Ciudad Guatemala
La fiscal María Consuelo Porras tenía conocimiento de la investigación contra dirigentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) desde el 11 de octubre de 2018, confirma Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
El caso le fue presentado a Porras durante una reunión con el equipo de la Comision Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y al verificar la información que se estaba trasladando sugirió que faltaba información para completar.
“Para la fecha 19 de octubre ya estaba preparada la información que fue requerida y era normal de que la señora fiscal tratara de imponer qué actuaciones existían y, en ese sentido, es parte de lo que se ha denominado una demora”, explicó.
“En el mes de diciembre y enero nuevamente acudimos con el fiscal del caso con el propósito de que se nos indicara una fecha o un momento para proceder y la instrucción -de Porras- fue proceder el 5 de febrero de 2019”, agrega.
Confirma que la fiscalía a su cargo no contempló que para la fecha agendada ya iba a existir inmunidad para algunos de los señalados.
“Nosotros tratamos de cumplir con nuestra función de persecución penal y en el caso de que exista un obstáculo pues hacer la tramitación que corresponda lo que aconteció en este caso”.
La investigación
La UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Los fondos provenían de la entidad INGENIERIA INTEGRAL, S.A, que trasladó Q3 millones 458 mil 407.84 a las cuentas dichas empresas, los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al candidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
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Con información de: Irving Escobar
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