específicas el mismo día en el que el presidente Morales inició la batalla política y diplomática más extendida para deshacerse de Iván Velásquez.
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