Luego de conocerse que Gestión Penal trasladó un antejuicio presentado por Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra el presidente Jimmy Morales, él se pronunció por medio de un comunicado.
Aunque no se ha revelado aún el tema, se ha señalado que podría tratarse de una investigación que reveló la exfiscal Thelma Aldana sobre la segunda fase de financiamiento ilícito a FCN-Nación, donde Morales habría ocultado aportes económicos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Morales por medio de un comunicado se pronunció señalando que es “respetuosos del Estado de Derecho y deja en manos de las instituciones consagradas en la Constitución de la República la solución de a esta nueva causa promovida en su contra”.
El pasado 19 de abril el MP y CICIG presentaron la segunda fase de investigación de FCN-Nación, partido que llevó al poder a Jimmy Morales, donde varios empresario dieron cuenta que el mandatario recibió Q8 millones. Morales habría ocultado estos aportes al Tribunal Supremo Electoral.
Morales promocionó su candidatura presidencial como la más barata de la historia, según él solo gastó Q113 mil, eso fue lo que reportó, pero la realidad es otra según los empresarios que confesaron el delito electoral y que ofrecieron documentos de respaldo para evidenciar los pagos ilegales.
Utilizaron diversos mecanismos para ocultar al menos Q8 millones al TSE. #FCN dijo que su campaña solo costó Q113 mil, pero no se cree que recibieron al menos Q15 millones de #FinanciamientoElectoralIlícito dice jefe de @CICIGgt
— Ideas Colochas (@MelenaCreativa) April 19, 2018
El año pasado se presentó la primera investigación sobre financiamiento anómalo para FCN, entonces, se reportó que la agrupación política recibió Q2.3 millones sin reportar al TSE. Finalmente, debió ceder sus finanzas -las que Jimmy Morales ocultó como secretario general del partido- y se comprobó que había recibido más de Q5 millones.
Ahora se reportaron otros Q8 millones que recibieron bajo la mesa, burlando los controles legales. En total, más de Q15 millones.
El año pasado también se requirió que el presidente fuera despojado de su inmunidad para enfrentar una investigación, sin embargo, los diputados lo blindaron y no aprobaron el antejuicio pese a la recomendación de la comisión pesquisidora, al contrario, lo enviaron a dirección legislativa donde permanece bajo resguardo, es decir, sin actividad.