Ciudad Guatemala
Herny López colocó un candado en la puerta de la casa que alquila y sirve como anexo de la escuela 25 de junio en Cajolá, Quetzaltenango, como medida de presión para que la Municipalidad de ese lugar le pague un año de arrendamiento.
Por Mynor Toc / Quetzaltenango
Los escolares afectados por el cierre del inmueble son al menos 75 niños y cursan párvulos, cuarto y quinto primaria. Mientas que, ninguno de los profesores de los grados afectados accedió a opinar al respecto.
El jefe edil del municipio, Juan Gómez, aceptó que la comuna debe un año de arrendamiento y señaló al propietario de la casa Henry López de haber entregado una factura de una tienda para recibir el pago por el alquiler.
Vía telefónica López explicó que arrenda su vivienda desde hace 14 años a la comuna de Cajolá y que decidió cerrar la casa para que las autoridades le paguen. Respecto a la factura dijo: “Yo no voy a presentar una factura de una tienda para cobrar (…) Tengo mis papeles, la casa presenta daños y hay que invertir para su reparación”, manifestó el afectado.
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Se le consultó al alcalde cómo pagó el arrendamiento de la vivienda en años anteriores, Gómez dijo que no hablaría de las administraciones anteriores, pero dejó entrever que en su gestión como pagó por el arrendamiento justificaron reparaciones a la casa.
Vecinos de Cajolá denunciaron que la actual administración municipal también adeuda el pago de otras viviendas donde funcionan el Centro de Salud y aulas de otras escuelas. El alcalde aceptó que se han atrasado por diferentes situaciones que no explicó. “Cada mes pagamos en arrendamiento de casas unos Q5 mil”, señaló Gómez.
En un terreno de la escuela 25 de junio la comuna edifica tres aulas para trasladar a los estudiantes de la casa que arrenda. Según el jefe edil, la obra tendrá un costo de Q850 mil y la edificación quedará prevista para un segundo nivel.
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La delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Quetzaltenango, Flor Gómez, se mostró preocupada que un problema entre una comuna y una persona particular afecte los derechos de niños. “Aquí debe prevalecer un interés superior y vemos que se están vulnerando derechos”.
En San Miguel Siguilá se buscó contactar a Mario Pérez supervisor de educación de esa esa región, pero se informó que estaba reunido con los profesores del área en una aldea que comunica con Sibilia.
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