Ciudad Guatemala
“Me arrepiento de haberlo apoyado”, asegura el doctor en filosofía Marco Vinicio Mejía Dávila, quien le dio clases a Jimmy Morales.
Mejía también fue el tutor de tesis del mandatario y coautor del plan de Gobierno. Señala que está en contra de las “arbitrariedades” que Morales está cometiendo: ” Si fuera ahorita mi alumno lo reprobaría en derecho constitucional que fue precisamente la asignatura que le di”.
“Yo no solo fui profesor de Jimmy Morales, fui de Sandra Jovel, de Carlos Raúl Morales, de Mario Andrés García; entonces para mi es sumamente simbólico venir, yo podría estar cómodamente en un puesto de Gobierno, pero me empecé a dar cuenta que él fue cooptado… Yo no creo que él sea un hombre de buena fe, al principio si lo pensé, pero no tenía plan de Gobierno, cuando en las encuestas empezó a subir en un día hicimos el plan”.
En el amparo que interpuso esta mañana ante la Corte de Constitucionalidad impugna la disposición de Morales de retirar a Guatemala del Acuerdo de Creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por considerar que vulnera el principio de legalidad.
“La disposición obstaculiza la lucha contra la impunidad y la corrupción. Se alteró el Estado de Derecho y el orden constitucional”, resaltó.
Otro de los amparos lo interpusieron Carlos Maldonado, Aníbal García y Carlos Bezares.
El acuerdo que da fin al acuerdo de creación de Cicig “es violatorio de las normas internacionales de derecho público, no se respetó el procedimiento de denuncia de tratados… Esto irrespeta el artículo 149 constitucional y el procedimiento que debería tener la política exterior guatemalteca”, indicaron.
Pidieron al máximo tribunal que convoque a un pleno de urgencia para resolver los amparos antes de las 15 horas, cuando vence el pazo que dio el Gobierno a la ONU para dar por concluido el acuerdo.
Más de 15 organizaciones presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del presidente Morales y los ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores.
Anoche se presentaron otras tres acciones legales en contra del mandatario, la ministra de Relaciones Exteriores y el Congreso, por parte del abogado Alfonso Carrillo; el representante de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, y la representante de la PDH, Miriam Catarina Roquel Chávez.
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