Ciudad Guatemala
El Ministerio de Gobernación anunció que el prófugo Kamilo Rivera fue removido del cargo de Primer Viceministro de Seguridad, luego de que este presentó su carta de renuncia el mismo día que se solicitó su orden de captura.
Kamilo Rivera presentó el miércoles último su carta de renuncia, aduciendo asuntos personales, pero la misma no fue aceptada por el Ejecutivo, por lo que que ordenó su destitución quien fue nombrado el pasado 26 de enero.
Rivera solicitó su renuncia el mismo día que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), solicitó su orden de captura por un caso de ejecución extrajudicial en el caso denominado Plan Gavilán.
Rivera está sindicado junto Carlos Vielmann, Stu Velasco, Erwin Sperisen y otras 4 personas por un nuevo caso de ejecuciones extrajudiciales y tortura contra varios reos durante el gobierno de Óscar Berger.
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El Ministerio de Gobernación informa: pic.twitter.com/0qrEEaWSOE
— MinGob (@mingobguate) November 2, 2018
A la fuga
El viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera tiene una solicitud de captura sindicado del delito de ejecución extrajudicial desde el pasado lunes 29 de octubre, pero desde ese día nadie sabe nada de él y que pese a tener custodia policial salió desde las 4 de la mañana de su vivienda, dos horas de los allanamientos y ejecutar la orden de captura en su contra.
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Rivera ya tiene alerta roja ante la Interpol, mientras se le ha dictado arraigo en el país.
Información a su alcance
El exministro de Gobernación Carlos Menocal, indicó a Prensa Libre que lo más grave en el caso del viceministro es que tuvo acceso a información privilegiada por el puesto en que se desempeña, y que eso habría servido para procurar su escape.
“Esa procuración es gravísima para un viceministro, y en particular para él. No es cualquier viceministro el que se fugó, es el encargado de la seguridad, bajo su mando está la policía”, indicó Menocal.
El exfuncionario resaltó que, independientemente de la presunción de inocencia, Rivera, al igual que cualquier guatemalteco que tiene orden de captura debe acatar la disposición judicial. Además, señala que los agentes de PNC que le brindaban seguridad debieron ejecutar esa orden.
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